La Operación Crucero tiene un nuevo 'tripulante'. Gerardo Díaz Santamaría, hijo del que fuera presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, acudirá mañana martes a la Audiencia Nacional a declarar como imputado por un presunto delito de alzamiento de bienes. Deberá responder ante el juez Eloy Velasco, que instruye el sumario que ya ha llevado a la cárcel a su padre y al liquidador Ángel de Cabo, por el sospechoso contrato privado que suscribió a favor precisamente de éste último en el que puso como aval cuatro lujosas viviendas y un yate de su propiedad, valorado todo en 11,3 millones de euros. Esta cesión que ahora investiga el magistrado ha evitado hasta ahora que el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid, que lleva el proceso de concurso voluntario de Aircomet, empresa de la que era administrador Díaz Santamaría, pueda embargárselos pese a que éste siguió haciendo uso de ellos.
Uno de los bienes sospechosamente puesto como aval es un chalé en La Moraleja de más de 1.000 metros cuadrados enclavado en una parcela de 2.700 metros
Así consta en el escrito que el pasado 25 de enero presentaron en la Audiencia Nacional los abogados del bufete Ashurst, que representan en la causa a Meliá, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur, y que llevó a que el pasado 4 de marzo el juez Velasco imputase a Díaz Santamaría. En concreto, el escrito de quince folios, al que acompañado una numerosísima documentación de escrituras, contratos y notas registrales que ha ocupado varios tomos en el sumario, detalla hasta tres supuestas irregularidades cometidas por el hijo del expresidente de la CEOE. Dos de ellas se refieren a la supuesta despatrimonialización de la compañía Trapsa. una de las compañías más importantes del Grupo Marsans y la única que aún estaba en números negros cuando quebró éste, y dos de sus filiales, Trapsatur y Trapsayates. La tercera, al presunto alzamiento de las cuatro viviendas y la embarcación para evitar su embargo.
Sobre esta última operación, la documentación aportada por los querellantes especifica que el 6 de agosto de 2010, apenas un mes después de que De cabo adquiriese la mercantil Teinver, matriz de Marsans, a través de su empresa Posibilitum Business, el liquidador y Gerardo Díaz Santamaría acudieron a una notaría madrileña para elevar a documento público un contrato privado entre ambos por el que se constituía una hipotecas de máximos a favor de la empresa de De Cabo por 9,9 millones de euros, más un 5% en concepto de intereses y costas. La garantía de dicho contrato eran las cuatro viviendas y el yate. Una de ellas, era un chalé en la lujosa urbanización de La Moraleja (Alcobendas) con 1.095 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 2.700 metros cuadrados. La segunda era otra vivienda unifamiliar situada, en este caso, en la urbanización El Encinar, en la misma localidad del norte de la capital, con 181 metros cuadrados en una parcela de 362 metros cuadrados.
El yate 'Ailatan'
La tercera era un piso en el centro de Madrid valorado en cerca de medio millón de euros. La cuarta, una casa en la localidad menorquina de Ciutadella, tasada en el documento en 1,7 millones de euros. La relación de bienes la completaba una embarcación modelo Azimut 43 S de 13 metros de eslora que aparecía matriculada en la misma población balear donde Díaz Santamaría tenía la cuarta vivienda. Esta embarcación, llamada Ailatan (el nombre de Natalia, su mujer, al revés) fue tasado en el documento por más de 1,7 millones de euros, muy por encima de su valor real. El supuesto objetivo de la escritura que hipotecaba todos estos bienes en favor de De Cabo era que sirvieran de garantía en el caso que Teinver (la matriz del Grupo Marsans que había adquirido la empresa del propio liquidador) no consiguiera los avales necesarios para que la IATA devolviera al grupo la licencia para reiniciar la venta de billetes aéreos. Sin embargo, dichos avales nunca fueron entregados a la organización que rige el transporte aéreo internacional.
El mísmo día que eran detenidos el expresidente de la CEOE y De Cabo, la hipoteca sobre los bienes de Díaz Santamaría fue cancelada sospechosamente
Pese a ello, los bienes del hijo de Díaz Ferrán se mantuvieron hipotecados a favor de Posibilitum sospechosamente hasta el pasado 3 de eiciembre, cuando la Policía detuvo al expresidente de la CEOE y a De Cabo dentro de la Operación Crucero. Ese día, el notario madrileño donde se había elevado a documento público el contrato privado enviaba a los registros de la propiedad correspondientes los documentos que cancelaban dichas hipotecas. Ese día, sin embargo, el juez Velasco dictaba un auto para bloquear numerosos bienes de los dos principales detenidos, entre ellos las cuatro viviendas y el yate cuya propiedad, por sorpresa, parecía haber recuperado Díaz Santamaría. "Es claro, y así lo ha percibido el propio Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid [el que instruye el concurso de acreedores de Air Comet], que el otorgamiento de las hipotecas que refleja la escritura del 6 de agosto de 2010 por parte del señor Santamaría a favor de Posibilitum responde a una clara maniobra delictiva dirigida a evitar, a través de la cosntitución de garantías reales ficticias, cualquier intento de cobro por parte de los acreedores", denunciaban los querellantes en el escrito en el que solicitaban la imputación del hijo del ex presidente de la CEOE.
