Sobre el papel, ayer se descolgaron del acuerdo las comunidades de Cataluña, Andalucía, País Vasco y Canarias. Pero solo sobre el papel, porque si no aplican las medidas que les ha propuesto el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit, el Gobierno les aplicará la ley de Estabilidad presupuestaria y correrán el riesgo de ser intervenidas.
Las comunidades autónomas necesitaban una llave para encarar los recortes de 3.000 millones de euros en educación y el Gobierno se la ha entregado. Para ello, ultima un real decreto con todas las medidas que pueden facilitar el ajuste.
En la conferencia sectorial celebrada ayer en Madrid les dio las siguientes recetas: aumentar un 20% el número de alumnos por aula, fijar en 25 las horas lectivas del profesorado de infantil y primaria, dejar sin cobertura las bajas laborales que no superen los 10 días y posibilidad de que los centros ofrezcan solo una de las tres modalidades que rigen para el Bachillerato. Por si fuera poco, se elimina cualquier posibilidad de crear nuevos complementos retributivos al profesorado. En román paladino: habrá que trabajar más cobrando igual o, incluso, menos.
Cada gobierno autónomo aplicará estos recortes dependiendo de su nivel de déficit. De ahí que no vayan a ser obligatorios, pero sí imprescindibles para las comunidades que puedan poner en peligro el cumplimiento del 1,5% de déficit comprometido en el nuevo cuadro macroeconómico.
La contestación a estos ajustes por parte de las comunidades gobernadas por el PP ha sido mínimo, todo lo contrario de lo ocurrido con Andalucía, Cataluña, Canarias y el País Vasco. En el caso andaluz, el PSOE ha decidido hacer bandera nacional de su oposición a estos recortes. La consejera catalana de Educación, Irene Rigau, los rechaza porque invaden competencias autonómicas y, además, Cataluña ya hizo de avanzadilla en este terreno. “Vamos a pasar del café para todos al descafeinado para todos”, ha señalado. En la misma sintonía operan los vascos.
