Nunca antes, el golfo de Cádiz había estado tan lejos del corazón de Europa. Pocos entienden las últimas medidas emprendidas por el ejecutivo europeo. La intención de la Comisión Europea de volver a limitar el cupo de pesca de boquerón y sardina podrá obligar al cierre de temporada para la flota pesquera, sinónimo de extinción del sector.
España trata de revolverse en las comisiones de ministros de pesca del Consejo de la UE. Por ahora, Planas ha conseguido que 13 de los 17 países respalden sus protestas contra el nuevo recorte pesquero que se ceba con una región de pesca tradicional que, en los últimos años, no encuentra consuelo.
“Es catastrófico”, cuenta a Vozpópuli, Manuel Belmonte, portavoz de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE). “Si nada cambia, vamos al amarre inmediato de toda la flota. No afecta sólo directamente a la pesca, sino que es una tragedia regional, muchas empresas viven de nuestra actividad, empresas de congelado, transporte en frío, logística y conservas…”.
Cálculos sectoriales estiman que, solo en la provincia de Cádiz, más de dos mil familias dependen directamente de la pesca. En datos de 2021 se cifraban en 2.358 empleos directos. Se trata de la provincia que más toneladas de pesca explota y la que mayor valor económico genera, al menos hasta ahora, "no sé qué futuro esperan para Cádiz”, lamentan desde FACOPE.
Echar el ancla
La medida anunciada por la Comisión Europea propone la reducción de una cuota del 54% en la cuota de pesca de boquerón atlántico ibérico. La media apunta a las flotas de Portugal y España. La propuesta de Bruselas pretende ser retroactiva, contando desde el 1 de julio de 2024, lo que supone todo un lastre para un sector que depende de la pesca de boquerones y sardinas como productos de mayor valor añadido.
Desde el Ministerio de Pesca alertan de que la medida supone el amarre de 75 embarcaciones pesqueras en el Golfo de Cádiz. Sobre el terreno, los pescadores confirman que las repercusiones pueden ser aún peores.
La reducción del 54% no afecta por igual a toda la flota pesquera ibérica. La Comisión ha trazado una línea divisoria en el caladero que separa la zona afectada en norte y sur. La Comisión propone establecer la condición especial de que las capturas en la parte meridional no podrá exceder las 969 toneladas.
Redondeando a mil toneladas, estas se reparten al 50% entre la flota española y portuguesa, con lo que la flota del Golfo de Cádiz, que acumula a las embarcaciones afectadas, se quedaría con 500 toneladas como cupo. El año pasado, su cupo era de 10.000 toneladas, supone una reducción del 95%, algo que los pescadores definen como una condena en vida.
Las Cofradías cerqueras de Huelva y Cádiz tienen sus esperanzas en la mediación del ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la ex consejera de la Junta del ramo, Carmen Crespo. Crespo pide la retirada de la propuesta de “recorte injusto”. La actual presidenta de la Comisión de Pesca en el Parlamento dice que “esta no es la primera decisión que afecta drásticamente al sector”, en este caso, concreta que la medida podrá menoscabar el 70% de las ventas de la flota.
Mucho más beligerante se muestra el ministro Planas, que denuncia el momento de realizar el recorte, en mitad de temporada, y las ausencias del informe biológico preciso a la subespecie, y no al conjunto de la población, que trata de limitar la Comisión con brocha gorda.
El equipo español enumera varias carencias y contradicciones con la propia normativa europea contenidas en la propuesta de la comisión, hasta el punto de que Planas ha preguntado “¿quién pilota esta propuesta, la comisión Von der Leyen 1 ó 2?”, en alusión al momento de transición en el colegio de comisarios actual.
De hecho, Planas asegura que en más de 4 décadas de gestión en asuntos europeos, “no he visto una propuesta tan carente de sentido político”. La solicitud española de que esta medida vuelve a ser revisada y cancelada en su estado actual ha sido respaldada por 13 de los 17 países participantes en la Comisión: Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos y Portugal.
Cabe recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) estableció una resolución que crea jurisprudencia el pasado 11 de enero en el asunto Friends of the Irish Environment (Possibilités de pêche supérieures à zéro). En su dictamen, el TJUE establecía que resoluciones como la que pretende ahora la Comisión para limitar la pesca de boquerón no pueden solo apoyarse en un informe de sostenibilidad biológica. Las propuestas han de tener, normativamente, tres patas, incluyendo los aspectos sociales y los económicos. En este caso, y para consuelo de Cádiz y Huelva, estos informes ni si quiera se han realizado, lo que indica que esta propuesta naufragar
