El que fuera en 2013 responsable de seguridad bancaria y prevención del fraude de BBVA, César Bilbao Delgado, aseguró al juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Villarejo, Manuel García Castellón, que suministraba información a los policías que componían el clan del excomisario porque pensaba que utilizaban estos datos para llevar a cabo investigaciones policiales, según consta en la grabación del testimonio, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Así se expresó el exempleado del banco, que trabajaba directamente a las órdenes del jefe de seguridad de la entidad financiera, Julio Corrochano, en libertad bajo una fianza de 300.000 euros por contratar a Villarejo para tratar de impedir que los dueños de la constructora Sacyr pudieran desplazar a Francisco González (FG) de la presidencia.
"Deducíamos que si nos lo pregunta alguien que teníamos identificado como policía en un área en el que está trabajando, que deberían estar realizando alguna investigación", respondió el empleado jubilado de BBVA al fiscal de anticorrupción en el marco de la pieza separada del caso Villarejo denominada Iron, que completó que "en circunstancias especiales" ayudaban a los agentes que conocían porque entendían que tenían "prisa por algún motivo determinado" en sus pesquisas.
Policía y Guardia Civil
Según el testimonio, de forma general en BBVA seguían el procedimiento reglado para suministrar la información a la Policía, aunque con excepciones, que justificó así: "Lo que pasa es que como el área del banco que se encargaba de este tema, como estaba muy colapsada, si teníamos la posibilidad de contestar nosotros lo que recibíamos, pues si en ese momento teníamos perfectamente identificado, si sabíamos quién nos lo pedía, si era de la Policía, de la Guardia Civil, de la Ertzaintza, de los Mossos o incluso de la Policía Municipal, pues en ese momento actuábamos en consecuencia".
Mediante estas pesquisas sobre la fuga de información bancaria confidencial de BBVA, el ministerio público trata de determinar cómo el excomisario tuvo acceso de forma irregular a los datos bancarios de la entidad presidida por Francisco González, también imputado en la causa, para extorsionar al bufete de abogados Balder IP Law.
En concreto, tal y como refleja la declaración, el inspector Constancio Riaño era el que había solicitado los datos confidenciales al banco, y para ello dejó escrito en un correo electrónico que lo hacía en nombre de "tu amigo Enrique". Preguntado por el fiscal, el exempleado de BBVA consideró que se refería al excomisario Enrique García Castaño.
Seguridad de La Caixa
El exempleado de BBVA declaró, en este sentido, que él había conocido al inspector Constancio Riaño antes de que suministrara datos en 2013, cuando este era jefe de seguridad de La Caixa. Fuentes del entorno del excomisario García Castaño rechazan que este mando policial hubiera ordenado que Riaño pedir información a BBVA, y mucho menos para entregarla a Villarejo.
En un momento de la declaración de César Bilbao Delgado, (que se puede oír en los enlaces de esta información), el fiscal puso contra las cuerdas al imputado al preguntarle cuál era el motivo por el que el policía que le reclamaba la información bancaria no solo le pedía los datos, sino que también le encargaba una valoración de los datos extraordinarios, algo que no tenía que haber hecho.
"Yo no me acuerdo ahora del 2013 de qué era lo que me quería decir. Es una valoración de lo que he visto escrito, nada más, no he hecho un análisis interno...", respondió el imputado, que fue interrumpido por el fiscal, que completó: "Externo, lo ha hecho para fuera", en referencia al clan de Villarejo.
El comisario Villarejo y su principal socio en la empresa Cenyt, Rafael Redondo, tuvieron acceso a un extracto bancario de un cliente de BBVA que utilizaron para perseguir a un bufete de abogados, según consta en el sumario de la pieza separada Iron del caso Tándem.
El documento con los movimientos de dinero, que tiene reflejado de forma manuscrita el nombre del banco en el que se encontraban las cuentas: "BBVA", está supeditado al secreto bancario, por lo que solo podría facilitarse por orden judicial.
Sin embargo, el extracto fue requisado por Asuntos Internos de la Policía Nacional a Villarejo, que lo había incluido en un informe que elaboró para sus clientes, los propietarios del despacho de abogados Herrero y Asociados, que se comprometieron a abonar 628.000 euros al excomisario, que iba a preparar una denuncia.
