Nueva polémica en el seno de la Audiencia Nacional, en esta ocasión, por el insólito protocolo de actuación implantado el pasado mes de octubre a los forenses destinados en este órgano judicial. El pasado 13 de octubre el presidente de la Sala de lo Penal Fernando Grande Marlaska y el juez decano Santiago Pedraz redactaron un expediente gubernativo, al que ha tenido acceso Vozpópuli, donde se señalaba que a partir de entonces los médicos forenses de la Audiencia deben practicar los reconocimientos médicos a los detenidos –en ocasiones pacientes de gran peligrosidad como son los terroristas de ETA, Grapo, yihadistas, etc- "sin observación directa de ningún miembro del Cuerpo Nacional de Policía".
En el citado expediente se subrayaba que "solamente" y en "caso de grave riesgo para el médico forense, previo conocimiento de la autoridad judicial competente, podrán adoptarse medidas complementarias de Seguridad". La nueva norma, que ha sido el motivo de la discordia –a los ojos de los forenses se trata de una "auténtica barbaridad"- fue enviada al presidente de la Audiencia, José Ramón Navarro y al director del Instituto de Medicina Legal, Vidal Santos.
Los forenses denuncian que en los Juzgados Centrales de Instrucción sí se adoptan medidas de precaución cuando se toma declaración a los distintos detenidos
Hasta ahora, los forenses de este tribunal examinaban a los detenidos por orden de los titulares de los Juzgados Centrales de Instrucción en una habitación donde "casi siempre", excepto en "contadas salvedades", había presencia de miembros del Cuerpo Nacional de Policía, según sostienen fuentes consultadas por este periódico. La razón es obvia: en la Audiencia Nacional se detienen a presuntos delincuentes que en ocasiones integran células terroristas de grupos criminales como ETA o DAESH, también conocido como Estado Islámico.
"Un vacío en la seguridad de los forenses"
Ante este escenario, dos de los seis médicos que componen el Cuerpo de Forenses de la Audiencia Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, los médicos Carmen Baena y José María Álvarez Leboreiro han enviado un duro escrito al presidente Navarro, al fiscal jefe Javier Zaragoza y a Vidal Santos donde sostienen que la aplicación de ese nuevo protocolo de actuación genera "un vacío" en lo que se refiere a su seguridad.
"Ignoramos quién va a ser en lo sucesivo el encargado de evaluar el riesgo que corremos y, en su caso, quién va a ocuparse de comunicarlo a la autoridad judicial competente para que se adopten medidas de seguridad; podría ocurrir que, desgraciadamente, el grave riesgo solo pueda constatarse a posteriori", afirman en su escrito los médicos forenses.
Baena y Álvarez Leboreiro explican que la evaluación de la peligrosidad de la situación a la hora de practicar un reconocimiento "excede las capacidades del médico forense". "Debe de tenerse en cuenta que, cuando se recibe la llamada del juzgado para que se practique reconocimiento a un detenido, el médico forense desconoce cualquier dato sobre este salvo su nombre y su nacionalidad, y por tanto ignora si existe riesgo y, en su caso, si este es leve o grave. Sin embargo, el riesgo podría intuirse a la vista de las precauciones que se adoptan en el propio juzgado donde, al mismo detenido al que los médicos debemos reconocer sin seguridad, se le toma declaración en presencia, al menos, del Juez, el Fiscal, y de miembros del Cuerpo Nacional de Policía en la mayoría de los casos", destacan los dos forenses.
Sin conflictos con la Policía
"Al menos en el caso de los firmantes de este escrito, en los más de 24 y 8 años que llevamos respectivamente realizando reconocimientos médicos a detenidos en esta sede judicial, nunca ha surgido un conflicto con los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que custodian a los detenidos, existiendo siempre total colaboración y respeto mutuo en el desempeño de nuestras funciones y habiéndose decidido su presencia o no en el reconocimiento a fin de velar por nuestra seguridad, según las circunstancias de cada caso concreto", explican los facultativos.
El nuevo protocolo de actuación de los forenses dice que deberán examinar a los detenidos "sin observación directa de ningún miembro del Cuerpo Nacional de Policía"
De la misma forma, en el escrito, los forenses añaden que el hecho de avisar antes del reconocimiento a la autoridad judicial para que se adopten medidas de seguridad "iría en detrimento de la deseable celeridad en nuestra actuación, imprescindible cuando se trata de una urgencia médica".
"La adopción de las recomendaciones del Comité de Prevención de la Tortura en los reconocimientos médico-forenses en esta sede judicial pudiera no ser la medida más eficaz si lo que se pretende es que el detenido pueda sentirse libre para denunciar torturas en caso de haberse producido; no es función del médico forense recibir denuncias o declaraciones del detenido y precisamente, en la mayoría de los Juzgados Centrales, donde deben hacerlo, se les toma declaración en presencia de miembros del Cuerpo Nacional de Policía. En cualquier caso, para que pudiesen aplicarse en esta sede dichas recomendaciones del CPT, sería necesaria la instalación en la sala de reconocimientos médicos de un cristal que permitiese a la policía vigilar nuestra seguridad desde el exterior", recalcan los forenses.
Por útimo, en el escrito, los facultativos piden al presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, que valore que "a priori existe un riesgo" derivado del nuevo protocolo de actuación que deben cumplir los forenses.
