La Audiencia Nacional ha tumbado la pretensión del magistrado Manuel García Castellón de ahondar en la investigación abierta por la presunta financiación irregular de Podemos. La Sala de lo Penal ha admitido el recurso interpuesto por la Fiscalía contra una de las últimas diligencias acordadas por el juzgado para esclarecer si cuatro fundadores del Partido -entre ellos Carolina Bescansa- habrían percibido pagos de Venezuela. El Ministerio Público se opuso a que se rastreasen sus cuentas bancarias al considerar que se trataba de una actuación retrospectiva. La Sala le da ahora la razón, según confirman fuentes fiscales.
La decisión de la Sección Tercera debilita la causa, ya que el el juzgado estaba a la espera de la resolución de la Sala de lo Penal en aras a avanzar en la investigación sobre estos presuntos cobros. El magistrado Manuel García Castellón reabrió este procedimiento -que se remonta a 2016- a tenor de las confesiones del exjefe de la Inteligencia Venezolana, Hugo 'El Pollo' Carvajal. El exmando militar, que está pendiente de ser extraditado a Estados Unidos por delito de narcotráfico, apuntó en una de sus recientes declaraciones en la Audiencia Nacional que exaltos cargos de la formación morada recibieron pagos de la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Estas confesiones llevaron al instructor a reabrir en octubre unas diligencias ya viejas que se habían archivado por falta de indicios. En este contexto declaró el secreto de las actuaciones y volvió a llamar a declarar al Pollo Carvajal, el cual, además de ofrecer más datos sobre este asunto, propuso que se llamara a una serie de personas que pudieran ratificar su versión. La Audiencia Nacional les citó en calidad de testigos protegidos para contrastar si la teoría de el exalto cargo de la Inteligencia bolivariana era cierta.
Confesiones del Pollo sobre Podemos
Las confesiones del Pollo Carvajal se enmarcan dentro de su disposición a colaborar con la Justicia tras su detención a comienzos de septiembre en un piso en el centro de Madrid. El exgeneral venezolano estaba en búsqueda y captura para ser entregado a Estados Unidos, país que le reclama para juzgarle por delitos de tráfico de drogas y de armas. Tras su arresto se comprometió a colaborar con la Justicia en relación a una causa abierta por terrorismo internacional en la Audiencia Nacional. Sin embargo, en su comparecencia apuntó a una posible financiación irregular dentro de Podemos, lo que motivó la reapertura de las diligencia sobre este asunto.
En concreto, 'el Pollo' señaló a Carolina Bescansa y los también miembros del partido Ariel Jerez y Jorge Lago por un cobro de 142.000 dólares que provendría de la petrolera estatal PDVSA. El desembolso lo autorizó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un punto de cuenta que firmó en octubre de 2013 y en el que aludía a Viu Comunicaciones, firma que canalizó el pago. Del mismo modo, señaló como receptor de fondos a Juan Carlos Monedero. Carvajal apuntó que el también fundador de Podemos recibió en un hotel de Caracas un maletín con dinero en metálico en su interior en fechas en las que el partido estaba en proceso de formación.
Rastreo de cuentas
Por todo ello, el magistrado Joaquín Gadea ofició a la UDEF para que investigase estas supuestas órdenes de pago. Con todo, tras las testificales celebradas a puerta cerrada en la Audiencia Nacional, la Policía dio un paso más y solicitó al juzgado rastrear las cuentas de las sociedades de todos los miembros de Podemos señalados por 'el Pollo' así como recabar información sobre la visita de Juan Carlos Monedero a Venezuela. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a la práctica de estas pruebas al considerar que eran prospectivas y que se basaban en unas declaraciones sobre la que faltaba una importante base probatoria.
Tras el estudio de este recurso, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal da la razón al Ministerio Público y declina la práctica de todas estas pruebas. Con todo, y según las mismas fuentes, el auto, del que ha sido ponente el magistrado Carlos Fraile, da luz verde a que se investigue por la policía la veracidad de hechos relatados por los testigos protegidos que han declarado, hasta el momento, en esta causa que sigue bajo secreto de sumario.
