El juez del caso Palma Arena, José Castro, ha accedido a la suspensión de la declaración de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, prevista para el día 22 de mayo y se ha quejado de su falta de seriedad, han informado a Efe fuentes jurídicas. El abogado había pedido al juez la suspensión de su declaración, señalada para dentro de dos semanas, amparándose en la supuesta presión mediática que sufre estos días y el magistrado ha accedido esta mañana a su petición en un escrito en el que critica su cambio de postura, ya que fue él el que pidió hace unos meses declarar de forma voluntaria.

En la providencia dictada hoy, el juez tiene por desistida la petición de Torres de declarar en la causa porque se trata del "ejercicio de un derecho al que la ley no pone más trabas que la seriedad de la actuación", según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB). El juez agrega que no valorará las razones esgrimidas por el abogado del exsocio de Urdangarín, "máxime cuando, salvo la referencia a la presión mediática que es común a todos los que intervenimos en esta causa, ni tan siquiera insinúa quienes son los autores de esos seguimientos, intromisiones y ofrecimientos de que dice venir siendo objeto y a los que difícilmente por ello este juzgado pudiera poner freno".

Asimismo, el magistrado ha accedido a la petición de Elisa Maldonado Garrido, exdirectora de Gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA), de suspender la declaración que tenía señalada para el mismo día 22 de mayo porque ha cambiado de abogado. Se da la circunstancia de que la declaración de Elisa Maldonado ha sufrido ya varios aplazamientos.

La declaración de Torres había levantado una gran expectación ya que se trata, junto a Iñaki Urdangarin, del principal imputado en la investigación sobre el supuesto desvío de dinero público al Instituto Nóos. Torres compareció por primera vez ante el juez Castro el 11 de julio del pasado año, cuando defendió la legalidad de los dos convenios firmados por Nóos con el Govern balear en 2005 y 2006 por 2,3 millones de euros para organizar un foro deportivo.

El juez lo citó de nuevo el pasado 11 de febrero, pero el exsocio del duque de Palma se acogió entonces a su derecho constitucional a no declarar, si bien advirtió que podría comparecer más tarde de forma voluntaria, cosa que reclamó después de la comparecencia de Urdangarin. El fin de semana del 25 y 26 de febrero compareció como imputado el duque de Palma, quien señaló a Torres como responsable de las cuestiones contables de Nóos, ya que afirmó que su función era únicamente llevar las "relaciones institucionales a gran nivel".

Ataques mutuos

Urdangarin no ha sido el único en apuntar a Torres como responsable de Nóos y otras empresas vinculadas al duque y su exsocio, sino que también dos exempleados de empresas propiedad de ambos declararon al juez que era quien tomaba las decisiones de gestión de las sociedades investigadas por un posible desvío de dinero público. El pasado 25 de marzo, su abogado, Manuel González Peeters, amenazó en un escrito con volver a acogerse a su derecho a no declarar ante el juez el día 22 de mayo si no se le entregaban las grabaciones de vídeo de las comparecencias de los implicados en la pieza relativa a Nóos.

Sin embargo, fue el propio Torres quien primero reclamó que las declaraciones se grabaran, a lo que el juez accedió en su caso y, tras la declaración de Urdangarin, extendió a todas las declaraciones complejas. El pasado 1 de mayo trascendió que los abogados de Urdangarin y Torres pidieron a la Fiscalía Anticorrupción de manera informal mantener conversaciones para intentar alcanzar un posible acuerdo de conformidad que les exima de ir a prisión, si bien el fiscal Pedro Horrach suspendió las reuniones previstas con los letrados debido al eco mediático suscitado por el tema.

En los últimos días se han publicado asimismo informaciones afirmando que Torres asegura poseer unos 200 correos electrónicos que vincularían a miembros de la Casa Real con las actividades de Nóos -ya presentó algunos al juzgado en los que se mencionaba al rey y a la infanta Cristina-, así como que pidió 10 millones de euros a Urdangarin por no publicarlos, dos extremos que su abogado ha negado en sendos escritos remitidos al juez. La Fiscalía indaga en esta pieza del Palma Arena varios delitos de corrupción y centra sus investigaciones en los contratos públicos por valor de 5,8 millones de euros que recibió Nóos -instituto que fue presidido por Urdangarin y Torres- entre 2004 y 2007 de los gobiernos balear y valenciano por organizar eventos relacionados con el deporte