El magistrado del caso Popular mantiene el foco en los balances supuestamente abultados que registraba la entidad los años previos a su caída. Un mes después de escuchar en sede judicial al inspector del Banco Central Europeo Jesús Fernández Martínez Usano, el juez José Luis Calama Teixeira ha reclamado a la institución que aporte con carácter de urgencia las conclusiones del perito en relación a tres puntos determinantes: la clasificación del riesgo de crédito de ciertos acreditados, el posible déficit de cobertura y de provisiones.
En un auto del pasado 6 de abril al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado expone los puntos que quiere adherir al procedimiento sobre las conclusiones del BcE. Este movimiento trae causa de la declaración prestada por Usano los días 3 y 4 de marzo y que se perfila como clave para dirimir si los gestores del banco extinto cometieron o no delito los años previos a la resolución.
Por ese motivo el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 reclama, a través del Banco de España, que aporte el resultado de sus inspecciones in situ (OSI, por sus siglas en inglés), en relación al crédito estructurado, sobre activos adjudicados, y el déficit de cobertura del Popular. De todos ellos pide, por un lado, la propuesta inicial para autorizar la inspección y, por otro, todos sus papeles de trabajo mientras supervisó al banco extinto. Además, ordena recabar también todos los correos electrónicos que remitió Usano al Santander en su condición de heredero del Popular.
Los puntos flacos del Popular
"Entendemos que la solicitud no conlleva ninguna injerencia en la independencia o funcionamiento del BcE, ni compromete los intereses de la Unión. Por el contrario, coadyudará a esclarecer los hechos que están siendo objeto de investigación por parte de este juez instructor, entre los que destacan de forma sustancia los relativos a clasificados del riesgo de crédito de ciertos acreditados y posible déficit de cobertura, así como los activos adjudicados de dicha entidad y los déficit de provisiones de parte de su cartera", reza el auto.
Para los investigadores el testimonio de Usano era muy relevante ya que controló los últimos meses de vida de la entidad antes de que la JUR acabara resolviéndola. En su cita ante el juez, el perito confirmó sus informes (uno sobre reestructuración de deuda del Popular que data de septiembre de 2016 y otro posterior, de enero de 2018, sobre los activos adjudicados del banco) y reveló detalles de la verdadera situación financiera del Popular sobre los que ahora quiere ahondar el magistrado.
Así, apuntó a un déficit de provisiones superior a los 1.000 millones de euros y a un alto volumen de créditos que el Popular clasificó como normales, aunque fueran dudosos. También dijo que hubo un déficit de coberturas de entre 1.100 y 1.300 millones de euros en el ejercicio de 2016; año en que el banco acometió su ampliación de capital de 2.505 millones de euros. Del mismo modo también aludió a otros aspectos en los que igualmente se ha fijado el instructor tales como la red luxemburguesa del Popular (que tildó de anómala) y el marco normativo sobre el cual tenía que actuar la entidad.
La petición de Saracho
Un día antes de que el magistrado ordenara recabar la información del BcE, Saracho remitió un escrito a la Audiencia Nacional en el que apeló a la declaración de Usano para incidir en su tesis acerca de que el Popular ya estaba herido de muerte cuando cogió las riendas a comienzos de 2017. El último presidente del banco solicitó al instructor que acordase una ampliación de la pericial elaborada por los inspectores del supervisor que ya estudiaron la solvencia de la entidad.
El banquero sostiene que deberían calcular la supuesta alteración de los coeficientes de solvencia a fecha de cierre del ejercicio de 2016 después de que Usano identificara un déficit en la cartera de activos adjudicados. Del mismo modo recuerda otro de los aspectos que sacó a relucir el inspector en su comparecencia en la Audiencia Nacional y es el relativo a si el Popular actuó acorde a la Circular 4/2004 del Banco de España sobre el análisis y cobertura del riesgo de crédito.
La defensa de Saracho incide en que la Sala de lo Penal ya se ha manifestado acerca del carácter vinculante de la normativa contable del Banco de España. Alude a ello para referirse a las tasaciones del Popular. Los peritos del Banco de España ya analizaron este capítulo concluyendo en un informe remitido a la Audiencia Nacional que un 88% de las estudiadas no tenían una tasación admisible. Los activos debieron presentar una valoración contable estimada en 135 millones de euros menos que la que reportaron en las cuentas de diciembre de 2016.
Contraataque de los minoritarios
Frente a las afirmaciones de Saracho se hallan los accionistas minoritarios que le sitúan como responsable de la caída del banco. Estos accionistas (que litigan bajo el paraguas de la Asociación Española de Entidades Cotizadas), sostienen que el Popular era solvente cuando asumió la presidencia Saracho y así lo han vuelto a recordar en su último escrito al juzgado, que se produce en respuesta al del banquero.
Los minoristas acrecientan la brecha entre Ángel Ron y Emilio Saracho e insisten en que, tras más de cuatro años de causa penal, existen evidencias más que acreditadas de "una maliciosa gestión" que habría determinado la resolución del banco. Al respecto le atribuyen las filtraciones que salieron del Consejo que presidía él y que buscarían ofrecer una imagen especialmente dañada de la entidad con el fin de hacer caer el valor de las acciones e impulsar la venta del banco. Saracho, por su parte, desmiente estas acusaciones y reitera que el Popular presentaba serios problemas de solvencia ocultos hasta que asumió la presidencia.
