Los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente no creen que por el momento se pueda imputar a la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell (Junts pel Si), y al resto de integrantes de la Mesa que han votado a favor de la admisión a trámite de la ley del referéndum, un delito de sedición, que en su grado máximo, aplicado a los dirigentes, podría implicar penas que van de los diez a los quince años de cárcel.
Las asociaciones judiciales, que ven con especial preocupación "la deriva del bloque independentista, que declara abiertamente su intención de subvertir el orden constitucional en Cataluña, arguyendo una falsa legitimación democrática", consideran que Forcadell, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet (Junts pel Si) y Joan Josep Nuet (Catalunya Si Que Es Pot (CSQEP), podrían enfrentarse a la imputación de los delitos de desobediencia y prevaricación, que no implican penas de cárcel.
Precisamente, la Fiscalía Superior de Cataluña anunció este miércoles su intención de interponer una querella por desobediencia y prevaricación. Estas fuentes han indicado que la Fiscalía presentará la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad, dada la condición de aforados de los afectados.
En un comunicado conjunto, las tres asociaciones han asegurado que la ley del referéndum y la denominada de transitoriedad jurídica "se sitúan fuera del marco constitucional, ya que la Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad".
Sin penas de cárcel
Sin embargo, los posibles delitos cometidos presuntamente por los integrantes de la Mesa, que son los de prevaricación y desobediencia, no incluyen penas de cárcel, sino inhabilitación para ejercer cargo público.
En este sentido, el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez Padrón, ve cierto paralelismo entre la actuación del expresident Artur Mas y del exconseller Francesc Homs en el referéndum del 9-N de 2014, y la de Forcadell y del resto de diputados de la Mesa del Parlament al aprobar las leyes en contra de la sentencia del Constitucional.
Preguntado sobre si los diputados independentistas podrían ser acusados de un delito que incluya pena de cárcel, el portavoz de la APM ha asegurado: "Ya veremos, espero que no lleguemos a ese punto". resalta Celso Rodríguez Padrón.
La presidenta del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez González del Real, sostiene que por el momento, la actuación de los integrantes de la Mesa "está lejos de la sedición"
Por su parte, la presidenta del Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez González del Real, sostiene que por el momento, la actuación de los integrantes de la Mesa del Parlamento catalán "está lejos de la sedición".
Sin embargo, y con toda la prudencia de una persona que no conoce el caso de forma directa, Concepción Rodríguez González del Real explica a este diario que sí ve indicios de que la Mesa del Parlamento podría haber desobedecido la sentencia del Tribunal Constitucional.
"Penas leves"
Rodríguez González del Real recuerda que los delitos de desobediencia y prevaricación no implican penas de prisión, pues estos tipos penales del Código Penal no han sido actualizados: "Parecen penas leves para una infracción tan grave, ya que en otros delitos sí ha habido una actualización. Creo que esto se debe a que cuando se redactó no se pensaba en una situación como la que estamos viviendo en Cataluña".
El portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, considera que "no parece muy complicado" demostrar los delitos de prevaricacion y desobediencia: "Sobre todo si el Parlament ejecuta y desarrolla las leyes aprobadas este miércoles, ya que hasta el momento podrían alegar que la aprobación de las leyes está amparada en la inmunidad parlamentaria".
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya investiga a la presidenta del Parlament y a los miembros de Junts pel Sí y de CSQEP en la Mesa de la cámara por desobedecer al Tribunal Constitucional al permitir que el Pleno votara el 6 octubre de 2016 dos resoluciones a favor del referéndum independentista.