Un parking, decenas de amarres y numerosos gimnasios
Sin embargo, las supuesta maniobras "delictivas" del hijo de Díaz Ferrán con las viviendas y el yate no serán las únicas sobre las que tenga que responder mañana en su comparecencia ante el juez. El magistrado y los abogados de la acusación también le interrogarán por el supuesto vaciamiento de Trapsa y dos de sus filiales, Traspatur y Trapsayates. Sobre la primera, el escrito de los querellantes detalla que es "una de las compañías más importantes gestionadas por el Grupo Marsans con una facturación anual de aproximadamente 35 millones de euros" y en la que Díaz Santamaría ocupó el cargo de gerente y apoderado desde el año 2006. Según su escrito, Trapsa ha trasladado todo su negocio hacia una empresa de la trama delictiva de De Cabo por precios irrisorios que, en la mayoría de los caso,s no superaron los 3.000 euros. Entre ellos, había flotas de hasta 40 autobuses.
Los querellantes denuncian que la trama de De Cabo aún obtiene beneficios económicos con los bienes del Grupo Marsans pese a la detención de su cabecilla
Los denunciantes también alertan al juez que "un mecanismo similar" está utilizando para ceder la gestión de una veintena de "centros de ocio y deportivos a terceros testaferros y colaboradores con el fin de alzarse con sus bienes", así como "un parking de la calle San Bernanrdo de Madrid con nada menos que 3.000 metros cuadrados de plazas de garaje" y la explotación de 37.000 metros de amarres en el puerto de Mahón. En estas maniobras, el escrito destaca el "papel trascendental del señor Santamaría[...]. Se encargaba personalmente de acudir a las Administraciones Públicas competentes para recabar de éstas las pertinentes autorizaciones para que las numerosas cesiones de las concesiones descritas resultaran aparantemente legales a los ojos de las Administración", destacaban los querellantes. En opinión de éstos, dichas operaciones han permitido a la organización de De Cabo seguir operando y obteniendo beneficios pese al encarcelamiento de su cabecilla.
Protegido por el silencio mexicano
Díaz Santamaría también tendrá que responder ante el juez sobre la extraña operación con la que su padre y su socio ya fallecido, Gonzalo Pascual, adquirieron en 2007 la empresa holandesa Ubert Real Estates por 35 millones de euros. En aquel contrato, los dos empresarios españoles dejaron pendiente de pago 27 millones de euros, por lo que redactaron un contrato de reconocimiento de deuda en el que pusieron como garantía de dicha cantidad tres fincas mexicanas a pesar de que, sobre el papel, ninguno de ellos era propietario de los mismos. De hecho, en los documentos notariales incorporados al sumario sobre la sospechosa adquisción de la empresa holandesa firmó como propietario de dichos terrenos en la costa de Baja California un empresa mexicana, Desarrolladora Saclol SA, en cuyo accionariado y consejo de administración tampoco aparecían ninguno de los dos empresarios españoles.
México se ha negado a bloquear tres fincas en Baja California que el juez Velasco sospecha han servido para 'ocultar' parte del dinero saqueado de Marsans
¿Qué hacía, entonces, una empresa centroamericana sin aparente relación con Díaz Ferrán y Pascual garantizando con una propiedad suya una compra de los ex dueños de Marsans? La explicación se encuentra en los mismos documentos y, más concretamente, en el nombre de la persona que intervino en la firma del contrato en representación de Desarrolladora Saclol SA: Gerardo Díaz Santamaría. Por ello, el juez intenta averiguar si parte del dinero que presuntamente fue saqueado del Grupo Marsans acabó siendo invertido en varios terrenos. Una labor que no se presenta fácil ya que las autoridades mexicanas enviaron recientemente a la Audiencia Nacional su respuesta a la petición de bloqueo de dichas propiedades que les había enviado el juez Velasco en una comisión rogatoria: no lo harán al considerar que sus propietarios no son ninguno de los investigados, sino una sociedad de su país y que, por tanto, no corresponde intervenir dichas propiedades.
