La juez María Núñez Bolaños ha elevado en la mañana de este jueves a la Audiencia Provincial de Sevilla la pieza 'política' del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que afecta a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 24 exaltos cargos, entre ellos seis exconsejeros.
Así, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha explicado a un grupo de periodistas que se ha remitido la causa a la Audiencia en formato digital y con un índice de 57 páginas a través del cual se podrá acceder fácilmente a cualquier diligencia o actuación de esta causa, cuya instrucción comenzó la juez Mercedes Alaya en enero de 2011.
Una vez se turne a la Sección correspondiente encargada de enjuiciar el procedimiento se mandará en formato papel.
La causa se compone de 11 CD que incluyen 38 tomos y las declaraciones prestadas a lo largo del procedimiento, en total 14.276 folios, a lo que hay que sumar un total de siete tomos anexos que incluyen fundamentalmente documentación relativa a la causa especial seguida contra los aforados en el Tribunal Supremo.
Preguntada por la fecha en que podría celebrarse el juicio, la juez ha vaticinado que podría celebrarse a lo largo del presente año 2017 a través del desdoble de la Sala a la que le toque enjuiciar la causa, aunque ha indicado que, no sólo se trata de contar con medios personales, sino también con medios físicos
y una Sala con el suficiente espacio para acoger el juicio.
Sección elegida por sorteo
Una vez en la Audiencia, se elegirá este mismo jueves por medio de un sorteo qué Sección es la encargada de enjuiciar esta causa, todo ello después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobase el pasado martes "la propuesta formulada por el presidente de la Audiencia de Sevilla, con la unanimidad de los presidentes de las secciones penales, acerca de la puntual modificación del reparto de asuntos referidos a causas complejas en atención a las específicas y mayores circunstancias de volumen y especial complejidad" de la causa.
Las secciones Primera, Tercera y Cuarta son las únicas que pueden asumir el enjuiciamiento de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, ya que la Sección Séptima se encarga de resolver los recursos presentados en este procedimiento y, por tanto, no puede enjuiciar la causa.
Según se indicó en su día, esta modificación "puntual" de la última propuesta de las normas de reparto sobre causas de especial complejidad en la Audiencia de Sevilla obedece, según recoge el acuerdo, "a las excepcionales circunstancias de especial complejidad y de singular trascendencia mediática que en dicha causa concurren".
Apertura de juicio oral
En un auto fechado el 3 de noviembre de 2016, el entonces juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, dictó auto de apertura de juicio oral contra Chaves, Griñán y otros 24 ex altos cargos de la Administración autonómica, entre ellos seis exconsejeros, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández.
Las penas solicitadas por las acusaciones
El juez procesó a los 26 ex altos cargos referidos por medio de un auto dictado el 31 de mayo donde explicaba que fue entre 2000 y 2011 cuando "se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse 'procedimiento específico', cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada pero no inferior a 854.838.243 euros".
Tras el procesamiento, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, que fue procesado por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Manos Limpias se adhirió a este petición.
De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.
