Juan Espadas tiene un pasado como gobernante del PSOE en Andalucía y es precisamente esa etapa la que se convierte para él en un lastre de presente y futuro. No se trata, por tanto, de un candidato de borrón y cuenta nueva para presidir la Junta, sino de alguien a quien algunas promesas incumplidas persiguen, circunstancia que es aprovechada por el actual Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos.
Este martes Espadas protagonizaba un acto para presentar la llamada "Ponencia Marco" del 14 Congreso Regional del PSOE-A, que se celebrará en noviembre en la localidad malagueña de Torremolinos. La propuesta "estrella" de dicho documento, a modo de promesa si los socialistas vuelven al poder, es "convertir en derecho la primera oportunidad laboral de los jóvenes" y establecer una legislación que sería pionera en esta materia.
Lo cierto es que el principal rival del presidente Juanma Moreno no ha precisado muy bien cómo hará para garantizar ese "derecho" de los jóvenes, más allá de asegurar que pondrá en marcha "una alianza pilotada, promovida con las empresas, para buscar esa primera oportunidad laboral, construyendo una estrategia conjunta". Todo ello en función de la formación que tenga cada solicitante: "el reto del próximo gobierno socialista tiene que ser la juventud", ha anunciado grandilocuente.
Poco ha tardado el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, a su vez consejero de Presidencia, en devolver a Espadas al pasado. Lo ha hecho al recordarle que fue él quien impulsó en 2009 la Ley de Derecho a la Vivienda (aprobada en 2010 en el Parlamento). Un texto que, entre otras novedades, iba a permitir al ciudadano exigir en los tribunales una vivienda digna "y no se ha cumplido".
El también portavoz del Ejecutivo de coalición ha aconsejado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "finura y rigurosidad" en sus propuestas a la ciudadanía porque los socialistas, durante todos los años que han estado en la Junta, han intentado siempre "vender la moto" con propuestas que nunca se hacían realidad.
Para tratar de profundizar en los argumentos esbozados por Bendodo acerca del "fracaso" que, a su juicio, supuso la citada ley impulsada por Espadas, Vozpópuli se ha puesto en contacto con quien fuera ponente del PP cuando se aprobó en el Parlamento, Alicia Martínez, actual secretaria general de Vivienda en la Consejería de Fomento que dirige la consejera Marifrán Carazo.
"Cuando se aprobó aquella ley –recuerda Martínez– "estábamos en plena crisis inmobiliaria, que empezó en el 2008, y no se contempla ningún resorte para hacer frente a la crisis". Esta experta en Urbanismo recalca que por aquel entonces "empezaban los desahucios y esta ley no trabajó en absoluto esta problemática". Cree que el PSOE "se tapó los ojos" durante aquella situación de "crisis inmobiliaria" y protagonizó una "huida hacia adelante" con la Ley del Derecho a la Vivienda.
Alicia Martínez, con una dilatada experiencia como parlamentaria andaluza, sostiene que la ley de Espadas "quedó como inútil ante la sangría que estaba ocurriendo por los desahucios y la prioridad era apoyar a las familias que se enfrentaban a ejecuciones hipotecarias" de sus viviendas.
La alto cargo de la Consejería de Fomento asegura que no tiene constancia de ningún andaluz que reclamara su derecho a una vivienda en los tribunales. Martínez sostiene también que el Plan Concertado de Vivienda y Suelo que promovió Espadas, como consejero, y que abarcaba el periodo 2008-2012 "tuvo una bajísima ejecución, e impidió la posibilidad de ejecutar vivienda pública". A todo ello, añade Martínez, "de 2012 a 2016 ni siquiera hubo un Plan de Vivienda como tal en Andalucía, porque había un vacío absoluto", sentencia.
Conviene recordar que la política de vivienda pública de la Junta de Andalucía entre 2012 y la salida del Gobierno de Susana Díaz (2019) brilló por su ausencia. Otros expertos en urbanismo hablan de "balance paupérrimo" y aseguran que "no se hizo nada" en lo que se refiere a viviendas en régimen de propiedad o alquiler.
