De los más de 70 millones de sobrecostes hallados en obras de infraestructuras ejecutadas por organismos dependientes de Fomento a lo largo de 2012, cinco contratos por valor de más de 15 millones acabarán en los tribunales al apreciarse serios indicios de malversación. Es una cifra (15,3 millones) casi idéntica a lo gastado con las ilegales tarjetas black de Caja Madrid, 15,5 millones. El ente adjudicador en todos los casos fue ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), organismo dependiente del ministerio de Fomento.
La denuncia está en fase de tramitación, según han confirmado fuentes jurídicas conocedoras del caso. La conducta delictiva que se desprende en estos contratos sospechosos encajan plenamente en el artículo 432 del código penal sobre el delito de malversación:
1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años.
2. Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.
3. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4.000 euros, se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta tres años.
Los detalles de los cinco contratos bajo sospecha de malversación adjudicados por Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), organismo dependiente de Fomento, son los siguientes:
-Tramo Colada de la Buena Vida (Ave a Murcia). El contrato principal fue adjudicado el 30 de enero de 2009 por 41,7 millones. El plazo de ejecución ha sido prorrogado dos veces hasta sumar 24 meses de retraso. Sin embargo, tuvo premio: el 26 de octubre de 2012 se le añadió un contrato por obras complementarias por otros 7,4 millones más. Esto suponía un 18% del precio del contrato principal. Y otros seis meses más de plazo para realizar la obra. Adif alegó que dio tal contrato al constructor ya contratado para "adelantar la solución a dos afecciones que el proyecto iba a causar en Beniel (Murcia) como eran la permeabilidad y los impactos acústicos".
El Tribunal de Cuentas desnuda tal argumentación. "No puede afirmarse que siendo obras necesarias, e incluso siendo necesario adelantarlas, se deban a una circunstancia sobrevenida e imprevista pues la existencia del núcleo urbano de Beniel ya se conocía al redactarse el proyecto". Beniel no era la Atlántida. Estaba en el mapa. Nadie lo puso ahí para que el constructor chocara con el pueblo. ¿Qué hace ahí Beniel? Y, por ello, no ve razonable que el mismo contratista cope el proyecto y su posterior corrección. A juicio de los auditores, no está justificada la adjudicación directa de tal contrato bis.
-Tramo Ponts-Borrasa (AVE a Francia). El contrato principal fue adjudicado el 29 de junio de 2007 por 23,5 millones. Fue prorrogado tres veces hasta sumar 18 meses adicionales. Casi igual duración que el plazo de ejecución inicial: 20 meses. Pero doblar el tiempo pactado aquí también tuvo una distinción: el 16 de julio de 2012 se le contrata por otros 4,2 millones, un 18% del precio inicial, y otros 12 meses para acabar la obra. Adif alegó que había que ejecutar obras complementarias como estabilizar la ribera del río Fluviá o rehabilitación de viales. El Tribunal de Cuentas es meridiano: no ve por qué tales obras son inseparables del contrato inicial ni por qué son necesarias para su perfeccionamiento.
-Tramo Arrazúa/Ubarrundia (AVE de Euskadi): El contrato inicial fue aprobado en 2007 por 19 millones. Cinco años después, se firmó un contrato extra el 2 de junio de 2012 por 2,2 millones. Tal mordida suponía un 16% del monto del contrato inicial y otros tres meses extra para rematar la obra. Adif alegó que, oh sorpresa, el proyecto exigía unas voladuras especiales porque, cinco años después, habían descubierto que la AP1 y una línea eléctrica estaban cerca de la obra. ¿Quién ha dejado ahí una autopista? Pero el Tribunal de Cuentas, que nuevamente parece manejar mejores mapas, afirma que esas "circunstancias ya eran conocidas cuando se aprobó el proyecto". En este caso, además, por unos cambios de medición se añadieron otros 290.000 euros en favor del contratista. Esto suponía adicionar un valor equiparable al 13% del presupuesto original de adjudicación. La ley sólo permite variaciones hasta un tope del 10%.
-Tramo Palencia-León. (AVE Palencia-León). Fue adjudicado por 2,1 millones el 15 de febrero de 2012. El contrato incluye "la indebida convalidación de actuaciones ya ejecutadas por valor de 350.000 euros, que fue autorizada el 13 de septiembre de 2011 por el presidente de la Entidad sin que conste en el expediente el motivo por el que no pudo formalizarse el contrato correspondiente a estas alturas".
