Rodríguez Sol sorprendió hace una semana con unas declaraciones a la agencia Europa Press en las que defendía el “derecho a decidir” de los catalanes y llegaba a identificarse, pese a las posteriores matizaciones, con la apuesta soberanista que encabeza Artur Mas. En la decisión de la fiscalía de abrirle un expediente para promover su relevo participó, como es lógico, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pero también el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, con quien el primero mantuvo una reunión para abordar el problema.
Torres-Dulce consultó con el ministro de Justicia el expediente abierto para relevar a Rodríguez Sol de la fiscalía de Cataluña
Abrumado por la polémica y por su eco en los medios, Rodríguez Sol presentó su dimisión antes de que se formalizara su cese en el cargo y ahora el ministro de Justicia presenta en privado la presión que se ejerció sobre el fiscal jefe de Cataluña como “un escarmiento” orientado a evitar que otros fiscales se salgan del tiesto y opinen sobre cuestiones políticas que, en opinión de Ruiz-Gallardón, no les compete.
Hasta aquí las cosas se ven hasta cierto punto lógica entre los fiscales, sobre todo por la alta sensibilidad política que despierta en estos momentos en España el proceso secesionista abierto en Cataluña. Lo que no se ve tan claro en el mundo judicial y es, además, objeto de duras críticas al ministro, es la reforma penal que ultima para, en una dirección parecida, maniatar la libertad de expresión de los jueces y de las asociaciones que les representan bajo el argumento de garantizar el secreto sumarial. Justicia se propone también limitar la capacidad que tienen para ejercer la acción popular. “Les vamos a meter en cintura”, ha comentado Gallardón en privado sobre los jueces más locuaces y que más contacto tienen con los medios de comunicación.
La reforma penal que prepara Justicia prohibirá a los magistrados opinar en los medios de comunicación sobre asuntos de actualidad y temas pendientes en los tribunales
A menos que el Congreso de los Diputados introduzca enmiendas que cambien el sentido de la reforma penal, Gallardón quiere prohibir, además, a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales ejercer la acción popular, ni siquiera a través de personas interpuestas, en procesos relacionados con casos de corrupción. En el artículo 42 de la reforma solo se permite emprender este camino “para la persecución de delitos cometidos por cargos públicos” a los ciudadanos que actúen a título particular.
Además, Gallardón reforzará la prohibición a los jueces de revelar datos de una causa, algo que se considerará falta muy grave o grave, lo que les impedirá, entre otras cosas, hablar con los periodistas. El alcance de la reforma va todavía más allá, y prohíbe que los magistrados o las asociaciones que les representan opinen sobre cualquier resolución judicial. En su artículo 45, se lee que unos y otros “se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los asuntos pendientes ante los Tribunales y sobre las resoluciones judiciales”.
Justicia impedirá ejercer la acción popular en casos de corrupción a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales
Por último, otro aspecto del cambio legislativo que tiene en vilo a los jueces es el que impide que cualquier tribunal pueda plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el máximo intérprete de la Carta Magna. “Los tribunales se abstendrán de promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional, así como de enjuiciar las resoluciones del mismo”, establece la reforma en su artículo 50.
La intención del ministro de “meter en cintura” a los jueces ha incendiado su relación con la mayoría de las organizaciones que les representan y ha sido uno de los motivos que les llevó hace quince días a respaldar la huelga convocada en toda España.
