Ada Colau y Manuela Carmena, futuras alcaldesas de Barcelona y Madrid, respectivamente, ya han advertido a las compañías eléctricas que una de las primeras medidas que tomarán sus consistorios será la creación de un fondo para luchar contra la pobreza energética y evitar los cortes de suministro.
La líder de Barcelona en Comú tiene previsto citar a las distribuidoras eléctricas a una reunión en el Ayuntamiento de la ciudad para exigirles que garanticen el suministro de los servicios básicos de luz, gas y agua a aquellas familias que no puedan pagarlo.
Ante este nuevo escenario, las grandes compañías eléctricas, preocupadas por el avance de las formaciones apadrinadas por Podemos en las elecciones del domingo, comienzan a mover ficha para tender puentes con los nuevos líderes políticos.
Hasta ahora, habían evitado reunirse con miembros de Podemos, que en sus discursos más radicales (pasados por el tamiz de la moderación en los últimos meses) habían llegado a proponer la confiscación y renacionalización de las empresas energéticas.
Pero ya no lo podrán evitar más, pues serán convocados a ayuntamientos como el de Madrid o Barcelona, dos de las ciudades que suman más hogares en situación de pobreza energética.
Las eléctricas, como el resto de compañías del Ibex, habían evitado hasta ahora reunirse con líderes de Podemos, pero el vuelco al mapa del poder municipal y autonómico las obliga a entablar contactos institucionales
Según señalan fuentes del sector, las distribuidoras de electricidad quieren hacer un guiño a los planes de choque de Colau y Carmena y estudiarán uno a uno los casos de impago de sus recibos con el objetivo de buscar alternativas viables para que estas familias no sufran el corte del servicio. “Lo último que quiere una compañía eléctrica es cortar el suministro de luz o gas a una familia, eso no es bueno para esa familia, pero tampoco para la empresa”, señala una de estas fuentes.
Así que para adaptarse a los nuevos tiempos de cambio que vive España, las compañías quieren mostrar su cara más amable y colaborar con las medidas que pongan en marcha ayuntamientos y autonomías para que el próximo invierno no haya cortes de suministros básicos por impago.
No están obligadas a ello, como ha reconocido el propio Tribunal Constitucional, que ha suspendido de forma temporal una norma aprobada por la Generalitat catalana para prohibir a las compañías cortar la luz o el gas en invierno por invadir competencias estatales.
Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON, las cinco grandes, están semirreguladas por el Gobierno central, que fija los peajes y legisla sobre todo el sector.
El sector eléctrico lo regula el Gobierno central, pero su reparto de mercado es regional: las grandes compañías no se pueden permitir estar enfrentadas a alcaldes y presidentes autonómicos
Pero su reparto de mercado es eminentemente geográfico. Están muy ligadas a su entorno autonómico y municipal. Cataluña ha sido tradicionalmente de Endesa, Madrid más de Iberdrola y Fenosa. Así que no se pueden permitir estar enfrentadas a alcaldes y presidentes autonómicos, máxime en temas tan sensibles como el de la pobreza energética y los cortes de luz en invierno.
Así que todas ellas se muestran abiertas a colaborar con los ayuntamientos, señalan las fuentes, en la puesta en marcha de medidas para frenar la pobreza energética. El problema radica en de dónde saldrá el dinero para costear esas facturas impagadas por los hogares a los que las eléctricas no les podrán cortar el servicio.
El sector considera que ha de ser el Estado el que financie estas “iniciativas solidarias y de protección de la ciudadanía”. Colau ya ha dicho que los primeros cinco millones de euros con que contará el fondo de urgencia saldrán de las arcas municipales, pero también ha amenazado con “hacer una auditoría de los costes de estos servicios que permita determinar el origen y destino de los beneficios obtenidos por las compañías gestoras”.
Colau y Carmena propondrán a las compañías diferentes formas de participar en el fondo para costear las facturas de los hogares más vulnerables, a los que no se les podrá cortar la luz en invierno
De una forma u otra, las eléctricas tendrán que colaborar en este fondo, defienden desde Barcelona en Comú.
Es un aviso a navegantes que podría extenderse a otros municipios y autonomías que serán gobernadas por Podemos y el PSOE, partido que también se ha mostrado, al menos de forma verbal, combativo con la situación que sufren los pobres energéticos.
El nuevo mapa de gobernabilidad en España preocupa a las compañías eléctricas, que previsiblemente tendrán que acudir a otros muchos ayuntamientos y no sólo al de la Plaza de San Jaume, a retratarse ante los nuevos gobernantes.
Los datos de cortes de la luz de los últimos años no serán su mejor carta de presentación, aunque sí sus deseos de colaboración en la solución del problema.
En 2012, en plena crisis económica y con una España instalada en los 6 millones de parados, las grandes eléctricas cortaron la luz a 1,4 millones de hogares; en 2013 fueron casi un millón de familias los que se quedaron si electricidad por impago y el pasado año, según informó El Mundo, se estima que los cortes de suministro se redujeron a la mitad, situándose en el entorno de medio millón de hogares.
