La inminente aprobación de la amnistía deja en el aire la sentencia del Tribunal de Cuentas por el 'procés'

Entre las cuentas pendientes de Carles Puigdemont con la Justicia se encuentra el procedimiento abierto en el Tribunal de Cuentas por los gastos millonarios del 'procés'. El órgano fiscalizador tendrá que pronunciarse sobre este asunto en las próximas semanas, ya que la inminente aprobación de la amnistía marcará, previsiblemente, el efecto final de la sentencia. Una resolución crucial justo después de las elecciones en Cataluña.

El último en pronunciarse ha sido el Ministerio Público, el cual ha querido seguir con el procedimiento hacia adelante a pesar de que la proposición de ley de la amnistía avanzaba, en paralelo, su tramitación en las cortes. Por su parte, según revelan a Vozpópuli fuentes jurídicas, las defensas tienen hasta el próximo 15 de mayo para presentar sus escritos. Esto, unido a que la norma con la que se pretende amnistiar a los líderes del procés podría ser aprobada por el Congreso el próximo 30 de mayo, deja un escaso margen al Tribunal para dictar una sentencia, tan solo dos semanas.

Los abogados de los demandados, entre los que se encuentran Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros exaltos cargos del Govern, solicitaron el pasado mes de diciembre que se suspendiera la tramitación de la causa por motivo de la tramitación de la ley acordada con los socialistas. Las defensas mantienen que la futura aprobación de la misma dejaría sin efecto cualquier sentencia dictada por el órgano fiscalizado. Por tanto, los demandados (en su totalidad beneficiarios de la amnistía) apelaron a motivos de economía procesal y tutela judicial efectiva para intentar frenar el proceso fiscalizador.

La Fiscalía, por contra, solicitó que se siguiera adelante con la totalidad del procedimiento, al menos, hasta que entre en vigor la ley de amnistía. En su escrito de conclusiones, el Ministerio Fiscal manifiesta que -apesar de que la norma tramitada en las Cortes "extinguirá la responsabilidad contable" que se juzgan esta causa- su aprobación "es un hecho futuro y no exactamente incierto, pero tampoco dotado de una certeza plena, al desconocer la fecha de entrada en vigor de la ley y su exacto contenido y alcance".

Por todo ello, siempre ha defendido que se continúe con el procedimiento a fin de vislumbra cuáles son las responsabilidades fiscales de los demandados. La Fiscalía pide a los demandados un total de 3,4 millones de euros por los gastos del 'procés' con dinero público mientras que Sociedad Civil Catalana solicita más de 5 millones. La cifra exigida por el fiscal jefe, Manuel Martín-Granizo, es el resultado de la suma de los gastos derivados de la consulta de 2014, con Artur Mas a la cabeza de la Generalitat, con más de tres millones y los 883.695 euros de 1 de octubre de 2017.

La amnistía recoge los delitos contables

El texto acordado entre el Gobierno de coalición y los partidos independentistas, y diseñado a la justa medida del expresidente Carles Puigdemont, recoge expresamente -además de la exoneración de los delitos penales-, aquellos aspectos relacionados con el orden contencioso-administrativo y contable. La norma incluye en su artículo 1 aquellos "actos determinantes de responsabilidad penal, administrativa o contable, ejecutados en el marco de las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, de su preparación o de sus consecuencias, siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023".

De esta forma, quedarían incluidos en la amnistía los delitos contables cometidos por la administración de Mas. Los de Junts consiguen, así, amnistiar las multas interpuestas por el 'procés', lo que abocaría al Tribunal de Cuentas a anular la condena de 5 millones de euros al expresidente catalán por el 9-N.

Los de Feijóo, con una amplía mayoría en la Cámara Alta, llevarán al Pleno su propuesta de veto a la ley, el próximo 14 de mayo. La Mesa del Congreso podría convocar el pleno final de la amnistía para el próximo 30 de mayo. Previsiblemente, la Junta de Portavoces congregada para el próximo 21 de mayo, una semana después de las elecciones catalanas, diseñará el orden del día de la semana siguiente para incluir la última votación al texto de la ley de amnistía.