El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunirán en Sevilla el próximo 22 de febrero para buscar soluciones conjuntas entra ambas administraciones a la persistente sequía que vive la comunidad. Moreno y Ribera se verán ese día en el Palacio de San Telmo de la capital andaluza, sede de la Presidencia de la Junta, si no hay un cambio de agenda de última hora, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.
Los dos dirigentes mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada en la que se emplazaron a mantener un encuentro en persona para programar acciones contra la sequía en Andalucía y para estudiar, entre otras cuestiones, la fórmula a aplicar con Hacienda para pedir el Fondo de Solidaridad de la UE, como reclamó Moreno en su viaje a Bruselas.
En esta reunión, se va a llevar a cabo un programa de acciones para "garantizar la normalidad" en verano, época en la que se prevén restricciones de abastecimiento en Andalucía por la sequía, y tener "colaboración, cooperación y coordinación" para sacar adelante los proyectos hidráulicos pendientes.
Avanzar juntos
Las obras hidráulicas pendientes en Andalucía, el fondo de solidaridad de la UE o la posibilidad de que el agua llegue en barcos si la sequía se vuelve aún más grave. Estos son los principales temas a tratar entre Ribera y Moreno. La Junta de Andalucía ya tiene conversaciones muy avanzadas con la Región de Murcia para traer barcos con agua desde la desaladora de Cartagena, con excedentes, aunque para ello es necesario el permiso de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Moreno y Ribera volverán a reunirse personalmente, aunque sus equipos están manteniendo encuentros periódicos, después del acuerdo que cerraron para proteger el Parque Nacional de Doñana, a raíz de la ley para regular suelos de regadío que defendía el Gobierno andaluz.
Andalucía basa su petición del fondo de solidaridad en la dura situación de sequía, con las reservas de agua en las cuencas al 20%, y un impacto económico que casi alcanza ya los 4.300 millones (-2,1 % del PIB en 2023). Además, expone los precedentes de Chipre y Rumanía, para los que se activó este fondo especial de la UE.
