El ex secretario general del PP madrileño y presunto cabecilla de la trama 'Púnica', Francisco Granados, realizó el pasado lunes en su declaración ante el juez Manuel García-Castellón un repaso de las presidencias de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, de quienes llegó a decir que formaban "una unidad de acción", y que en todo momento decidían cada uno de los nombramientos de su Gobierno, por poco importante que fuera.
En la declaración de Granados, que atribuyó a Aguirre la frase "todo se puede delegar menos la supervisión" para demostrar que la expresidenta mantenía un control férreo de sus Gobiernos desde 2003, surgieron los episodios de presunta corrupción, que cercan en estos momentos al PP madrileño, y que ahora se investigan en las causas 'Gürtel', 'Púnica' y 'Lezo', en las que están imputados decenas de excargos del PP, entre los que resaltan el propio Granados, pero también Ignacio González.
No faltó tampoco el famoso 'Tamayazo', en referencia a la espantada de dos diputados del PSOE madrileño, que en 2003 se ausentaron de su escaño en la Asamblea de Madrid, por lo que los socialistas e Izquierda Unida no lograron la mayoría necesaria para conseguir el poder. Tras la repetición de las elecciones, Aguirre obtuvo votos suficientes para hacerse con la presidencia de la Comunidad, un cargo que no abandonó hasta su dimisión en 2012, repitiendo mayorías absolutas, y dejando a su 'escudero' Ignacio González al frente de la Comunidad.
Pregunta de García-Castellón
En concreto, fue el juez García-Castellón el que preguntó a Granados si desde 2003, año del 'Tamayazo', había notado un incremento de la facturación en la Comunidad de Madrid de las empresas que realizaban las campañas electorales al Partido Popular de Esperanza Aguirre. Ahí el exconsejero de Presidencia madrileño lanzó balones fuera: "No tengo ni idea, yo ahí hice la campaña en mi pueblo, Valdemoro".
García-Castellón se interesó también en quiénes eran los pagadores de la campaña, a lo que Granados contestó que la firma Swat, cuyo nombre ya había aparecido en el sumario de 'Gürtel', pero también el Canal de Isabel II y la empresa Imade: "Me consta que esos señores y la empresa Swat eran el vehículo para esos gastos de campaña" fuera de la contabilidad oficial, especificó el imputado.
Entre los empresarios implicados en la financiación irregular del PP, según Granados, estaría también "Joaquín Molpeceres", una de las personas incluidas en los 'papeles de Bárcenas' como presunto pagador de la Caja B de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. "El empresario de referencia y el que les estaba ayudando era la empresa de Joaquín Molpeceres" [Licuas], sobre el que Granados destacó su relación con los socios del marido de Cristina Cifuentes.
Granados se refirió también a Fundescam, la fundación con la que presuntamente se financió el PP madrileño, que tuvo pingües ingresos procedentes de Caja Madrid con Miguel Blesa de presidente.
El presunto cabecilla de la 'Púnica' aseguró que la que durante muchos años fue la presidenta de Fundescam, Gádor Óngil, era una persona de la máxima confianza de la presidenta: "En Fundescam, como en todas las cuestiones del partido, mandaba Esperanza Aguirre, y también mandaba mucho Ignacio González, y Gádor Óngil despachaba con la presidenta, y luego daban instrucciones al gerente de qué gastos asumir".
La financiación del PP también corrió a cargo, declaró Granados, de las arcas de la sociedad de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), cuyo presidente José Martínez Nicolás, está imputado en 'Púnica': "Aunque ICM se utilizó a partir de 2007, y la ruptura sentimental [entre Cristina Cifuentes e Ignacio González] no es menor, porque eso cambia muchas cosas, desde luego cambia las personas de confianza dentro del partido, aparece Borja Sarasola, y a la señora Cifuentes la quitan del Territorial y la mandan al comité de derechos y garantías", con la que la "apartan un poco", concluyó Granados, que deberá continuar con su testimonio.
De esta forma, Granados aludió durante las tres horas que duró su declaración a todos los casos de corrupción que desde 2003 y hasta la salida del mismo González, en 2015, protagonizaron los sucesivos Gobiernos de Aguirre.
Aunque el caso 'Lezo' incluye también el periodo que va de 2001 y 2003, en el que el presidente de la Comunidad de Madrid era Alberto Ruiz-Gallardón, que en 2001 promovió la adquisición por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Inassa, una operación que fue calificada por el presunto testaferro de Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino, como "un robo de 25 millones de dólares".
