Andalucía

Sánchez desvía el foco de su acuerdo de inmigración con Junts y señala a Andalucía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha comparado el acuerdo con Junts en inmigración con las competencias sociales que tiene Andalucía recogidas en el Estatuto de Autonomía

  • El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno

O Sánchez le ha mentido a Junts o miente ahora. Este débil Gobierno de España manejado por los independentistas catalanes está dejando demasiadas mentiras al descubierto. Parece que el tema de la inmigración es otro más. Si bien desde Junts aseguran que han conseguido, tras no votar los decretos, que las competencias en inmigración sean de Cataluña, desde el Gobierno, por boca del propio presidente, Pedro Sánchez, el acuerdo será como el que tiene Andalucía en su Estatuto. Es decir, Cataluña no tendrá competencias en inmigración por encima de las que tiene España como nación.

Tanto el control de las fronteras, como la inmigración, la extranjería y el derecho de asilo son competencias exclusivas del Estado, que es el encargado de regular los flujos mediante la concesión o denegación de permisos de residencia, del asilo y de la propia nacionalidad. Esto se explicita en el artículo 149 de la Constitución, y así lo recordó el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña de 2006. Los magistrados anularon el artículo referente a la inmigración ante la solidez de que la "Constitución confiere inequívocamente al Estado la competencia exclusiva a este respecto".

Sin haber aclarado el Gobierno aún que va a “transferir” a Cataluña con respecto a política de inmigración, Sánchez ha explicado en una entrevista en RNE, que hay comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía que recogen en sus estatutos de autonomía puntos relativos a la ordenación de la migración como "las autorizaciones iniciales para el empleo" aunque en coordinación con el Estado que otorga los permisos de residencia.

¿Qué hay de verdad en las palabras de Sánchez?

Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía y como se recoge en su artículo 62, la comunidad que preside Juanma Moreno tiene competencia estatal en materia de entrada y residencia y
de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.

Artículo 62. Inmigración

  1. Corresponden a la Comunidad Autónoma:
    a) Las políticas de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes, en el marco de sus competencias.
    b) La competencia ejecutiva en materia de autorizaciones de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Andalucía, en necesaria coordinación con la competencia estatal en materia de entrada y residencia y de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Esta competencia incluye la tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo, la tramitación y resolución de los recursos presentados a dichas autorizaciones y la aplicación del régimen de inspección y sanción.
  2. La Comunidad Autónoma participará en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Andalucía y, en particular, la participación preceptiva previa en la fijación del contingente de trabajadores extranjeros a través de los mecanismos previstos
    en el Título IX.

Las Comunidades Autónomas, dentro de las que se encuentra Andalucía, tienen como únicas competencias asistenciales, sanitarias y de tutela de los menores no acompañados

Andalucía sobre las competencias de inmigración

La posición de la Junta es clara con respecto a la inmigración: no se solicitarán "en ningún caso" tales competencias si la ley se aprobase y apoyará al PP en el supuesto de que la recurra ante el Tribunal Constitucional.

El consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, explicaba hace unos días que "Eso es imposible, la nacionalidad, la inmigración y el derecho de asilo son competencias exclusivas del Estado, es la raíz nacional; lo otro, sería el caos. Si yo, como Junta de Andalucía, asumo las expulsiones o el derecho de asilo, tendría que tener relaciones internacionales con los países de donde provienen, conocer sus datos, poder devolverlos. Esto imposible, pero de lo que estoy seguro es que es otro intento para terminar de desmantelar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Cataluña".

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