La Fiscalía Anticorrupción solicita sendas penas de 10 años, 2 meses y 2 días de prisión para los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, por favorecer al empresario Enrique Ortiz en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
Según han informado a Efe fuentes próximas al caso, el ministerio público les acusa de delitos continuados de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias en esta causa derivada del llamado caso Brugal.
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones ha presentado esta mañana, en el Juzgado de Instrucción 5 de la capital provincial, su escrito de acusación provisional contra los dos políticos, el propio Ortiz y los otros seis procesados en estas diligencias.
Además de las penas de cárcel, Castedo y Díaz Alperi se enfrentan a peticiones de inhabilitación de 29 años y 3 días para empleo o cargo público que implique los cargos de alcalde, teniente de alcalde o concejal de cualquier corporación local.
En cuanto al empresario Enrique Ortiz, el fiscal pide inicialmente para él penas que suman ocho años y tres días de prisión por un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de secretos o información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación.
