La maquinaria del Estado tiene previstas todas las contingencias para el caso de que la Generalitat no acate las decisiones del Tribunal Constitucional, se insistía ayer en Moncloa. Soraya Sáenz de Santamaría se ha encargado de afinar la batería de actuaciones que se han puesto ya en marcha desde el Gobierno. Informe del Consejo de Estado y doble recurso ante el TC han sido las primeras de ellas.
Aunque la batalla política se prolonga ya desde hace tres años, la jurídica prácticamente acaba de empezar. Desde Moncloa se envían en estas horas de tensión mensajes de tranquilidad. La procesión va por dentro. Pero el Estado no puede mostrar ni titubeos ni dudas. Mariano Rajoy ha trasladado esta idea a sus ministros. Firmeza y prudencia, y nada de gestos excesivos ni de declaraciones viscerales.
La vicepresidenta, al frente
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es la encargada de coordinar la actuación del Ejecutivo desde el punto de vista legal y jurídico. También mueve sus hilos en el plano político pero de una forma mucho más discreta. En cualquier caso, todo está previsto por si Artur Mas desoye la decisión del Tribunal Constitucional y amaga con seguir adelante en su campaña propagandística y otros preparativos para celebrar la consulta.
El fiscal general del Estado se reunió hace unos días en Barcelona con los fiscales de Cataluña para calibrar la línea de acción que correspondería adoptar en este caso. A petición del fiscal general y la fiscal jefe de Barcelona, José María Herrero de Tejada y Ana Magaldi, respectivamente, Torres Dulce convocó este encuentro al que se sumaron los cuatro de las respectivas provincias. Alguien filtró la reunión y el fiscal general optó por no repartir los documentos que llevaba. Tan sólo los distribuyó para su lectura y luego los recogió, para evitar más sorpresas en los medios.
Torres Dulce transmitió una serie de medidas a estudiar en el caso de que la Generalitat traspase las lindes de lo que señala la Justicia. La primera de ellas sería la interposición de una querella contra el propio presidente de la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por presunto delito de desobediencia. Si la Generalitat mantiene su línea y se afana por seguir en el empeño de celebrar el plebiscito, esta iniciativa fiscal podría ponerse en marcha de forma inmediata. Está penada con delitos de seis meses a dos años de inhabilitación.
Rosario de denuncias y querellas
En este paquete de medidas fiscales, tanto el presidente de la Generalitat como miembros de su gobierno y altos funcionarios de la Generalitat y de otros estamentos de la administración catalana arriesgan otro tipo de denuncias o querellas, que pueden incurrir en delitos de desobediencia, malversación de caudales públicos, prevaricación y hasta sedición, en el caso de que haya movimientos en la calle.
Le corresponderá a la fiscalía actuar como la primera línea en el "contraataque" del Estado a los posibles movimientos de Artur Mas al margen o a espaldas de la ley. En Moncloa se sigue manteniendo la idea de que aún se está a tiempo, tal y como dijo Rajoy en su mensaje del lunes, y que se puede superar esta dialéctica de "estéril confrontación". No hay en estos momentos demasiados puentes abiertos que faciliten el diálogo. Artur Mas sigue enfrascado en la idea de adoptar decisiones unilaterales y Mariano Rajoy, que se mueve desde hace demasiado tiempo a remolque de la Generalitat, no confía en un cambio súbito en la actual situación.
También el Gobierno enviará una misiva a todos los empleados públicos y funcionarios catalanes, incluidos los Mossos d'Esquadra, que están obligados a cumplir la ley y se les recordará las graves consecuencias que tendrá su actuación en el caso de que faciliten la posibilidad de que se lleve a efecto la consulta ilegal.
La Fiscalía ultima sus herramientas y prepara su armamento de posibles demandas y querellas. Es posible que se tengan que utilizar mucho antes de lo que algunos sospechan.
