"Queremos investigar toda la contratación de emergencia de 2020, 2021 y toda la que de manera sorprendente se siguió haciendo de tal forma en 2022". Este es el anuncio que ha hecho este miércoles el portavoz parlamentario adjunto del PSOE-A, Mario Jiménez, al poner bajo sospecha decenas de miles de contratos urgentes llevados a cabo por la Junta de Andalucía, desde que hace justo ahora dos años comenzara el estado de alarma por la pandemia de covid-19.
Jiménez, que ha comparecido en rueda de prensa en en el Parlamento en las horas previas a la comparecencia del consejero de Hacienda, Juan Bravo, del Partido Popular, ha asegurado que el 90% de los más de 17.000 contratos de 2020 (en su mayoría sanitarios) fueron menores. El monto total fue de 979,8 millones euros. Este parlamentario opositor denuncia que el Ejecutivo autonómico, conformado por conservadores y liberales, continuó con la vía de urgencia una vez ésta fue derogada por el Gobierno central y notificada por la Consejería de Hacienda al resto de consejerías.
El citado cargo socialista, que se basa en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ejercicio 2020, señala que manejan "cifras que marean" en relación con el volumen de contratación de emergencia desarrollada desde marzo de 2020 hasta ahora, "a pesar de que el Gobierno de España ya determinó que los motivos que justificaban la contratación de emergencia habían concluido, al haberse disipado las condiciones de mercado", en alusión a las dificultades generadas al comienzo de la pandemia para encontrar los suministros demandados.
Concretamente, fue el 4 de mayo de 2021 cuando se aprobó un Real Decreto del Gobierno de Sánchez en el que se declaraba que ya no estaba en vigor la autorización de los contratos de emergencia, por lo que se derogaba la directriz que comenzó a regir estos procesos administrativos desde marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, ha preciado Jiménez.
"La propia Dirección general de contratación de Hacienda traslada el 18 de junio de 2021 que ya no se dan las condiciones para seguir contratando por vía de emergencia", ha recalcado el portavoz socialista al preguntarse acto seguido "por qué no se pararon estas contrataciones" que, según ha dicho, "han continuado hasta febrero de 2022".
Jiménez, que no ha podido precisar ningún caso concreto de posible trato de favor a familiares de gobernantes del Partido Popular o Ciudadanos, más allá de un caso de corrupción por contratos de mascarillas en la Diputación de Almería,–gobernada por los populares– sostiene que “hay riesgos de que aparezcan circunstancias como la de Madrid que afecta al hermano de la señora Ayuso". En este punto, desde el PSOE andaluz se destaca "lo que hemos conocido hoy sobre que Anticorrupción llamará a declarar al hermano de la presidenta" de la comunidad de Madrid.
“Creemos que es necesario poner en marcha este control exhaustivo de la contratación, porque pudiera haberse hecho un abuso del mecanismo de contratos de emergencia con ánimo de eludir los controles”, ha justificado el diputado por Huelva. Además, Jiménez va más allá al considerar que la Junta de Andalucía "no puede alegar desconocimiento" desde el momento que existió la directriz de la Consejería de Hacienda para no seguir con la vía de emergencia.
Además de solicitar todos los contratos de los citados tres ejercicios anuales el PSOE pedirá "certificación al Consejo de Gobierno de que se cumplen los requisitos" necesarios. En este sentido quien fuera uno de los hombres fuertes de la expresidenta Susana Díaz en el Parlamento, luego relegado al ostracismo, ha explicado que "aunque la contratación de emergencia permite eludir la fase de preparación de los contratos, su publicación en la fase de concurso sí establece una serie de obligaciones", empezando por "la convalidación de la emergencia por parte del Consejo de Gobierno", un requisito que el PSOE-A quiere saber si se produjo en los contratos de dichos tres años.
Los socialistas también quiere conocer si se han inscrito "todos y cada uno de los contratos en el registro de contratos de la Junta", y si se han ido remitiendo "al Portal del Contratante" todos ellos, según ha detallado Jiménez. De hecho, ha recordado el diputado, "la ley establece también la obligación de que cualquier contrato de emergencia que se haga se formalice en un plazo de 30 días". Así pues, en base a todo lo anteriormente expuesto, desde el PSOE-A van a solicitar la certificación de que todos los contratos que se han declarado de emergencia y se han llevado a la práctica "se han formalizado en ese plazo de tiempo".
El Grupo Parlamentario Socialista llega a la conclusión de que la Junta de Andalucía ha utilizado "de manera torticera" un mecanismo que se permite "de manera excepcional para eludir los controles" que en materia de contratación establece la legislación básica para impedir el control del destino de esos recursos públicos, la libre concurrencia y para "contratar de una manera que nos parece muy sospechosa", ha incidido Jiménez.
Por lo que respecta al elevadísmo número de contratos menores el principal partido de la oposición, que ganó las elecciones autonómicas en 2018, considera que "ese régimen de contratación es más laxo frente a contratos que, razonablemente, se podrían haber acumulado buscando un mejor uso de los recursos públicos". Todo ello –acota el PSOE-A– "con mayor control y transparencia en el proceso de contratación".
La voluntad de los socialistas andaluces es que el Gobierno de Juanma Moreno "traslade inmediatamente" al Parlamento toda la información solicitada "con la máxima transparencia". Reclaman diligencia "ante el alcance y volumen de contratos y recursos económicos que están comprometidos en estos procedimientos".
El diputado socialista no ha querido finalizar sin recordar que ya se han dictado "50 sentencias en los tribunales vía administrativa que ponen en evidencia que el Gobierno de la Junta ha abusado de la contratación de emergencias" en materia de personal, y que, por ello, "han declarado nulas las contrataciones de más de 4.000 trabajadores públicos en Andalucía".
