Siete folios que hacen temblar los cimientos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. El auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, para enviar a prisión a cinco de los 13 detenidos este lunes por la Guardia Civil en la 'Operación Frontino' apunta directamente a la implicación de cargos de "muy alto nivel" del departamento que dirije Isabel García Tejerina en el amaño de contratos de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed). Hasta en tres ocasiones, el magistrado afirma expresamente que varias de las irregularidades detectadas habían sido "pactadas" entre responsables de Agricultura y la cúpula de la empresa FCC, una de las salpicadas por el escándalo con la detención de dos de sus directivos. De hecho, llega a afirmar que en uno de los casos se produjo un perjudicio de 40 millones a la Administración "para compensar a FCC siguiendo instrucciones emanadas desde la Superioridad", en clara referencia al Ministerio.

El juez destaca que el Ministerio incluyó en los presupuestos de 2015 y 2016 sendas partidas para realizar una "compensación indebida" a FCC por los problemas en una de las adjudicaciones bajo sospecha

El juez Velasco se refiere, en concreto, a los contratos para la construcción de una desaladora en el Bajo Almanzora, en la provincia de Almería, y los trabajos para la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona. Sobre la primera, asegura que la inundación que a finales de 2012 la dejó inservible sacó a la luz la "concertación" que existía en el principal detenido hasta ahora, Arcadio Mateo del Puerto, director general de Acuamed, y directivos de FCC, ya que aquel no exigió "en contra de lo que decía el contrato y la legalidad" que la empresa pagase los desperfectos y el seguro. De hecho, recalca que el presunto cabecilla de la trama llegó a arbitrar un acuerdo para que la propia sociedad pública que dirigía abonase un 40% de las reparaciones y FCC fuese compensada por el pago del 60% restante "mediante compensaciones" con la adjudicación de otras obras "al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio [de Agricultura]". Se refiere en concreto al contrato para la descontaminación del pantano de Flix, presupuestados en 194 millones de euros. Una obra en la que se prentendía "fijar ficticios irreales para, al final conseguir compensar con 40 millones de euros" a la constructora.

El auto señala a continuación que dicho plan no pudo llevarse a cabo por "la oposición de ciertos funcionarios a permitir tales irregularidades", por lo que la desaladora "sigue sin arreglarse" más de tres años después. Además, el juez Velasco recalca que FCC, ante la imposibilidad de cobrar por ello los 2 millones de euros que se le adeudaban, pretendía que el Estado le pagase 10 millones, "con un perjudicio para la Administración de ocho millones de euros". Una "compensación indebida" que, según el magistrado, pactó la cúpula de la compañía con "cargos de alto nivel en el Ministerio" y que fueron incluidos en una partida en los Presupuestos General del Estado para 2015 "fijando un monto de diez millones más veinte millones para hacerlo". Un desembolso que finalmente no se hizo "al conocer [Agricultura] la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía, lo que no obstó en la persistencia de la idea". De hecho, el magistrado añade que ambas cifras se han mantenido en las cuentas públicas para 2016 "sólo que reducidas" a 8 y 14 millones, respectivamente.

Reclamación ilegal de 30 millones

El segundo contrato en el que el juez Velasco ve la implicación directa de responsables del Ministerio es, precisamente, la descontaminación del pantano de Flix supuestamente adjudicada a FCC mediante una UTE de dos de sus filiales como "compensación" por los problemas con la desaladora del Bajo Almanzora. En esta obra, el magistrado considera que se produjo "una reclamación ilegal de 30 millones de euros" por parte de la constructora que fue "apoyada por los directivos de Acuamed" pese a que era rechazada por los técnicos de la compañía pública. "Se pretende cambio de certificaciones para retirar penalizaciones y pasar de una facturación aproximadamente debida de 3,5 millones a 40 [millones] ficticios que se intentan justificar certificando unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos", señala el auto. El juez considera que estos últimos fueron creados "para meter conceptos extraordinarios que no existían con documentación falsa pretendiendo justificar unos conceptos por otros con convalidación del gasto de 32 millones y un proyecto complementario". Todo ello para causar un perjuicio a la Administración "de 40 millones de euros para 'compensar' a FCC siguiendo instrucciones emanadas desde la Superioridad".

