¿Por qué la Junta de Andalucía no usará los 112 millones de Fondos Europeos para Educación?

El curso arranca en la comunidad más poblada de España con casi 1.8 millones de estudiantes convocados al ritual de iniciación. La temporada arranca con un incendio que conecta los más de siete mil centros docentes con la Moncloa y las escuelas infantiles para alumnado de 0 a 3 años están en el centro de la polémica. 

Tras el Consejo de Gobierno, la ministra de Educación, desde Madrid, cargaba cañones contra el presidente andaluz Moreno Bonilla. Pilar Alegría afirma que Moreno Bonilla ha rechazado oficialmente el uso y ejecución de 112 millones de euros provenientes de los Fondos Europeos de Recuperación y resiliencia. 112 millones que iban destinados a las escuelas infantiles. 

La letra chica de la ayuda que redirige el Ministerio explicitaba que el montante era para crear plazas de educación infantil públicas y gratuitas. Alegría enfatizó que, ese dinero que no ha querido la Junta sí ha sido redirigido a otras comunidades autónomas. De hecho, el Consejo de Ministros aprobó ayer el primer tramo de esa ayuda con 32 millones. 

“Me gustaría llamar su atención” sobre el hecho de que la Junta de Andalucía “ha rechazado expresamente que 12.000 familias andaluzas pudieran disfrutar de una nueva plaza pública y gratuita”. Este rechazo implica la redistribución de los fondos a otras siete comunidades que, por lo pronto, podrán subvencionar la creación de 2.900 plazas para el primer ciclo de infantil “públicas y gratuitas”.  

Aragón, Asturias, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia y Navarra sí habían solicitado la ayuda. Cabe preguntarse ¿por qué Andalucía no necesita más de 100 millones de euros para facilitar el acceso a la educación no obligatoria y la conciliación laboral en las familias que empiezan su camino? 

Arruinar un modelo ejemplar 

Consultada la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía por ese tren de 112 millones que ha dejado pasar, la respuesta es sencilla: “es un montante que iba a arruinar el sistema ejemplar que ya tenemos”. Actualmente, en Andalucía el apoyo a las familias se hace a través de su renta y subvencionando la matrícula que cobran las empresas que licitan el servicio. 

Dentro de ese grupo, sobre todo en localidades de entornos rurales, hay ayuntamientos que, ante la falta de empresas que concursen para encargarse de los más pequeños, crean líneas de gestión pública y municipal. 

Las ayudas de las que habla la ministra Alegría vendrían a comprometer el actual sistema, ya que desequilibrarían y arruinarían al tejido que lleva años funcionando “de manera ejemplar”, afirman desde la Consejería. De hecho, este sistema no es un asunto de izquierda vs derecha. Este sistema se instaló en Andalucía en tiempos de Susana Díaz.  

A día de hoy, permite que Andalucía esté por encima de la media nacional y muy por encima de las recomendaciones europeas, con un 58.3% de escolarización para menores de 0 a 3 años. Con estos datos, “es difícil entender el empecinamiento en apostar por un modelo de nuevas plazas. Las comunidades que sí usan esta ayuda no tienen plazas, pero es que nosotros sí las tenemos”, reflexiona la consejera andaluza, María del Carmen Castillo. 

Ayuda finalista, pero sin demanda 

La creación de miles de nuevas plazas gratuitas y públicas del Ministerio choca con la realidad demográfica. Crear líneas y aulas en un año en el que, solo en Andalucía, el curso escolar arranca con 25.000 estudiantes menos es contradictorio. Con 61.970 nacimientos en 2023, Andalucía ha alcanzado su mínimo histórico. 

Desde la Junta aclaran que llevan tres años pidiendo por activa y por pasiva que los Fondos Europeos pudieran usarse no para nuevas plazas, sino para asegurar la gratuidad del primer ciclo de infantil.  

Que el modelo de colaboración público-privada funciona, detallan fuentes de la consejera, lo evidencia que Andalucía es la comunidad con mayor número de escolarizaciones en este tramo, con más de 103.000 niños. Pero hay otro factor que explica por qué la Junta no usa los 112 millones de Alegría. 

Esa inversión crearía nuevas plazas en lugares donde no hay demanda, un sinsentido, dada la evolución demográfica y la natalidad cada vez más exigua. Andalucía tiene más de 20.000 plazas. Las zonas donde no hay oferta son localidades pequeñas en entornos rurales. Precisamente, a esos Ayuntamientos la Junta sí les ofreció una línea de inversión para sufragar nuevos centros. Pero tampoco los Ayuntamientos han acudido masivamente a reclamar ese dinero. No hay demanda porque no hay natalidad. De las 12 mil plazas que se ofertaron crear, los Ayuntamientos sólo han solicitado la creación de 1.040.    

Desde Andalucía lamentan que, ante su demanda de modificar el carácter finalista de las ayudas europeas, no han tenido respuesta ni flexibilidad por parte de Moncloa. Una adaptación que, sin embargo, sí llegó para otras comunidades como el País Vasco, donde denuncian desde la Junta, sí se adaptaron los fondos para sus necesidades y características de su sistema.