Dentro del Gobierno se da por hecho que Artur Mas y sus socios del bloque soberanista, preocupados ahora por el terremoto de la trama del 3%, marearán la perdiz hasta el 20 de diciembre antes de enseñar todas sus cartas. Se sabe que hay para ello un motivo político directo, el de esperar a desenvolverse con un Gabinete sin mayoría absoluta, más débil que el de Mariano Rajoy, pero ahora fuentes cercanas al propio Mas añaden otro: el presidente de la Generalitat teme que el PP utilice el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía en plena campaña electoral, algo que hasta hace poco muchos entendían que no podía hacer con las Cortes disueltas.
El Gobierno maneja informes que le permiten aplicar el artículo 155 con el Senado disuelto
Sin embargo, informes en poder del Gobierno dicen todo lo contrario: podría aplicarse este artículo de la Constitución para disolver la autonomía catalana con el Senado disuelto, pues tal decisión se canalizaría a través de la Diputación Permanente, el órgano que vela por los poderes de la Cámara Alta entre el paréntesis de dos mandatos, al igual que ocurre en el Congreso, y evitar que haya vacío de poder. De hecho, esta Diputación tendrá que reunirse para informar del trabajo pendiente que queda para la XI legislatura.
La conclusión que de estos informes extraen fuentes gubernamentales es que a Mariano Rajoy le quedan menos de dos meses para decidir si quiere frenar el proceso soberanista utilizando la vía más excepcional que para ello le reserva la Constitución, teniendo en cuenta que dispone de mayoría absoluta y que esta ventaja desaparecerá para cualquier Gobierno que surja de las urnas, con independencia del partido que gane las elecciones, si se cumplen los pronósticos de todas las encuestas.
En Convergencia se recuerda, precisamente, que será imposible suspender la autonomía catalana si la votación que se requiere para ello en el Senado no arroja esta mayoría absoluta. De hecho, sería también posible que, en caso de que Rajoy se atreviera a dar este paso, la Cámara Alta salida del 20-D revocara esta decisión. “Para usar este artículo, el Gobierno debería demostrar que nuestras actuaciones atentan gravemente contra el interés general de España. Si reacciona de forma desproporcionada, incluso este tipo de medida podría ser declarada inconstitucional por la vía de un conflicto positivo de competencias. No hay precedentes de que se haya aplicado en ninguna parte y en el caso español podría generar una crisis de consecuencias imprevisibles”, apuntan fuentes nacionalistas.
El 9 de noviembre, una referencia para la investidura
En las filas de Esquerra Republicana, sus expertos en derecho constitucional también han analizado la cuestión de manera detallada. Y han llegado a la conclusión de que el 155 ofrece una herramienta excepcional inaplicable a cualquier tipo de enfrentamiento entre la Generalitat y el Estado.
En la agenda anunciada por Artur Mas para desarrollar el proceso que conduciría a un Estado independiente, se han establecido varias fases ante las que el Gobierno podría actuar con mayor o menor contundencia. La primera consiste en una declaración del inicio del proceso de independencia dirigida al Estado español y a la comunidad internacional. En estos días, un Artur Mas cada vez más cercado, negocia con Oriol Junqueras la posibilidad de precipitar esta declaración y llevarla al Parlamento catalán en cuanto este se constituya, antes de que el 9 de noviembre, fecha límite prevista para la primera votación de la investidura, quede evidenciada su dificultad para revalidar la presidencia de la Generalitat. La segunda fase consiste en la redacción y aprobación de una Constitución catalana. La tercera pasa por la proclamación de la independencia, con la que Mas promete la desconexión con el ordenamiento jurídico español. Y la cuarta, descansa en la convocatoria de unas elecciones constituyentes para marzo de 2017. Solamente la primera, siempre jugando con el supuesto cada vez más improbable de que la CUP apoye la investidura de Mas, podría encajar antes de las elecciones del 20 de diciembre.
Convergencia y ERC negocian precipitar la declaración solemne de arranque del proceso independentista
Según se establece en la Constitución, el proceso de suspensión de la autonomía de una comunidad corresponde iniciarlo al Gobierno mediante un requerimiento motivado dirigido al presidente autonómico. Si éste lo desatendiera, el Ejecutivo tendría que comunicar al Senado las medidas que propone para restituir el interés general, previa audiencia del interesado en la comisión general de las autonomías. El itinerario hacia la suspensión de la autonomía se coronaría con una votación en la que sería imprescindible la mayoría absoluta.
En la legislatura que ahora agoniza, el PP ha tenido 153 escaños en la Cámara Alta, 20 más de los necesarios para lograr esta mayoría. El PSOE ha sumado 66, los nacionalistas catalanes, 13, el grupo de Entesa, 9, el PNV, 5 y el grupo Mixto, 18.
