La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, la misma que dictó la sentencia de la pieza política de los ERE, será la encargada de decidir sobre los indultos al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y de otros siete condenados a penas de prisión por el delito de malversación en el caso de los ERE. El Tribunal Supremo ha remitido un oficio a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en la que comunica que como sólo se modificó la sentencia en relación al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez, cuya pena fue rebajada, sólo le corresponde tramitar el indulto correspondiente a este ex alto cargo.
Ahora el tribunal sevillano ha dictado dos providencias difundidas por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En una de ellas, remite la pieza correspondiente a la petición de indulto de Márquez al Supremo. En la segunda da traslado de la pieza separada de petición de indulto del resto de condenados al Ministerio Fiscal, para que el mismo emita el preceptivo informe, con el fin de pronunciarse ante el Ministerio de Justicia.
En la actualidad continúan en prisión seis de los nueve condenados a cárcel por este caso. Es el caso de los ex altos cargos Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez Román, Miguel Ángel Serrano y Agustín Barberá.
Sólo el ex alto cargo José Antonio Viera ya disfruta de su libertad desde el pasado mes de junio, cuando Instituciones Penitenciarias le concedió el tercer grado por motivos de salud. Tan sólo estuvo en prisión cinco meses de su condena de siete años.
No han pasado aún por la prisión, el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, que finalmente logró la suspensión de su condena durante los próximos cinco años por el cáncer de próstata que padece. También Juan Márquez, ha evitado de momento la cárcel, al rebajarle la pena el Supremo y darle un año de plazo.
De los nueve ex altos cargos que fueron condenados a penas de cárcel por la malversación de los fondos públicos relacionada con el escándalo de los ERE, el Tribunal Supremo sólo rebajó a más de la mitad (de siete a tres años) la condena impuesta al que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez Contreras, que sucedió en el cargo al principal imputado Javier Guerrero, que falleció en octubre de 2020 y al que el Alto Tribunal aplicó una circunstancia atenuante de reparación del daño como muy cualificada.
