España

El debate sobre la sucesión desborda al Gobierno, inquieto por el cuestionamiento de la Monarquía

La normalidad con la que el Gobierno ha querido arropar el relevo en la Corona desde que el Rey anunció su abdicación sufrirá este miércoles en el Congreso una sacudida de dimensiones nada despreciables. Ningún grupo nacionalista avalará con su voto la ley de Sucesión tras haberse descolgado también del sí Coalición Canaria, formación que reclamará para las islas un estatus propio en la Constitución.

Puede que el Rey tuviera razones de peso al acelerar el calendario que había previsto para su abdicación cuando conoció que Alfredo Pérez Rubalcaba se despedía del PSOE. Este lunes, el diputado Pedro Sánchez, uno de los que ambicionan su cargo, ha defendido la conveniencia de que el Grupo Socialista pueda actuar mañana miércoles con libertad de voto en el debate previsto en el Congreso para aprobar la ley de sucesión en la Corona. Otros muchos diputados piensan lo mismo que él, por lo que los socialistas llegan a este duelo parlamentario con la caja de las sorpresas abierta: los que se aparten de la disciplina solo tendrán que pagar 600 euros de multa. No es probable que entre ellos esté Eduardo Madina, en la dirección del Grupo parlamentario, pero también ha querido dejar su impronta exhibiendo su republicanismo en la red: su futuro depende de los 200.000 militantes que pronto elegirán secretario general en su partido, mayoritariamente contrarios a la Monarquía.

Los socialistas llegan al debate con la caja de sorpresas abierta: los diputados díscolos solo serán multados con 600 euros

Sin embargo, no es esto lo que más preocupa en el Gobierno sobre el debate de este miércoles pues, a fin de cuentas, todavía tendrá a Rubalcaba como dique de contención de la ola republicana que se ha levantado en las filas socialistas. Lo que más inquieta es el altavoz que va a proporcionar este pleno a todos los grupos que cuestionan de una u otra forma el papel de la Monarquía, ya que el PP será el único partido que va a respaldar sin ningún tipo de matices, al menos eso se espera, la ley orgánica de sucesión. Con ella, el Ejecutivo tenía la esperanza de convertir la abdicación de don Juan Carlos y el relevo en el Trono casi en un mero trámite, dentro de la mayor apariencia de normalidad posible.

UPyD, el partido de Rosa Díez, también votará a favor, pero dejando claro que la única justificación de una Monarquía en los tiempos que corren es que sea útil para el país. Ningún grupo nacionalista respaldará la norma. CiU tiene ante sí una papeleta ya que su todavía portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, va a defender la abstención, pese a que ha sostenido personalmente la conveniencia del voto favorable. El PNV también se abstendrá porque, según su portavoz, Aitor Esteban, su partido es republicano y no ve provecho alguno en la institución monárquica. El Gobierno ha recibido con desconcierto la abstención anunciada a última hora por Coalición Canaria: el presidente autonómico, Paulino Rivero, y su diputada en Madrid, Ana María Oramas, quedaron desautorizados el sábado en la reunión de su ejecutiva, donde se decidió no dar apoyo tampoco a la ley de sucesión.

Canarias pide estatus propio en la Constitución

Y aquí no queda lo peor, recuerdan fuentes del Gobierno. Coalición Canaria defenderá en el debate una reforma constitucional en la que las islas tengan un estatus propio para no quedarse atrás de las aspiraciones que ha puesto sobre la mesa Cataluña. Los canarios recuerdan que no tienen definido todavía en sus estatutos el modelo de Estado por el que apuestan y no ocultan que han sido víctimas del efecto arrastre: esperaban que CiU y PNV encajaran como algo normal la ley de sucesión, sin aprovechar la ocasión para airear sus reivindicaciones soberanistas, pero ha sucedido lo contrario.

Lo que sí estaba en el guión del Gobierno y también de la Casa Real es la pataleta que escenificarán formaciones como Esquerra Republicana, Izquierda Plural o el Bloque Nacionalista Gallego. La enmienda a la totalidad presentada por ERC exige un referéndum para proclamar la República, así como el derecho de autodeterminación “de todas las naciones que componen el Estado español”. La formación que coordina Cayo Lara explica en su exposición de motivos que la Monarquía procede de “la legalidad franquista” y que tres referéndums en 35 años (Constitución de 1978, OTAN y Constitución Europea) son pocos. Hay “un miedo patológico al debate y a la participación de la ciudadanía” en España, concluye IU en su enmienda.

Hay ministros que no ven necesario una ley orgánica para arropar la abdicación del Rey

La oportunidad de un debate tan abierto de esta naturaleza no ha concitado unanimidad en el Gobierno, que reconoce sentirse un tanto desbordado, ni tampoco en el PP, aunque las discrepancias se estén manteniendo en secreto. En el fondo, se ha librado una discusión jurídica ya que hay voces que siguen sin ver necesaria una ley Orgánica para arropar la abdicación del Rey, menos aun cuando ésta ha dejado fuera aspectos tan importantes como, por ejemplo, el aforamiento del monarca. “Habría habido tiempo suficiente desde el mes de enero, que al parecer fue cuando se comenzó a vislumbrar la abdicación, para prever una ley orgánica general que solucionara los problemas pendientes”, ha dejado escrito José Manuel Serrano Alberca, letrado de la Comisión de Exteriores del Congreso, una opinión compartida por amplios sectores del PP y del Gobierno.

Apoya TU periodismo independiente y crítico

Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación Vozpópuli