La Policía ha identificado ya a las personas responsables de la grabación y posterior filtración del vídeo de la infanta. Se trata presuntamente de una de las abogadas suplentes que se personó en el juicio para sustituir al letrado Javier Saavedra, quien se encontraba en México el día del interrogatorio. Junto a ella, el informe policial, del que se han entregado copia tanto al magistrado decano de Palma como al juez José Castro, señala a su compañero de bufete para el que la Policía también solicita al magistrado que abra diligencias.
El máximo responsable de la Brigada de Policía Judicial en Baleares, el comisario Antoni Cerdà, ha entregado en mano al juez Castro un breve informe que sirve de base para emprender acciones contra la abogada y su compañero. Fuentes del entorno de Castro señalan que el magistrado está “más que molesto” y busca una sanción contundente que puede incluir la suspensión en el ejercicio de la abogacía de la persona responsable de la filtración. Por ese motivo ha dado ya traslado de la causa al juzgado número 11 de Palma para que se encargue de analizar los hechos e imponer las sanciones que considere.
La sanción por desobediencia grave a la autoridad judicial
Esa sanción puede llegar por una triple vía a partir de ahora:
- De forma directa por la reclamación del juez Castro que alega un delito de "desobediencia grave a la autoridad " reflejado en los artículos 466 del Código Penal que contempla sanciones para los abogados o procuradores que "revelaren actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad juidicial". La abogada se enfrenta a penas de inhabilitación para ejercer el Derecho de entre uno y cuatro años y una multa por una cuantía diaria a abonar durante entre doce y veinticuatro meses. También se le podría aplicar el artículo 556, por desobediencia grave con la pena de prisión de seis meses a un año, aunque fuentes jurídicas consideran que esta última posibilidad sería "muy forzada".
- Además, expertos juristas consultados por Vozpópuli aseguran que la letrada puede ser sancionada también de oficio por el Colegio de Abogados en el que esté inscrita, que podría retirarle la colegiatura durante un plazo de tres meses a dos años si considera que su actuación constituye una "falta muy grave que afecta a la dignidad de la profesión" por ser contraria al Estatuto General de la Abogacía.
- Menos probable parece una posible tercera opción: que la infanta se querelle como principal afectada por la filtración de las imágenes. Los abogados de la hija del Rey han dejado el asunto en manos del juez y no se plantean emprender esta vía. Sin embargo, si eso ocurriera, el bufete de Miquel Roca podría querellarse contra quien ha filtrado esas imágenes por un delito de "revelación de secretos" con la agravante de difusión elos medios de comunicación social, tal y como fija el artículo 199 del Código Penal. Éste contempla penas de prisión de 1 a 4 años, así como pena de inhabilitación de 2 a 6 años, y multa de 12 a 24 meses.
Cómo ha sido la investigación
La investigación policial ha sido relativamente rápida y sencilla. Tanto que ni siquiera ha necesitado contactar con la página web que alojó el vídeo para localizar al responsable de su grabación. Wouzee.com. Según han confirmado fuentes de esa web, la Policía no se ha dirigido áun a ellos y la investigación ni siquiera ha requerido del análisis de la emisión del vídeo.
El mero visionado de las imágenes ha bastado para detectar al autor de la grabación por el ángulo de la cámara y por la ubicación de los letrados en la sala. El informe remitido al juez se ha elaborado en menos de 24 horas y apunta a la abogada del bufete de Saavedra como principal responsable, así como a su compañero.
Un reloj pudo esconder la cámara
El informe de la Policía no concreta aún el sistema de utilizado para ocultar la cámara, pero fuentes cercanas a la investigación apuntan como hipóstesis más probable que se hubiera utilizado un reloj de pulsera. Eso explicaría --según estas fuentes-- que el encuadra de las imágenes estuviera ladeado prácticamente todo el tiempo, como si el autor hubiera disimulado el hecho de tener la mano en alto y con el reloj enfocado hacia el lugar donde se encontraba la infanta con el gesto de apoyar la cara en la misma. Esto también justificaría que en algunos momentos, la misma enfocara al techo y al suelo de la sala.
La filtración ha provocado un impresionante malestar del juez Castro, pero también perplejidad. Sobre todo porque antes del interrogatorio se aplicó un protocolo de seguridad sin precedentes que intentaba, precisamente, evitar la grabación de imágenes. El juez dictó una providencia que obligaba a dejar a las puertas del juzgado en bolsitas de plástico transparentes todos los dispositivos electrónicos que portasen los abogados. Igualmente, el acceso al juzgado fue doblemente controlado hasta el punto de que, tal y como reveló Vozpópuli, algunos de los letrados de las acusaciones llegaron tarde al interrogatorio por el retraso que causaron los dispositivos de seguridad.
Fueron precisamente, los abogados de la acusación los más vigilados. A una de las letradas, la Policía le llegó a obligar a desmontar cada uno de sus bolígrafos que portaba y a vaciar su bolso completamente para evitar que colara una cámara oculta. A otro de los abogados se le vació el maletín y los agentes le pidieron que se quitara el reloj de pulsera para examinarlo ante la sospecha de que pudiera servir para camuflar una videograbadora. Un celo que, finalmente, no ha servido de nada.