Otro aspecto no menos polémico de los gobiernos socialistas, concretamente los de Manuel Chaves, fue que se llegaron a prometer viviendas gratis para andaluces que cobraran menos de 3.000 euros. De nuevo otra propuesta de cara a la galería, como pudieron ser las vacaciones gratis para amas de casa, o la promesa de camas individuales en hospitales públicos.
Si uno repasa las hemerotecas del periodo en el que Espadas impulsaba la citada ley sobre vivienda puede comprobar cómo ya en noviembre de 2009 el entonces consejero de Vivienda y Territorio se quejaba de que la mitad de las viviendas calificadas como aptas para ser viviendas protegidas no habían logrado financiación necesaria para ser edificadas. De hecho, el Diario de Jerez recogía que los promotores no conseguían que los bancos y cajas de ahorros les otorgaran los créditos necesarios para estas operaciones.
En base a lo anteriormente expuesto, el rotativo gaditano del Grupo Joly ya apuntaba la posibilidad de que pudiera frustrarse, como así fue finalmente, el ambicioso Plan Concertado de Vivienda y Suelo que Espadas impulsó nada más tomar posesión de su cargo como consejero.
Pero la citada ley de Espadas no sólo se encontró con reproches del Partido Popular, también a la izquierda del PSOE. En la campaña de 2018 Adelante Andalucía fue muy crítica con algo que "no se cumple", en alusión al derecho a una vivienda recogido en el Estatuto de Autonomía.
El portavoz adjunto de Unidas Podemos por Andalucía en el Parlamento, Guzmán Ahumada, se muestra crítico y sostiene que la ley que impulsó Espadas "no se cumple y él tiene que callar, al igual que el PP", señala en alusión al actual Gobierno. Ahumada recuerda que la ley de 2010 "fue modificada en 2013 por nuestra parte, incorporando cuestiones muy concretas para garantizar el acceso a la vivienda y que hubiera menos casas deshabitadas". Denuncia que tales modificaciones "han sido incumplidas en estos dos años por PP y Ciudadanos".
Procesados cinco exdirectivos de una empresa pública que presidió Espadas
Por si no fuera suficiente con las promesas incumplidas de Espadas en el pasado, como consejero de los gobiernos de Manuel Chaves, el destino quiso que este martes en el que presentaba la Ponencia Marco del 14 Congreso Regional, saltaran de nuevo a la luz los escándalos relacionados con la empresa EGMASA, una empresa pública de gestión medioambiental, dependiente de la Junta, que él presidió entre los años 2004 y 2008. Concretamente, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, procesa a cinco exdirectivos de EGMASA.
Se investigan las subvenciones excepcionales, por importe de 21,67 millones de euros, concedidas por la Administración autonómica a la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), para las prejubilaciones de 373 empleados; por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación, extremo que afecta a nueve personas investigadas y a Egmasa, CCOO y Vitalia como responsables subsidiarias.
En este auto emitido el pasado 27 de septiembre y recogido por Europa Press, el juez Vilaplana determina que la causa gira en torno a "la presunta ilicitud de las ayudas excepcionales concedidas a Egmasa por la Dirección de General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Andalucía", precisando que "habrían sido concedidas de manera ilícita y arbitraria ayudas por importe aproximado de 21.673.680,62 euros, de los cuales consta que los pagos realizados desde el año 2004 hasta el año 2010 por la agencia IDEA suman 16.069.3918,88 euros a los que habría que añadir 300.000 euros mediante los denominados pagos cruzados, cantidades que abonaba IDEA para el pago de la prima de una póliza que, por orden del entonces director general a la compañía aseguradora, ésta aplicaba a otras pólizas o compromisos ordenados por el titular de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero Benítez", ya fallecido.
El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado se dirige contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera; el exdirigente de CCOO Antonio Perianes; el ex secretario general y consejero delegado de Egmasa Javier Serrano; los directivos de Egmasa María del Mar Espejo Tudela y Antonio del Valle Jiménez; el exjefe de división de Recursos Humanos de Egmasa Pedro García González; el exviceconsejero Juan Jesús Jiménez Martín por su cargo anterior en Egmasa y los exdirectivos de la consultora Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín.
Además, el auto incluye como responsables civiles subsidiarios a Egmasa, Vitalia y a CCOO a través de varias de sus estructuras, como las de industria o la regional de Andalucía.
