La ley de paridad aprobada por el Consejo de Ministros busca una representación paritaria en los órganos directivos y de decisión. Esta norma anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en un acto feminista el pasado fin de semana, se trata de una orden directa suya en la que no ha entrado la ministra de Igualdad, Irene Montero a pesar de forma parte de su cartera.
Esta iniciativa, que busca garantizar las mismas oportunidades a mujeres y niñas que a hombres y niños en materia de empleo, liderazgo y toma de decisiones, es la transposición de una directiva europea de noviembre de 2022.
Claves de la ley de paridad
Un 40% de mujeres y hombres en órganos directivos
Se va a exigir que no podrá haber menos un 40% de representación de mujeres ni de hombres en varios puestos de toma de decisiones como:
- Futuros gobiernos: Consejo de Ministros, vicepresidencias y ministerios.
- Direcciones de empresas cotizadas o entidades de interés público con más de 250 trabajadores y 50 millones de euros de volumen de negocio anual.
- Juntas de gobierno de los colegios profesionales y los jurados que concedan premios o reconocimientos financiados con dinero público.
- En los próximos cinco años, la Administración General del Estado y los órganos superiores y directivos de cada ministerio, incluidas secretarías de Estado, subsecretarías y direcciones generales.
Esta obligación se extendería a todas las entidades del sector público.
Listas cremallera
Será obligatoria las candidaturas integradas por personas de uno y otro género ordenadas de forma alternativa en las elecciones al Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, y consejos y cabildos insulares.
Discriminación positiva en los procesos de selección
Para cumplir con este principio del 40% de representación en los consejos de administración de las grandes empresas, en caso de empate entre varios candidatos durante un proceso de selección, se elegirá al del género menos representado en la dirección.