El grupo de trabajo creado entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP al objeto de abordar un gran bloque de reformas para evitar el sistema de duplicidades que se da por el solapamiento de las administraciones central, autonómica y local, ya tiene sobre la mesa dos documentos aprobados por la Federación de Municipios y Provincias. En el primero se hace un análisis crítico de la situación, lamentan que los ayuntamientos hayan sido las "hermanas pobres" del proceso de descentralización y piden una ley con rango orgánico para que una vez superada la crisis "no se vuelva a las andadas", esto es, según indicaron fuentes de la FEMP, que los entes locales no asuman de nuevo tareas que no les corresponden y que han lastrado las cuentas municipales.
Las llamadas "competencias impropias" han cargado sobre unas arcas municipales exaustas. Así, sobre un somero listado de las 24 servicios más comunes que desarrollan los municipios y que se contiene en el primer texto, hay un segundo documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que especifica cuáles son las que quedan dentro de la propuesta del marco competencial que defiende la FEMP y cuáles los que quedan fuera, aunque, a día de hoy, corran a cuenta de los ayuntamientos. La FEMP es bastante clara al respecto y así se lo transmitirá al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que también quiere sobre la mesa medidas que afectan a las empresas y entes públicos vinculados a los ayuntamientos.
Las actividades y servicios no incluidos en las materias competenciales afectan a capítulos tan sensibles como la educación, la sanidad, la justicia o la seguridad. De cuenta de los ayuntamientos corre la puesta a disposición de suelo para la construcción de centros sanitarios o la disponibilidad, conservación y mantenimiento de dependencias para consultorios de acción primaria. En educación, el listado de competencias impropias a las que quiere poner coto la FEMP afecta a la provisión de terrenos municipales, el mantenimiento y vigilancia de edificios públicos destinados a educación infantil y primaria --esto es, conserjes, ordenanzas, técnicos de control, alarmas o seguridad-- la vigilancia de la escolarización en la educación obligatoria; la educación infantil, especial y de adultos; las escuelas municipales de arte, música y danza; el sostenimiento de los gabinetes de psicopedagógicos de orientación escolar; gestión y mantenimiento de las aulas de formación; o programas extraescolares municipales para jóvenes en jornadas no lectivas. Todas estas materias son de competencia autonómica y tanto los ayuntamientos como el Gobierno están dispuestos a que se hagan cargo de ellas, otra cosa es que sea posible en un escenario de recortes que obliga a las Comunidades a ajustar su partidas de gasto para no superar el objetivo del 1,5 por ciento de déficit para este año. Bien es cierto que los ayuntamientos también atesoran deuda, en su caso, 36.700 millones.
El nuevo sistema pondrá fin a la financiación municipal de la educación infantil, especial y de adultos o a las escuelas de arte y danza
Los ayuntamientos, según recoge el texto, colaboran también en el mantenimiento de las casas cuartel de la Guardia Civil, y colaboran con la Justicia poniendo a su disposición depósitos municipales de detenidos y para el cumplimiento de penas de arresto de fin de semana, la policía local se ve obligada a actuatr a veces como policía judicial, deben hacer una provisión de instalaciones y medios a los juzgados de paz y también se encargan del depósito y custodia de vehículos embargados por resolución judicial.
Asimismo, habrá cerrojazo en las políticas de cooperación al desarrollo, que incluía subvenciones a ONGs municipales, o gestión de programas de educación para el desarrollo entre otros servicios que dejarán de prestar cuando se cierre el actual modelo destinado a evitar duplicidades y cumplir la máxima de "una competencia, una Administración". No faltan ayuntamientos que asumieron políticas de igualdad, que no parecen, en principio muy onerosas si de lo que se trata es de incrementar la representación de las mujeres en el personal del gobierno local, tribunales de oposición o jurados, aunque cierra la puerta a políticas de información sobre conciliación de la vida laboral y familiar y para facilitar el acceso al mercado laboral. Tampoco habrá campañas de sensibilización a favor de la igualdad entre hombres y mujeres.
Siguiendo con el listado de las materias que la FEMP no incluye en su propuesta de marco competencial para sus ayuntamientos, está asimismo la elaboración de planes y políticas de inmigración y cohesión social y el aprendizaje de idiomas, además de las oficinas de información juvenil, los planes locales de juventud o el desarrollo de asociacionismo y voluntariado.
No deja de ser significativo que también llamen la atención sobre la colaboración que prestan a la administración electoral a la hora de formar las mesas electorales y la señalización de los colegios, la puesta a disposición de las Juntas electorales provinciales y de zona de los medios personales y materiales necesarios para la jornada electoral e, incluso, la puesta a disposición de los candidatos de locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito para la celebración de actos de campaña, colocación de carteles, pancartas y banderolas, según puede leerse en el texto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Pero es que, puestos a cuestionar, hasta anuncian el fin de los hermanamientos entre municipios, la adhesión a acuerdos internacionales o la participación de lo entes locales ante órganos europeos y asociaciones internacionales de poderes locales. Todo, absolutamente todo, es objeto de revisión para intentar superar la situación que nos ha llevado hasta aquí. El siguiente paso será negociarlo con el Gobierno y con un Beteta dispuesto a no dejar pasar una dentro del nuevo plan de redimensionamiento de la administración y que ya quería sentarse en abril para comenzar a tratar la cuestión.
