El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ya ha ultimado el interrogatorio al que someterá el próximo lunes 15 de septiembre a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo del expresident de la Generalitat, y a su exmujer, Mercè Gironès, ambos imputados. El magistrado tiene una estrategia clara: recabar el mayor número de indicios sobre los delitos de cohecho y tráfico de influencias de los que acusa al primogénito del político catalán, y no sólo sobre el de fraude fiscal. De este modo, pretende salvar las condiciones que han impuesto las autoridades de Andorra para remitirle los datos bancarios sobre las cuentas de Pujol Jr. en el Principado. Éstas ya advirtieron que no le facilitarán esa información si el delito que se demuestra es sólo contra la Hacienda pública.
En concreto, el magistrado ha recibido en los últimos días la asistencia de peritos de la Agencia Tributaria, según han revelado a Vozpópuli fuentes de Hacienda. El objetivo es preparar a conciencia un interrogatorio que se prevé largo, muy largo, salvo que Jordi Pujol Ferrusola se acoja a su derecho a no declarar. De hecho, Ruz ha citado al primogénito del expresident a las 10 de la mañana y a su mujer para las 4 de la tarde. Seis horas de diferencia que fuentes judiciales dan por hecho que ocupará, "si no más". Lo cierto es que el juez se ha convertido en "un experto en dejar sin comer a abogados y periodistas" por sus maratonianas sesiones de toma de declaraciones en las que él ocupa gran parte de las mismas con sus preguntas. Esta vez se augura igual con un interrogatorio que Ruz hará girar en torno a varias operaciones que implican a dos empresas muy concretas:
- Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por una operación del año 2004. Según la documentación que obra en manos del juez, ese año FCC Medio Ambiente abonó 10 millones de euros por adquirir Gestió i Recuperació de Terrenys, S.A.U. Jordi Pujol Ferrusola había entrado en el capital de esa empresa que el el 21 de octubre de 2002 recibió una licencia de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal UDEF) de la Policía asegura que “ya estaba con carácter previo negociada la entrada de Jordi Pujol”. FCC ya ha sido interrogada por la Policía por esa operación, según revelan fuentes de la causa. Un representante de FCC Medio Ambiente aseguró que “desconocía todo” y responsabilizó de la operación al exdirector General.
- El magistrado pretende también preguntar a Jordi Pujol Ferrusola por una segunda adjudicación a FCC en 2007 que recibió una concesión para construir la Ciudad Judicial de Hospitalet de Llobregat por un valor de 90 millones de euros. Los peritos de Hacienda han aportado al juez facturas pagadas a Jordi Pujol Ferrusola por la misma.
- Isolux Corsán: tanto la Policía como la Agencia Tributaria han aportado al sumario multitud de facturas pagadas al primogénito del expresidente por servicios presuntamente nunca prestados. Entre ellas, tres por una concesión en México de casi millón y medio de euros, y otras cinco por operaciones en Gabón, por valor de otro medio millón más. Representantes de Isolux también han sido interrogados por la Policía sin “realizar ninguna aportación que pueda resolver las dudas planteadas”. El director general del proyecto Azul de Cortés, Javier Puerta García, aseguró desconocer el origen y el destino de los fondos en cuestión.
Batalla por ampliar el abanico delictivo
La instructora del caso en los tribunales andorranos, Ángels Moreno, ha comunicado ya a la Audiencia Nacional en un escrito con fecha del 28 de agosto que la información que remita no podrá ser utilizada para perseguir el “delito fiscal” o el “blanqueo” porque la figura del fraude a la Hacienda pública no existe en la legislación andorrana. Por ese motivo, ha pedido a su colega español Pablo Ruz que justifique su investigación con algún delito como el de corrupción que también sea perseguible en Andorra y que, por tanto, permita el intercambio de información. Las autoridades andorranas aseguran que las comisiones rogatorias remitidas hasta el momento por la Audiencia Nacional contienen todavía información “insuficiente” en este sentido.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha planteado la existencia de, al menos, otros cuatro delitos para el matrimonio Pujol-Ferrusola, entre los que figurarían los de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos.
