Sáenz de Santamaría ha tomado los mandos en la 'operación abdicación' del Rey Don Juan Carlos. Zarzuela ha presentado la histórica iniciativa como un paso que se viene preparando desde marzo, aunque la realidad evidencia día a día que hay demasiadas cosas por hacer. Asunto importante: la inviolabilidad del Rey desaparece el día 19, en cuanto sea proclamado su heredero Felipe VI. Don Juan Carlos, en ese instante, pasará a ser considerado, jurídicamente, un español más sin blindaje jurídico alguno.
Tal situación, que evidencia las urgencias e improvisaciones de este proceso que desde la Zarzuela tratan de hacer pasar como modélico, no tiene solución sencilla, dada la premura de los tiempos. Sáenz de Santamaría intentó quitar relevancia a este asunto al señalar que lo normal sería buscar una fórmula de aforamiento para Don Juan Carlos y recordó que en algunas monarquías europeas el titular saliente carece de protección jurídica alguna. No obstante, es un riesgo que se pretende evitar.
Contactos con el PSOE
Un equipo de trabajo, coordinado por la propia 'número dos' del Ejecutivo, del que no forma parte el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se afana en estas horas por dar con la fórmula más adecuada. Para ello, la vicepresidenta ha mantenido alguna conversación con el jefe de la oposición, ya que la colaboración del PSOE va a ser necesaria.
La fórmula más sencilla sería la de una ley orgánica específica para recoger el tratamiento de aforado del Rey una vez que haya traspasado la titularidad de la Corona a su hijo, el Príncipe de Asturias. Sería un procedimiento similar al de la abdicación, aunque el calendario ya se pone más difícil puesto que la nueva norma necesitaría del refrendo de las dos Cámaras, y el Senado entra en período vacional en julio. Sus señorías deberían sacrificarse por España y acudir a un Pleno Extraordinario para dar el visto bueno a lo aprobado por la Cámara Alta. Si la ley orgánica se elabora como proposición de ley del grupo mayoritario, no haría falta el trámite del Consejo de Ministros ni los preceptivos informes de los órganos consultivos. En cualquier caso, se necesita la anuencia plena del PSOE para lograr la mayoría absoluta y para facilitar la agilidad de los trámites, algo que a estas alturas parece muy complicado. Demasiadas urgencias para una cuestión que estaba tan estudiada y aquilatada.
Una cosa es lograr el voto de la oposición socialista a la ley orgánica de abdicación, que no es más que un mero procedimiento parlamentario para aprobar una decisión estrictamente personal del monarca, y otra es sumergirse en aguas más procelosas, como son las de blindar un estatus jurídico especial a Don Juan Carlos. Este asunto ofrece ya unas derivadas políticas más inconvenientes a la hora de respaldarlo con tanta precipitación.
Quitar dramatismo
El Gobierno, en su empeño por desdramatizar la situación y de sumarse al carro de que todo estaba previsto y bajo control, recuerda que no es revisable nada de lo actuado por Don Juan Carlos en sus casi 40 años de reinado. Durante esa etapa ha tenido la condición de 'inviolable', tal y como dicta la Carta Magna, y de todas sus iniciativas tan sólo era reponsable el Gobierno. "Que deje de ser inviolable profuturo no quiere decir que recupere responsabilidad sobre actuaciones ulteriores", precisó Sáenz de Santamaría.
El ministro de Justicia, pese a que está siendo informado de estos pasos, al igual que el fiscal general del Estado, no está participando en el 'núcleo duro' de estos trabajos. Buena parte del Ejecutivo ha permanecido ajeno al celérico trasiego de todo cuanto está teniendo que ver con la abdicación Real. En muchas carteras se procederá, desde mañana, a modificar agendas y a suspender desplazamientos para que sus titulares puedan estar presentes tanto en las sesiones del Congreso y del Senado cuando se tramite la ley orgánica como el propio día 19, la fecha finalmente elegida para la ceremonia de la proclamación.
