La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha presentado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 2.000 reclamaciones de pequeños y medianos propietarios solicitando al Estado compensaciones por el daño patrimonial causado por el tope a la subida del alquiler al 2% en la renovación de los contratos en 2022. Asval calcula que durante el tiempo que estará en vigor la medida, desde el 2022 y en 2023, cada propietario perderá 2.000 euros de media por vivienda alquilada.
Esta medida fue aprobada por el Gobierno en marzo de 2022 como una solución temporal en el contexto de la guerra de Ucrania, aunque se ha prorrogado en varias ocasiones extendiendo su validez hasta finales de este año. Según la asociación, esta limitación es contraria a lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que permite que los alquileres se actualicen con el IPC; genera una gran inseguridad jurídica en el mercado; reduce la inversión en vivienda en alquiler y provoca que muchos propietarios retiren sus inmuebles del mercado.
Además, sostiene que la medida española es la más limitada de la Unión Europea porque en otros países de nuestro entorno, como Francia y Dinamarca, se han establecido porcentajes menos restrictivos. Asval entiende que los colectivos más vulnerables serán los más perjudicados, ya que una menor oferta dificultará aún más su acceso a una vivienda.
Asimismo, defiende que la actualización de los alquileres ayuda a pequeños propietarios a proteger su nivel de vida, amortiguar la crisis y completar su salario o su pensión. Propietarios que, además, deben asumir los gastos derivados de la mejora de sus inmuebles, que continúan su escalada de precios, agrega. De hecho, según sus cálculos, más del 75% de los propietarios en España son particulares con una o dos viviendas.
Para resolver la falta de vivienda social, Asval insiste en la colaboración público-privada para ampliar el parque de vivienda social y asequible en España. Las reclamaciones presentadas se recogieron desde el mes de noviembre del año pasado hasta el 31 de enero de 2023, según explica la asociación de propietarios, que entiende que esta cifra se incrementará en caso de que se apruebe la Ley de Vivienda.
