La alcaldesa de Alcalá declarará como investigada el 19 de noviembre por un delito de infidelidad en la custodia de documentos

El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Henares ha citado a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, a declarar en calidad de investigada el próximo 19 de noviembre por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, relacionados con la filtración de dos denuncias de agresiones sexuales que se vincularon a migrantes.

Tal y como explica Europapress, los hechos investigados se remontan a enero de este año, cuando la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso vinculó sin pruebas a inmigrantes con agresiones sexuales y un brote de sarna en Alcalá de Henares. Esa información no veraz fue conocida por la presidenta regional tras una reunión con la alcaldesa del municipio alcalaíno. Al día siguiente, Díaz Ayuso se puso de lado y dirigió la polémica hacia Judith Piquet.

Sin embargo, en una huida hacia adelante, responsables del PP madrileño publicaron en redes sociales un informe elaborado por la Policía Local del municipio sobre una agresión a una mujer cerca del cementerio de la ciudad

Ese informe de incidencia recoge los rasgos de los atacantes, pero no detalla ningún tipo de ataque sexual. La víctima fue atendida de varias lesiones porque fue derribada sobre la acera.

Ahora la Justicia quiere saber cómo pudo llegar ese documento confidencial a manos de terceras personas que además le dieron publicidad. Y al frente de la Policía Local de Alcalá de Henares se encuentra la alcaldesa, primera y última responsable de las labores de este cuerpo de seguridad pública.

El auto de citación, al que ha tenido acceso Vozpópuli, la jueza llama a declarar ese mismo 19 de noviembre, en calidad de testigos, al jefe de prensa del Ayuntamiento de Alcalá y a testificar al jefe de a Policía Local de la localidad.

El delito de infidelidad en la custodia de documentos es un delito que principalmente se imputa a funcionarios y cargos con responsabilidad ejecutiva. No lleva en ningún caso aparejadas penas privativas de libertad, pero sí la inhabilitación para el ejercicio de la función pública de 1 a 3 años.