La indiferencia que Ana Botella y su equipo destilan hacia sus servicios jurídicos para llevar asuntos judiciales que competen al Ayuntamiento de Madrid no ha pasado inadvertida. Según una notificación del Tribunal de Cuentas fechada el pasado 28 de enero y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se admite parcialmente la denuncia de un particular por “una serie de irregularidades en relación con la contratación de un despacho de abogados”. En dos ocasiones, Cibeles ha recurrido recientemente a costosos bufetes externos para llevar sendos asuntos municipales: dos célebres letrados privados para la defensa del caso Madrid Arena y dos conocidos despachos para realizar un ERE en una empresa pública.
El escrito del Tribunal de Cuentas, cuyo retraso a la hora de dar cierto tipo de informaciones, como las cuentas de los partidos políticos, es sobradamente conocido, otorga al acusador, Miguel Ángel Gallardo (empresario y portavoz de la asociación Apedánica, relacionada con delitos informáticos), “diez días para que manifieste si se constituye en parte en las presentes diligencias”. El Tribunal avanza algunos de los posibles delitos contenidos: “responsabilidad contable” o “perjuicios sufridos en los fondos públicos”.
El Ayuntamiento cuenta con una remesa de nada menos que 79 abogados. Ninguno de ellos fue utilizado en los dos casos descritos.
17.000 euros por un informe con errores
Para llevar la defensa en el caso Madrid Arena, el pabellón municipal en el que murieron cinco chicas la pasada noche de Halloween durante un festival de música electrónica, el Ayuntamiento contrató al vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Rodríguez Ramos, del despacho Rodríguez-Ramos. Además, Madrid Espacios y Congresos, empresa que depende del Consistorio y que gestiona el recinto donde ocurrió la tragedia, fichó a otro letrado de renombre, Nicolás González-Cuéllar. Rodríguez-Ramos y González-Cuéllar son los dos catedráticos.
Según publicó Libertad Digital a finales de noviembre, el Ayuntamiento abonó 18.000 euros más IVA al letrado Luis Rodríguez-Ramos.
Más polémica ha sido la contratación de los servicios de Ernst & Young y Sagardoy para presentar un Expediente de Regulación de Empleo en la empresa Macsa (Madrid Arte y Cultura S.A.). Inicialmente, el ERE contemplaba 75 despidos (25% de la plantilla), alcance que luego se rebajó considerablemente tras negociar con los sindicatos un plan de viabilidad más favorable a los trabajadores. De hecho, fuentes sindicales aseguraron en su día a Vozpópuli que Ernst & Young cobró 17.000 euros por un informe económico “plagado de errores” que, para fortuna de los empleados, hizo inviable la aplicación del ERE. Sagardoy, por su parte, se embolsó 20.500 euros.
