Como se esperaba, las conclusiones presentadas esta mañana por el grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid sobre la tragedia del Madrid Arena calcan al pie de la letra la línea de defensa establecida por el PP en la comisión de investigación. El problema es que durante la comisión esa estrategia pasaba por no responder a ciertas preguntas formuladas por Jaime Lissavetzky (PSOE) y David Ortega (UPyD). Y eso se ha traducido en un dictamen con lagunas asombrosas que vierte todas las culpas sobre Diviertt por el exceso de aforo y libra de cualquier sospecha al Consistorio. “La causa incuestionable de la tragedia… ha sido la intolerable e injustificable conducta del promotor del evento”.
El dictamen, desgranado esta mañana por el concejal de Economía Enrique Núñez, olvida la presencia de Simón Viñals, ex concejal popular, fundador del Samur y médico septuagenario cuyos servicios fueron contratados por Miguel Ángel Flores, dueño de Diviertt. Viñals, un histórico de la política municipal capitalina, protagonizó una sonora polémica tras la avalancha mortal. Durante la comisión, Alfonso Del Álamo, director de Emergencias y Protección Civil, declaró que el Samur vio a jóvenes tendidas en el suelo sin síntomas de que les hubieran practicado la respiración reavanzada.
El veredicto del PP ahonda en la polvareda levantada por la oposición sobre la ausencia de licencia del recinto: “El Madrid Arena se construyó bajo el control de los servicios técnicos municipales y con financiación municipal, por lo que goza del carácter de obra pública municipal a efectos de licencia urbanística”. En otras palabras, la legalidad que rodea a los edificios públicos no obliga a tener licencia.
"Prohibido sobrepasar el aforo"
El dictamen no abunda, sin embargo, en otras cuestiones técnicas, como el informe en manos del Ayuntamiento desde 2010 que aludía a graves fallos de seguridad en el recinto del Madrid Arena. El documento salió de Urbanismo y fue obviado por el equipo de Gobierno porque allí se siguieron celebrando eventos. En la semana que duró la comisión, el PP no abordó este informe en ningún momento.
Las conclusiones han sido presentadas en un compendio de 19 páginas. En él también se explican con mucho detalle funciones correspondientes a la empresa local Madrid Espacios y Congresos y a la policía municipal. Pero no, por ejemplo, por qué este cuerpo policial solo mandó un tercio de efectivos que la Policía Nacional. El texto concluye con “la causa de la tragedia” –motivada por Diviertt-, después con las “responsabilidades políticas” –solo el edil Pedro Calvo ha dimitido de sus cargos, pero no de su asiento- y acaba con “medidas propuestas”. Una de ellas es de traca: “Se va a adoptar la recomendación general hacer extensible a los contratos privados las prohibiciones para contratar recogidas en la legislación contractual de las administraciones públicas”. ¿Antes no estaba prohibido?
