La mayoría de las culpas se achacan en el Gobierno a la ministra de Fomento, Ana Pastor. Llevó tan en secreto los movimientos orientados a la privatización de los aeropuertos que acabó chocando con el ministro de Economía, Luis de Guindos, y con otros integrantes del núcleo duro del Gabinete, resistentes a avalar una operación que, de haber salido adelante, hubiera podido derivar en un auténtico escándalo. “Mejor ponerse una vez rojo que ciento colorado”, afirman fuentes conocedoras del embrollo al rebajar el perjuicio que la actuación del Ejecutivo en este episodio ha podido provocar para la marca España.
Ana Pastor fue incapaz de replicar a las numerosas objeciones que otros ministros le hicieron sobre la privatización
Lo cierto es que en el Consejo celebrado el pasado 24 de octubre, hubo ministros del equipo económico que apenas habían tenido ocasión de estudiar la documentación que acompañaba la privatización más ambiciosa llevada a cabo en la última década. Mariano Rajoy estaba en Bruselas y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se encontró con el problema de tener que lidiar con una ministra, la de Fomento, que no supo defender con argumentos sólidos la limpieza de la operación ante las numerosas objeciones que pusieron sobre la mesa tanto Luis de Guindos como el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. Finalmente, fue Sáenz de Santamaría la que optó por parar la operación.
Los interrogantes que se pusieron encima de la mesa no solo tuvieron que ver con el papel desempeñado por PwC en la privatización y en el hecho de que fuera la designada, sin el correspondiente concurso, para firmar la carta de conformidad de la OPV cuando, al mismo tiempo, era la auditora de la compañía.
La experiencia de Guindos con Deloitte
Un conflicto de interés que apunta directamente al ministro de Economía, en tanto en cuanto Guindos no ha querido que sucediera lo mismo que ocurrió con Deloitte, que fue sancionada por el Departamento que dirige por el hecho de haber realizado varios trabajos para Bankia en su salida a Bolsa (entre ellos, la carta de conformidad) cuando, además, era su auditora.
Tanto es así, que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) está investigando a PwC y sus trabajos pueden acabar en un expediente.
Pero las pegas van mucho más allá porque, según las fuentes, se ha descubierto que hay numerosas firmas, entre ellas la de Uría y la de Pérez Llorca, que han trabajado también en distintas fases del expediente al mismo tiempo que prestan sus servicios en otras áreas del Ministerio de Fomento. “Todo muy opaco y con evidentes conflictos de intereses por medio”, resumen fuentes parlamentarias conocedoras de los entresijos.
La sorpresa no solo llegó cuando Ana Pastor fue incapaz de replicar a los numerosos reparos que le puso Guindos en la reunión del Consejo, sino también cuando, casi una semana después del parón, el propio titular de Economía aseguró en el Congreso que la decisión de paralizar la oferta pública del gestor aeroportuario se debía a un asunto “meramente procedimental” y no a “cuestiones fundamentales de valoración ni de estrategia”. Prueba de que no es así lo demuestra que dentro del Gobierno impera la convicción de que la salida a Bolsa de Aena ha quedado empantanada para mucho tiempo, pues se ve “altamente improbable” que la operación prospere en esta legislatura, debido a la gestión tan opaca con la que ha sido gestionada desde Fomento y a la maraña de intereses que ha concitado desde su arranque hace dos años.
La fallida operación de Zapatero
El equipo de Hacienda vio con recelos esta operación desde el principio. En la etapa de Gobierno del PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, Cristóbal Montoro denunció en público, desde la oposición, los oscuros intereses que veía en una salida a Bolsa que, en aquella ocasión, también resultó fallida. Ahora, años después, ha llegado a recomendar a los responsables de Fomento que se pongan en manos profesionales de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) para que le asesore en esta privatización, invitación que Pastor ha rechazado.
Ni la Abogacía del Estado ni la CNMV se comprometieron a avalar una operación que consideraron "contaminada" desde el principio
La forma de actuar de la ministra ha causado malestar no solo en el Gobierno sino también en los reguladores. La propia Abogacía del Estado se ha negado a avalar con su informe una operación en la que tampoco se la ha tenido en cuenta. Otro tanto ha ocurrido con la Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV). Nadie quiere implicarse en un asunto que consideran “contaminado” desde su origen. De hecho, ahora se están investigando internamente los contratos que Fomento ha realizado con empresas y los correspondientes concursos, para averiguar si las adjudicaciones han respetado todas las normas en la ‘operación Aena’. El proceso todavía dará mucho que hablar.