El juez considera que se estuvo a punto de acusar un perjuicio a la Administración 40 millones de euros para 'compensar' a FCC siguiendo instrucciones emanadas desde la Superioridad", en clara referencia a Agricultura

El auto detalla a continuación los otros cuatro contratos bajo sospecha, aunque en ninguno de ellos hace referencia expresa ya a la supuesta implicación de cargos del Ministerio en sus irregularidades. Así, habla de las obras para levantar una presa que evite las avenidas de agua en la Rambla Gallinera, en Valencia, en las cuales se llegaron a facturar dos millones de euros por una escollera "que nunca existió" y que ni siquiera estaba en el proyecto. Sobre la construcción de la desaladora de Torrevieja (Alicante), adjudicada a Acciona, el juez destaca que "con la presión de pretender cobrar fondos europeos se dejó libertad de ejecución al contratista" lo que derivó "en tal descontrol de la obra que se llegó a afirmar por algunos de los técnicos" implicados que estaba finalizada cuando no era así. Además, recalca que se facturaron "mediciones que eran mentira" en diques y emisarios de la obra, se presentaron "partidas hinchadas" y se hicieron "reclamaciones improcedentes y mediciones irreales" por las que la compañía pretendió facturar "17 millones de euros más aunque al final lo dejaron en 10 millones".

Tuberías e informes amañados

En las obras de la desaladora de Campello-Mutxamel, también en Alicante, el juez considera injustificado que se otorgasen las obras a Altec-Altym, ya que debería haber quedado situada "en los últimos puestos" de las empresas que aspiraban a hacerse con el contrato. Para el magistrado, esta adjudicación "se amaña" y vincula esta irregularidad en la concesión de la asistencia técnica a otra compañía, Clothos, que tampoco debería haberse hecho con dichos trabajos. Todo ello fue fruto de los "cambios en los informes obligados por la dirección general", en referencia al principal imputado en la causa, Arcadio Mateo. También Altec se hizo con el contrato de la quinta adjudicación bajo sospecha, en este caso para la colocación de entre 10 y 20 kilómetros de tuberías para que el agua de la desaladora de Águilas llegara a la zona de Lorca (Murcia) y regara sus campos. Según destaca el auto, se adquirieron las tuberías a una empresa STE-Tubular Group SA pese a que era la que las vendía más caras, lo que perjudicó a una empresa local que había hecho una oferta mucho más económica. "Los técnicos no podían certificar 240.000 euros en tubos más caros simplemente porque el director general de Acuamed se los hubiera obligado a comprar", destacan. Finalmente, en el sexto contrato bajo sospecha, la construcción de una presa antiavenidas en el río Serpis de Valencia, el juez destaca que se cargaron dos millones de euros de más "enmascarando esos importes hinchados en inexistentes trabajos de arqueología".

El auto detalla que entre las dádivas recibidas por los empleados de Acuamed hay ascensos, alquiler de coches de lujo, puestos de trabajo para familiares e "implantes de pelo"

De todo ello, el juez considera máximo responsable a Arcadio Mateo y a su número dos, la directora de Ingeniería y Construcción, Gabriela Mañueco Pfeiffer, a los que ha enviado a prisión de fianza junto a dos de sus subordinados, Javier Gómez Pastor, gerente de Contratación, y Pablo Martín Mira, al que el director general promocionó al cargo de gerente territorial del Júcar en la Comunidad Valenciana. Este acenso es, de hecho, una de las dádivas que el juez considera que los empleados de Acuamed presuntamente implicados recibieron, pero no el único. De hecho, también habla de otros "agasajos de los contratistas", entre ellos "alquileres de coches de lujo, estancias en hoteles de lujo, colocación de familiares en las empresas beneficiadas...". Incluso habla de "implantes de pelo" y viajes a Turquía. Sobre los directivos de las empresas implicados, entre ellos los de Acciona y FCC, el magistrado destaca que "se prestaron, sabiendo que es irregular y no se puede hacer, no sólo a las connivencias y conciertos dichos en un afán más que de perjudicar los intereses públicos, de hinchar los beneficios de sus empresas, ampliando ante ellos su prestigio profesional". Por todo ello, el juez acusa a la mayoría de los 13 detenidos de organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos, falsedad de documento oficial y prevaricación administrativa. Una larga lista de delitos que ya salpica directamente al Ministerio del Agricultura.