Veintidós días después de que se conociese, tras el encuentro entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, el aplazamiento de la ley de regadíos poco o nada se sabe del acuerdo que ambos querían alcanzar en pos de una solución para Doñana que convenciese y beneficiase a todos. No obstante, la última reunión entre ambas administraciones se llevó a cabo el pasado jueves, y de momento nada se sabe.La sintonía es buena, ambas partes son optimistas pero el acuerdo no se acaba de cerrar. Pese a que tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, han hablado de posturas muy cercanas y de muchos avances nada se sabe del supuesto acuerdo.
La semana pasada conocíamos que el principal escollo eran los agricultores, a los que la ley de regadíos de la Corona Norte de PP y Vox iba a beneficiar tras quedar fuera en 2014 de la zona de regantes, pero nada más se ha sabido hasta hoy de Doñana, pese a que Moreno aseguró que de no alcanzar un acuerdo llevaría a final del mes de octubre la ley de regadíos al Parlamento, hoy y mañana hay Pleno en la cámara andaluza y no hay ni rastro de la ley de regadíos en el orden del día.
Ribera avanzó este martes en Bruselas que el plan de futuro para buscar desarrollo económico sostenible en Doñana para diversificar actividades incluirá viviendas para jornaleros y cierre de pozos ilegales y legales. "El Gobierno ha identificado un volumen muy importante de recursos para poder hacer un programa muy extenso que afecta desde vivienda para trabajadores, para jornaleros, y mejora de las infraestructuras urbanas hasta diversificación de actividades del sector agrario y de la agroindustria", aseguró Ribera.
Ni una gota más de agua
La ministra en funciones reconoció que la situación del parque natural "ha sido un caballo de batalla muy importante en la política domestica" y destacó que desde su Ministerio y desde la Junta de Andalucía han alcanzado el "compromiso de trabajar por la protección del entorno natural, contribuyendo al desarrollo económico social en ese territorio de la forma compatible con el desarrollo sostenible, es decir, cómo generamos oportunidades diversificando”. El objetivo, que se ha buscado también en reuniones con con los agentes locales, empresariales y sociales, es añadir "valor a aquello que no puede estar sólo vinculado a la extensión de regadío porque no hay agua, no va a haber más agua y es imposible prometer lo que no se dispone".
Teresa Ribera adelantó que el plan de desarrollo en ciernes, además de ofrecer nuevas oportunidades a la comarca, protegerá el agua del humedal "cerrando pozos ilegales pero también cerrando pozos legales, con concesión de agua”. Hasta el momento no existe una propuesta firme del Gobierno de España con respecto a Doñana, pero Ribera ha indicado que "nuestra intención es poder hacer una propuesta en las próximas semanas", concluyó.
Un acuerdo que debe contentar a todos
Si algo complica el acuerdo del Parque Nacional de Doñana y lo convierte en un gran tira y afloja es que entre otras cosas, existen muchos agentes involucrados: ayuntamientos, agricultores, ecologistas, y científicos. Hay que contentar a todos y ahí llega lo verdaderamente complicado.
En primer lugar se encuentran los agricultores, pese a que la ministra Ribera asegura que no dará ni una gota más de agua y que incluso puede llegar a cerrar pozos legales, Juanma Moreno ha asegurado que el acuerdo pasa por la aprobación de los agricultores o no se va a realizar. Y es que esta ley de regadíos, es una promesa personal del propio Moreno a los agricultores que se quedaron fuera del plan de regularización del regadío que llevó a cabo el PSOE en Andalucía cuando gobernaban en 2014 y que el presidente andaluz ha asegurado que es “una injusticia histórica”.
Además de los agricultores el acuerdo debe tener en cuenta también la opinión e intereses de los alcaldes de la Corona Norte de Doñana, que engloba las localidades de Lucena del Puerto, Rociana del Condado, Bonares, Moguer y Almonte, donde se ubican los terrenos que, iban a pasar a ser considerados de regadío. Unas 750 hectáreas que se concentran, sobre todo, en Lucena del Puerto y Bonares. Fuentes cercanas a la negociación, aseguran que los gobiernos municipales involucrados van a plantear alternativas al cultivo de fresas sin descartar la permuta de suelos. El Gobierno de España ya aseguró que no pensaba invertir ni un solo euro de los más de 350 millones en la compra de tierras de los agricultores afectados.
Por último, habría que realizar una inversión importante en la provincia de Huelva que sume a nivel socioeconómico y que logre mantener a la provincia onubense como una provincia prospera y con futuro. Como ejemplo de estas inversiones, se llevarían a cabo campañas de promoción de la fresa onubense. Además el ejecutivo andaluz reclamaría la ejecución de las numerosas obras hidráulicas que quedan por hacerse en la comunidad.
El pacto que contente a todos se intuye complicado pero de momento, la ley de regadíos no pasa por el Parlamento andaluz y por tanto aun sigue despejado el camino para un gran acuerdo.
