La causa contra José Luis Moreno que se sigue en la Audiencia Nacional se prorroga medio año más. El magistrado que dirige el caso Titella, Ismael Moreno, ha atendido la petición de algunas de las partes del procedimiento, como el Ministerio Fiscal y la Abogacía General del Estado, y alargará al menos hasta noviembre las pesquisas sobre la existencia de una presunta red dedicada a la estafa bancaria y otra al narcotráfico que habría causado un perjuicio de 85 millones de euros.
En un auto del 3 de mayo, que avanza Vozpópuli, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 explica que el motivo de la prórroga reside en que todavía hay diligencias "esenciales" pendiente de resultado. Entre ellas destacan varios informes sobre delitos contra la Hacienda Pública encomendados a la Agencia Tributaria y oficios policiales en relación al análisis de los dispositivos intervenidos en las detenciones del pasado 29 de junio.
Tal y como informó este medio, la Guardia Civil y la Policía remitieron un escrito al juzgado en el que precisaron que necesitarían al menos doce meses más para estudiar todos los teléfonos, discos duros, pendrives y dispositivos incautados a José Luis Moreno y el resto de detenidos por su implicación en esta red de estafa bancaria. Mientras la Unidad Policial de la Guardia Civil se hizo cargo del estudio de un un total de 110 dispositivos, la UDEF hizo lo propio con otros 97 efectos, de los cuáles 62 son teléfonos móviles.
Nuevos informes del caso
El magistrado razona que estos trabajos en curso podrían dar lugar, a su vez, "a informes complementarios", motivo por el cual ha procedido a acordar la prórroga de la instrucción. La misma comenzó a contar desde el día 4 de mayo, por lo que el plazo no vence hasta el 4 de noviembre. Además, el juez Moreno resalta la trascendencia de esta investigación relativa a un "entramado delictivo de carácter económico, con múltiples ramificaciones y cuyo objetivo fundamental consiste en la defraudación de cantidades millonarias de dinero a entidades financieras".
Se refiere el instructor a la trama de estafa bancaria en la que está implicado el productor José Luis Moreno y que se dedicó, según los investigadores, a obtener dinero de las entidades afectadas por medio del sistema de peloteo de cheques y pagarés. Los imputados en este procedimiento habrían empleado para ello empresas pantalla que estarían a nombre de testaferros pero controladas directamente por el considerado como cabecilla de la red, Antonio Aguilera.
El instructor recuerda que durante esta causa, que se comenzó investigando en los juzgados de Plaza Castilla, se constató "de manera casual" que varios de los investigados -entre ellos el propio Aguilera o el abogado Javier Villalba- habrían sido contactados "por individuos dedicados al narcotráfico a gran escala". La supuesta red internacional les habría contactado para que facilitaran la introducción y distribución de cocaína procedente de Sudamérica para el posterior blanqueo de los fondos obtenidos.
Imputados piden el fin
No es la primera vez que el magistrado hace alusión a la magnitud del procedimiento. A lo largo de las diligencias ha insistido en que se estaría ante una presunta organización criminal con diferentes roles y estatus conectada por el empresario Antonio Aguilera. En lo que respecta a José Luis Moreno, los investigadores le implican únicamente en la trama de estafa bancaria. Sostienen que actuó como tarjeta de visita de los bancos para aprovechar su fama y su imagen y que los empleados accedieran a facilitar los créditos solicitados.
Con todo, los imputados siguen desvinculándose de la causa. En respuesta a la petición del juez sobre si se deberían o no prorrogar las diligencias, la defensa de Javier Villalba y Montserrat Predeny (considerada mula de la organización) sostiene que los informes policiales pretenden ver una "conexión subjetiva" que son meras sospechas que carecen de indicios reales. "No existe prueba de los destinos del blanqueo de capitales supuestos, no existe una conexión subjetiva de muchos de los implicados, no existe más conexión de unos pocos con otros", dice.
Su abogado propone que la macrocausa se divida en piezas separando por un lado, la parte de la estafa bancaria y, por otro, la de la organización dedicada al tráfico de cocaína. En una tercera pieza propone que se investigue lo relativo a la supuesta estafa de 35 millones de euros que el empresario argentino Alejandro Roemmers dio a José Luis Moreno para la realización de una superproducción de cine sobre la vida de San Francisco de Asís. A su juicio, solo debería prorrogarse esta parte de la causa.
La Abogacía, a favor de la prórroga
Frente a ellos se sitúan los perjudicados, que sostienen que es necesario prorrogar la causa para seguir investigando los hechos. Es el caso de las entidades Bankinter, Cajamar o BBVA (personadas como acusaciones) y también la sociedad de Roemmers, Franciscus Productions. La firma, que se presenta como presunta víctima de Moreno por la serie 'Glow& Darkness' también pidió al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 que prorrogase este procedimiento a la espera de incorporar las diligencias pendientes.
Del mismo modo la Abogacía General del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, instó también a la prórroga de medio año más apuntando que se trata de una investigación que "no puede entenderse concluida". Cabe recordar que en octubre del año pasado el juez pidió auxilio a Hacienda y reclamó que se designaran funcionarios de la ONIF para ayudar a la Policía Judicial en la investigación. Moreno explicó que la complejidad de la causa y la posible existencia de delitos fiscales hacía necesario contar con la ayuda de expertos de la Agencia Tributaria.
