El presidente catalán, Artur Mas, ha tildado este lunes de "hostil" la actitud del Gobierno al recurrir la consulta del 9N y ha criticado la "velocidad supersónica" con la que se ha reunido el Tribunal Constitucional para frenarla.
Mas ha hecho referencia a esta cuestión durante la presentación en el Palau de la Generalitat del Libro Blanco para la Transición Nacional de Cataluña, minutos antes de que el TC haya suspendido de forma cautelar la ley de consultas y el decreto de convocatoria tras admitir a trámite los recursos presentados por el Gobierno.
El presidente catalán ha indicado que en un Estado de "convicción democrática plena" ya se estaría debatiendo entre si hay que votar 'sí' o 'no' en la consulta, y ha incidido en que no es un "referéndum encubierto", como sostiene el Gobierno, al que ha acusado de "no preguntar ni dejar preguntar" por miedo a la respuesta.
En una declaración institucional tras aprobar el Consejo de Ministros los recursos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había advertido de que "no hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna que pueda romper el principio de soberanía única e indivisible sobre la que se basa" la convivencia entre los españoles.
Rajoy ha lamentado profundamente que Mas haya convocado una consulta que va "en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España y de su bienestar".
El doble recurso ha contado con el respaldo del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ha condenado la "quiebra de la legalidad" que supone la convocatoria de la consulta, mientras que el comisario de Competencia de la UE, el socialista Joaquín Almunia, ha apuntado que "la desgracia" es que el PP recurrió el Estatut que ya habían aprobado los catalanes "y ahí empezó el problema".
Una consideración compartida por el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien, tras destacar que "no hay otra salida que la independencia", ha avisado de que ninguna sentencia acabará con el proceso soberanista y quien así lo crea "se equivoca". De hecho, ERC iniciará mañana su campaña de la consulta, bajo el lema "Vull ser lliure. Vull un nou país" ("Quiero ser libre. Quiero un nuevo país") y en la que no aparece la palabra "independencia".
Desde el Govern, su portavoz y conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha opinado que el Gobierno comete "un error de consecuencias mayúsculas", con el que no "matarán" el proceso soberanista, sino que lo "reforzarán".
De momento, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado para mañana por la tarde manifestaciones ante los ayuntamientos catalanes, mientras que la CUP ya ha convocado algunas concentraciones de protesta a última hora de la tarde.
Reacciones políticas catalanas
El doble recurso ha centrado las respuestas del resto de fuerzas políticas catalanas. Desde CiU, su secretario general, Ramon Espadaler, ha acusado a Rajoy de hacer de "portavoz" del Constitucional presuponiendo lo que dictaminará sobre la consulta.
Por su parte, el líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, ha lamentado que si el TC suspende la consulta, el problema "continuará aún más agravado", y ha reprochado a Rajoy que sólo presente "argumentos jurídicos", en lugar de "una propuesta política para votar".
Si bien el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dicho que "respeta el papel de árbitro del TC", ha advertido de que "la supresión garantiza el cumplimiento de la legalidad, pero no arregla el problema", y ha sugerido a Mas que "un gobierno tiene derecho a equivocarse, pero no a situar al país al margen de la ley".
En este sentido, la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha anunciado que su partido estudiará emprender acciones judiciales contra Mas si decide "no acatar" la suspensión y seguir adelante con los preparativos y la campaña, lo que sería "malversar fondos".
Unos delitos que, para el portavoz de Ciutadans, Matías Alonso, incluirían también los de prevaricación, sedición, malversación de fondos públicos o contra la privacidad, por lo que Mas "está más cerca que lo juzguen los tribunales que la historia" si persiste.
Societat Civil Catalana (SCC) ha presentado ya un escrito ante la Fiscalía en el que pide que investigue si la cesión de datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) al Govern para formar el censo de la eventual consulta puede vulnerar varias leyes.
