"En la prueba practicada no se constata que exista material adecuado y suficiente para responder a la actual situación en todos los escenarios posibles". El titular del Juzgado de lo Social Único de Huesca ha condenado a la Diputación General de Aragón a proporcionar equipos de protección individual al personal sanitario de la provincia al considerar que "aún existen problemas de aprovisionamiento" en los hospitales.
La resolución del magistrado Eduardo Bernués responde a la petición del Sindicatos Médicos de Atención Primaria de Aragón (FASAMET), que el pasado 30 de abril interpuso una denuncia contra la Administración por falta de material de protección entre los trabajadores sanitarios. Se trata de la segunda sentencia condenatoria contra el Gobierno autonómico por no proteger a su personal médico. El Juzgado de lo Social de Teruel fue el primero en pronunciarse.
El juez ha advertido que "seguimos en una situación delicada desde el punto de vista de salud pública, con nuevos rebrotes (...), lo que obliga a extremar los riesgos probables que se deriven". Por ello, ha estimado necesario "mantener el pronunciamiento de condena en los mismo términos que se acordaron finalmente en sede de medidas cautelares". Y ha ordenado la entrega de material sanitario "en cumplimiento de lo previsto en la legislación de prevención de riesgos laborales".
No consta material "suficiente"
Según consta en el fallo de 24 de junio, la Diputación de Aragón ha "vulnerado el derecho a la salud/integridad física de los trabajadores sanitarios". El magistrado se ha apoyado en la jurisprudencia ya existente que determina que la seguridad en el trabajo es un derecho "esencial" a velar por los empleadores, tanto públicos como privados.
Aunque el titular del Juzgado ha reconocido los "esfuerzos" de la Administración autonómica por facilitar el materia de protección, ha asegurado que "no constan informes técnicos que aseguren que el material entregado y disponible sea adecuado y suficiente".
"Era necesario adoptar medidas"
El juez ha concluido que "no cabe la exoneración" reclamada por la Diputación, que alegó la "imposibilidad de realizar compras por la centralización de competencias". Según ha precisado en la sentencia, "hasta el día 12 de marzo, (...) la Comunidad Autónoma de Aragón pudo realizar las compras que fueran necesarias para atender a esta situación de crisis sanitaria".
El magistrado ha subrayado que "era absolutamente necesario adoptar las medidas preventivas más exigentes, en un ámbito de protección de la salud pública, no sólo por el riesgo de que el personal sanitario se viera afectado por el virus sino por la propia incidencia en la propagación que tiene el que el colectivo más expuesto por su profesión no tuviera los medios necesarios para prevenir el contagio".
