La decisión del Gobierno de desclasificar el aval al espionaje del CNI a Pere Aragonés abre un nuevo episodio en la causa judicial abierta por estos hechos. El movimiento de Moncloa -que se acordó en plena negociación con sus socios de ERC para investir a Pedro Sánchez- afecta a los autos del Tribunal Supremo en los que se autorizó la operación comunicada por los servicios secretos y sus sucesivas prórrogas de actuación.
Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que estos documentos oficiales que firmó el magistrado Pablo Lucas acreditan la legalidad de la actuación sobre la que debe responder Paz Esteban el próximo 26 de enero. La desclasificación de esta materia, protegida con la reserva que brinda la Ley de Secretos Oficiales, permitirá que la exdirectora del CNI se acoja a ella durante su interrogatorio de la próxima semana.
Sin embargo, la incógnita reside en si ERC cumplirá su objetivo de obtener toda la información que lleva años tratando de conseguir en relación al conocido como 'catalangate'. Para ello es determinante lo contenido en los autos firmados por el magistrado que supervisa la actuación del CNI. Al respecto, las fuentes consultadas descartan que estos autos contengan información detallada de los hechos que se prolongaron durante meses, ya que se trata de un aval judicial a una actuación que no compete a este órgano.
El Supremo, informado por el CNI
El magistrado -de corriente progresista y uno de los más respetados del alto tribunal- no realiza una función jurisdiccional, sino judicial. No le corresponde un examen en profundidad de la operación cuya autorización pide el CNI, pero sí debe ponderar la vulneración de derechos que se produce con este espionaje con Pegasus y si la actuación está justificada.
Tras este primer aval, el magistrado se mantiene puntualmente informado ante las consiguientes solicitudes de prórroga de los pinchazos telefónicos. Todo ello queda reflejado en los autos a los que ahora se ha plegado desclasificar el Gobierno en el marco de los acuerdos políticos suscritos con ERC para la investidura de Pedro Sánchez.
Se trata de una documental que el Gobierno negó desclasificar el pasado mes de julio en el marco de las diligencias abiertas en el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona por el espionaje, también dentro del 'catalangate', al alto cargo de ERC Josep María Jové. En aquel momento, el juzgado requirió a Moncloa la desclasificación pero se negó en el Consejo de Ministros el 25 de julio.
Tras este requerimiento fallido, el Parlamento catalán se dirigió directamente al magistrado Lucas en el marco de la comisión abierta por el espionaje con Pegasus. Aunque la exdirectora del CNI Paz Esteban explicó a puerta cerrada que la actuación "legal y autorizada" se centró en 18 líderes independentistas, el informe clave de Citizen Lab que ha permitido abrir más de una decena de causas por estos hechos apunta a un espionaje masivo de más de 60 personas.
El 'Catalangate' pendiente de la causa de Aragonés
Como informó este medio, las diligencias abiertas en juzgados de Madrid y Barcelona miran ahora con lupa a este procedimiento que se centra en la querella interpuesta por Pere Aragonés. Se trata del primero que consigue el aval del Gobierno para desclasificar información hasta ahora reservada sobre el espionaje del CNI en pleno auge de movimientos como los CDR y la plataforma radical Tsunami Democràtic.
De hecho, el magistrado que instruye la causa, Santiago García, acordó una batería de diligencias tras admitir a trámite la querella del presidente de la Generalitat de Cataluña. Además de citarle a este último como perjudicado y a Paz Esteban como imputada, requirió información la propio Centro Nacional de Inteligencia sobre datos de compra del programa Pegasus y su licencia de uso.
También se ofició al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado y se libró exhorto al magistrado Pablo Lucas en su condición de responsable del control judicial del CNI para que certificara si había autorizado el uso de este programa israelí. Al hilo, también libró comisión rogatoria a Tel Aviv para poder acceder a la multinacional que comercializa Pegasus. De momento, el foco está puesto en la anterior directora del CNI.
La declaración de Paz Esteban
La maniobra del Gobierno para desclasificar documentos sobre el caso Pegasus ofrece a Paz Esteban la posibilidad de defender en sede judicial la actuación del CNI. La exdirectora de los servicios de inteligencia declarará a finales de este mes y, sin esta apertura de documentos, acudiría ante el juez con las manos atadas, con la única posibilidad de afirmar que toda actuación del centro está sometida a secreto, tal y como regula la ley orgánica 11/2002 reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.
Ahora podrá defender que la investigación se llevó a cabo con el necesario aval judicial y que, por tanto, concurría de plena legalidad. La decisión supone un balón de oxígeno para el CNI, cuyos miembros se han visto envueltos en los últimos meses en diferentes episodios: desde los pactos con Junts para investigar en el Congreso estos casos de espionaje hasta la detención de dos de sus agentes por la filtración de información clasificada a Estados Unidos.
La imputación de su exdirectora es una losa que también pesa en el seno de la institución, más aún a sabiendas de que Paz Esteban, antes de la desclasificación de documentos, no tendría las herramientas necesarias para defender ante la Justicia la legalidad de sus actuaciones. Con esta decisión, los servicios de inteligencia confían en que, al menos, quede acreditada su intervención ante el juez y ante la opinión pública.
Lo cierto es que la destitución de Paz Esteban al frente del CNI supuso un revés para el Ministerio de Defensa. Su destitución llegó en un momento particularmente convulso, marcado por el escándalo de espionaje a los líderes separatistas y la intervención con el software Pegasus de los teléfonos móviles de varios miembros del Gobierno, incluidos los del presidente Pedro Sánchez y la titular de esta cartera, Margarita Robles, así como los de Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, ministros del Interior y Agricultura, Pesca y Alimentación, respectivamente. El de éste último no resultó infectado gracias a un parche de seguridad.
El papel de Robles
“No es una destitución, es una sustitución”, aseveró Robles tras comunicar el relevo de Paz Esteban al frente de los servicios de inteligencia españoles. Una decisión que costó asimilar en la planta noble del número 109 del Paseo de la Castellana, sede del Ministerio de Defensa.
Porque Paz Esteban, además de gozar de la máxima confianza de Margarita Robles, garantizaba la estabilidad en el Centro en una situación delicada, dando relevo al general Félix Sanz Roldán tras una década al frente de la institución: Esteban ingresó en el CESID en 1983 hasta ocupar los puestos de más alta responsabilidad, incluido el de secretaria general, considerada como la ‘mano derecha’ de Sanz Roldán.
El relevo en la cúpula del CNI obligó a Margarita Robles a reestructurar su equipo más cercano, trasladando al frente de los servicios de inteligencia a Esperanza Casteleiro, hasta entonces secretaria de Estado de Defensa, y elevando a la subsecretaria, Amparo Valcarce, hasta el puesto que dejaba Casteleiro. Este cambio fue, de nuevo, el que suponía un menor terremoto en la cúpula del CNI. Sin embargo, Robles confiaba en Paz Esteban como una directora de larga duración, tanto por sus credenciales profesionales como por la afinidad personal que mantenía con ella.
Sevilla
Ahora viene el perrito faldero del prostitucional y le da la vuelta a la tortilla.
RAFA PEREZ
Si España es atacada, se cometen delitos contra ella, tendrá el derecho y la obligación de defenderse por los procedimientos adecuados. En este caso esta siendo atacada por un grupo de delincuentes separatistas de la comunidad autónoma catalana. Es indiferente el cargo público que ocupen. Si cometen hechos en los que hay indicios de delitos hay que investigarlos. ¡Faltaría más!
Leonidas
Jajaja, el supremo no pinta nada con un prostitucional al servicio del sátrapa y lleno de mastuerzos ineptos