El juez Fernando Andreu sustituirá a José Ricardo de Prada en el tribunal que juzgará la caja B del PP tras haberse admitido la recusación contra éste planteada por el PP y su extesorero Luis Bárcenas por haberse pronunciado sobre las cuentas opacas de ese partido en la sentencia de la primera época de Gürtel.
La sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que corresponde juzgar los llamados papeles de Bárcenas, ha emitido una providencia en la que anuncia que, "de conformidad con las normas de reparto", será Andreu quien sustituya a De Prada.
De este modo, el tribunal que celebrará este juicio, para el que por el momento no se ha fijado fecha, estará compuesto por Andreu y las magistradas María José Rodríguez Duplá y Fernanda García Pérez.
No obstante, la composición del tribunal podría verse de nuevo modificada ante la salida de Rodríguez Duplá de la Audiencia Nacional, donde actualmente preside la sección segunda de lo Penal, a la Sala de Apelación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según han indicado fuentes jurídicas.
La de De Prada ha sido la cuarta recusación en el caso Gürtel, tras apartar en su día por posible afinidad con el PP a la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, y a Enrique López (actual consejero madrileño de Justicia), del juicio a la primera época de la trama y del de la caja B, del que también tuvo que salir por el mismo motivo el magistrado Juan Pablo González, actual presidente de la Audiencia Provincial de Madrid.
El PP recusó a De Prada
El PP y Bárcenas recusaron a De Prada, de tendencia progresista, por considerarlo parcial para juzgar ese procedimiento tras haberse pronunciado respecto de la existencia de la caja B en la sentencia de Gürtel.
En esa sentencia, que dio pie a la moción de censura que llevó al Gobierno al PSOE de Pedro Sánchez, se declaró "plenamente acreditada esa contabilidad B" en el partido y dudaron de la credibilidad del expresidente Mariano Rajoy al negar su existencia cuando declaró como testigo en el juicio.
En el caso de la caja B, también conocido como el de los papeles de Bárcenas, están acusados el extesorero del partido (que se enfrenta una petición fiscal de 5 años de prisión), el exgerente Cristóbal Páez (18 meses de cárcel), así como el PP como responsable civil subsidiario, al que se le reclamó una fianza de 1,2 millones de euros.
Se refiere fundamentalmente al supuesto pago parcial "de 888.000 euros", procedente de las donaciones no declaradas y reflejadas en los papeles de Bárcenas, para sufragar la reforma de la sede del PP en la calle Génova, por lo que también se sentarán en el banquillo los responsables de la empresa Unifica, el estudio de arquitectura que llevó a cabo el proyecto.
