La Abogacía General del Estado ha salido en defensa de Arancha González Laya. Después de anunciar que le representará tras su imputación en la causa abierta por la entrada de Brahim Ghali en España, los servicios jurídicos del Gobierno han dado un paso más y han tildado de "impertinente" esta citación. Además, arremeten contra el magistrado al frente de esta investigación, Rafael Lasala, al que acusan de impulsar una investigación "prospectiva" tratando de "encontrar algo" para incriminar a la antigua ministra de Asuntos Exteriores.
Así se desprende de un escrito remitido a la causa y recogido por Vozpópuli en el que solicitan de nuevo el archivo del procedimiento al considerar que no hay indicios reales contra los imputados. La Abogacía -que ya asumió la defensa de Camilo Villarino- defiende que el líder del Frente Polisario entrara en España sin pasar por "el tan cuestionado" control de pasaporte ya que ostenta la nacionalidad española y es titular de un DNI en vigor.
El Gobierno reacciona de esta forma a la imputación de la exjefa de la diplomacia española, después de que su exmano derecha, Camilo Villarino, explicara en su declaración en sede judicial que acató órdenes de la exministra. Según expuso, las indicaciones que dio acerca de la llegada de Ghali a España el 18 de abril provenían de González Laya. Villarino aseguró que le dijo que tenía que llevar a cabo la gestión con discreción porque había terceros países que desconocían de su llegada a España (en referencia a Marruecos).
Su versión, unido a los whatsapps incorporados a la causa, propiciaron la imputación de la exministra así como la citación en calidad de testigos de la exjefa de gabinete de Carmen Calvo, Isabel Valldecabres, y su homóloga en el departamento de Interior, Susana Crisostomo. El magistrado al frente del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza (que ya ha adelantado que en función de lo que declare Valldecabres decidirá si citar como testigo a la exvicepresidenta del Gobierno), trata de indagar si se cometieron los delitos de prevaricación y falsedad documental con motivo de la entrada del líder saharaui y su salida, que se produjo ya el 2 de junio.
"Diligencias inútiles"
Al respecto la Abogacía vela armas de cara a la próxima cita judicial de González Laya calificando su citación de “impertinente”. En concreto, la Abogada del Estado María del Mar González Bella, asegura que la declaración de la exministra “no va a aportar mayor aclaración sobre los hechos investigados” y apunta que si la decisión de permitir la entrada de Ghali en España por razones humanitarias sin control de pasaporte “es conforme a Derecho”, sería “indiferente” quienes tomaron la decisión de que aterrizase en la Base Aérea Militar de Zaragoza.
Mientras las acusaciones sostienen que se trató de una entrada furtiva y al margen de la ley puesto que el avión de Brahim Ghali no pasó por los controles de aduana y pasaporte, la Abogacía se sitúa en la tesis contraria. De hecho, arremete contra el juez por tratar de buscar indicios de delito ante la ausencia de datos que incriminen al Gobierno y califica de “innecesarias e inútiles” las diligencias acordadas en el marco de esta causa penal. Entre ellas incluye la relativa a la dirigida a la oficina Sirene de España.
El objetivo de esta medida, adelantada Vozpópuli, es esclarecer si había "descripciones a efectos de detención o localización" del líder del Frente Polisario en cualquier de los 26 estados que forman parte del Espacio Schengen. "Hay algún indicio de que en Sirene conste alguna medida acordada por las autoridades de otros Estados o simplemente ante la inexistencia de de medidas acordadas por los Juzgados Centrales de Instrucción se está buscando algún pretexto para mantener abierta una investigación por delito de encubrimiento que ha quedado plenamente desvirtuado?", se preguntan los Servicios Jurídicos del Gobierno.
