La consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña podría salirle caras al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Joan Manel Abril, que investiga la causa del 9N ha propuesto juzgar a Mas, Ortega y Rigau por delitos de desobediencia y prevaricación al permitir la consulta.
En su auto donde da por cerrada la instrucción y transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, el magistrado aprecia indicios de que Mas y las exconsejeras desobedecieron la orden del Tribunal Constitucional (TC) que suspendía la consulta del 9N y cuestiona su argumento de que, a partir de ese momento, el proceso participativo quedó exclusivamente en manos de voluntarios.
El magistrado del TSJC razona que, "bajo la cobertura formal de la actuación del voluntariado", el expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras investigadas sí llevaron a cabo "actuaciones contrarias" a la providencia de suspensión dictada por el tribunal de garantías, y de forma "intencional y consciente" se negaron "abiertamente a dar cumplimiento al mandato" del Constitucional.
Los exdirigentes de la Generalitat quedan a un paso del banquillo de acusados
El juez considera que el Gobierno catalán participó de dicha consulta ya que "intervinieron contratistas privados contratados por la Generalitat tras el día 4 de noviembre y en especial durante los días 7, 8 y 9 de noviembre, de manera que sin ellos el proceso participativo no hubiera podido llevarse a cabo, pues, entre otros extremos, les competía a ellos algo tan esencial como el suministro e instalación de los programas informáticos para permitir la votación y el traslado e instalación de los ordenadores en los puntos de votación, así como la recepción y tratamiento de datos en el CTTI".
La Generalitat participó en el 9N
Sobre este extremo el instructor acusa a Mas de "consentir" y "no paralizar" los diferentes procedimientos de contratación, "algunos de carácter tan evidente como la preparación de un centro de prensa en Montjuïc, que según señala fue decisión de la Conselleria de Presidencia, para informar públicamente de los resultados, la fabricación e instalación del software informático o la difusión de contenido de la campaña institucional en los medios de comunicación, se comprometían recursos públicos de la Administración catalana".
Sobre la imputada Joana Ortega, el magistrado señala que "llevó a cabo toda una serie de actuaciones orientadas a preparar y celebrar la consulta del 9N, en 23 coordinación con el President de la Generalitat" Por su parte de Irene Rigau, Abril concluye que "actuó de manera coordinada con los anteriores, ya que procuró mediante los jefes de los servicios territoriales que los directores de Instituto cedieran los mismos para su apertura como puntos de votación en la jornada del 9N, a la par que posibilitó que en los mismos durante los días 7 y 8 de noviembre se instalaran los ordenadores, el software necesario y el material para poder proceder a la votación".
El magistrado da por concluida la instrucción de la causa del 9N y propone juzgar a Mas, Ortega y Rigau
En un auto, contra el que cabe interponer recurso, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia desestima los recursos presentados por las defensas para que se archivara el caso y da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares para que, si lo ven oportuno, presenten sus escritos de calificación contra los imputados.
El instructor da así por cerrada la instrucción de esta causa. El siguiente paso, el dictar el auto de apertura de juicio oral le corresponderá a un nuevo magistrado ya que Joan Manel Abril abandonará el próximo 1 de julio la Judicatura para dedicarse a la docencia como catedrático de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y seguir de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Andorra.
