Ángel Ron ha aprovechado la recta final de la investigación en la Audiencia Nacional por la caída del Banco Popular para pedir el archivo de su imputación. El banquero, que insiste en que no hubo problema alguno de liquidez en la entidad bajo su mandato, ha apelado a los archivos que este mismo órgano ha adoptado sobre presidentes de grandes entidades como Isidre Fainé o Antonio Brufau para reclamar que a él también se le dé carpetazo a su imputación.
La defensa de Ron alega que existen multitud de resoluciones en los juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional así como en la Sala de lo Penal en las que se acuerda el sobreseimiento de la causa en relación a los presidentes de entidades de estructuras complejas desterrando por completo "la existencia de una suerte de responsabilidad objetiva por el cargo".
En concreto, el expresidente del Popular apela a los archivos que se acordaron para Brufau y Fainé en el caso Villarejo por la contratación de Repsol y Caixa de los servicios de espionaje del comisario jubilado. También alude al sobreseimiento acordado para Javier Monzón, quien llegó a figurar como investigado en la causa Púnica por la implicación de Indra, empresa que presidía en el momento de los hechos.
Ángel Ron señala a Emilio Saracho
"Mi representado no ha tenido participación directa, indirecta o residual en las líneas de investigación abiertas a partir del auto de 3 de octubre de 2017, siendo cuestiones ajenas al Consejo de Administración, y en todo caso, ajenas al Presidente de la entidad, que como se evidencia de la presente investigación, se nutría de la información que llegaba al Consejo a través de los departamentos correspondientes", reza la defensa de Ron que ejercen los abogados José Antonio Choclan y Javier Velasco Almendral de Bufete Choclan.
Ron se dirige al magistrado José Luis Calama Teixeira en su condición de instructor de esta causa que arrancó en 2017 por la resolución del Banco Popular. Tras seis años de diligencias, el procedimiento encara su recta final con la vista puesta en la presunta responsabilidad en los hechos tanto de Ron como de Emilio Saracho, el último presidente del banco antes de que fuera resuelto por la JUR.
Al respecto, y como ya se evidenciara en sus interrogatorios en sede judicial, Ron insiste en que la gestión de los últimos meses del banco fue la que terminó de provocar su asfixia y que, bajo su mandato, el Popular no tuvo problema alguno de liquidez. Al respecto apela al hecho relevante de 3 de abril de 2017 mediante el cual Saracho informaba de la reformulación de cuentas del ejercicio de 2016 asegurando que se transmitió "de forma deliberadamente confusa e imprecisa".
Una ampliación de capital asesorada
Al respecto Ron insiste en que las cuentas anuales de 2015 (últimas publicadas antes de la ampliación de capital de 2016) reflejaban la imagen fiel del Banco Popular. De hecho, en relación a la ampliación de capital reitera que los miembros del Consejo de Administración estaban perfectamente informados de los efectos y repercusiones del asunto hasta el punto de que consejeros y hasta el propio Ron invirtieron patrimonio privado en dicha operación.
Al respecto Ron apela a las declaraciones de los consejeros imputados en la causa en el marco de las cuáles aseguraron que el despacho Linklaters prestó un "asesoramiento integral" de la ampliación. Cabe recordar que también declararon por estos hechos Sebastián Albella -expresidente de la CNMV y miembros de este despacho- y su socio Jorge Alegre.
"Para el cumplimiento del encargo, Linklaters dispuso de amplia documentación contable, financiera y mercantil sobre la Ampliación de Capital en cuestión; varios equipos multidisciplinares del despacho elaboraron una due diligence de toda la documentación, para en virtud de tal información, emitir una Legal Opinion concreta, exhaustiva y determinante para que el Consejo de Administración pudiera aprobar la ampliación", apunta Ron.