-Tramo Cerponzs-Portela. (AVE del proyecto atlántico). Fue otorgado el 5 de octubre de 2012 por 1,2 millones de euros. El contrato incluye actuaciones variadas. Como mantenimiento en servicio de la estación de Portela, mejora de accesibilidad y recuperación de la fuente de los Peregrinos del Camino de Santiago. Pero ni el apóstol logra cubrir de legalidad tales obras, ya que se ejecutaron "sin que en ningún momento se acredite su relación con la obra principal, ausencia especialmente significativa en relación con la actuaciones destinadas a la recuperación de la fuente de los Peregrinos y tampoco existe motivación sobre lo imprevisto de su origen ni sobre lo necesario de su ejecución".
El AVE es un goteo continuo de contratos y actuaciones que han acabado en la justicia por sospechas de corrupción. Las obras del AVE a su paso por Barcelona están bajo sospecha
El AVE es un goteo continuo de contratos y actuaciones que han acabado en la justicia por sospechas de corrupción. Las obras del AVE a su paso por Barcelona están bajo pesquisas judiciales. Un juzgado de Barcelona investiga si responsables de ADIF (la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias), malversaron seis millones de euros a favor de una constructora. La Operación Yogui, que está bajo secreto de sumario, estalló este lunes en Madrid y Barcelona con nueve detenidos entre funcionarios de Adif y trabajadores de la empresa Corsan, que en 2008 fue adjudicataria.Están acusados de malversación de caudales públicos, cohecho y falsificación de documento.
Sobreprecio de 6 millones
La investigación se centra en averiguar si funcionarios de Adif certificaron obras de Corsan —que ganó el concurso por casi 68 millones sobre un precio de licitación de 98— por un importe muy superior al de los trabajos que realmente ejecutaron entre 2008 y 2011. Gracias a ese “ilícito sobreprecio”, según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa se benefició ilegalmente de unos seis millones de euros procedentes de las arcas públicas. A cambio de avalar ese fraude, “cualificados funcionarios” de Adif recibieron dádivas y dinero de los directivos de la contratista. Para obtener pruebas documentales de todo ello, los agentes registraron por orden judicial las sedes de Adif y de la adjudicataria en ambas ciudades, y detuvieron también a empleados de la ingeniería Inocsa, que debía controlar la ejecución de las obras. El tramo afectado estaba situado junto a la estación de la Sagrera, al norte de la ciudad de Barcelona.
En 2013, tras detectarse incrementos del precio de hasta el 230% y unos desembolsos injustificados de 415 millones en el AVE a Barcelona, se abrió una investigación
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas tras concluir en abril de 2013 su informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea AVE Madrid-Barcelona (desarrolladas entre 2002 y 2009), detectó unas anomalías tan graves, con incrementos del precio de hasta el 230% y unos desembolsos injustificados de 415 millones de euros, que abrió una investigación interna que aún no consta que haya concluido. Las irregularidades detectadas por dicho organismo supervisor en las obras del AVE Madrid-Barcelona son distintas de las que investiga la fiscalía anticorrupción y que han propiciado ya una decena de detenciones. Se resumen en los dos siguientes aspectos.
Por un lado, se detectó un incremento en el precio del contrato para la construcción de la Plataforma en el tramo Hospitalet-La Torrassa de 247 millones de euros, lo que representa un incremento del 230% del precio de adjudicación del contrato.
En segundo lugar, so pretexto de que se detectaran deficiencias en el proyecto para la construcción de tres tramos (Castellbisbal-Papiol, Hospitalet-Can Tunis y La Torrassa-Sants), se modificaron los contratos primitivos firmados con la Administración. Estos añadidos o modificados supusieron unos gastos adicionales de 18,2 millones en el primer tramo, 23,7 millones en el segundo y 126 millones en el tercero. El Tribunal de Cuentas no logró acreditar que la Administración, la empresa ADIF dependiente de Fomento, hubiera exigido responsabilidad alguna a ninguno de los contratistas.
Restitución a las arcas públicas
Ante la envergadura de este malgasto y descontrol en el pago de las obras, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. En la actualidad, años después de abrirse las pesquisas, el asunto está aún en fase de investigación para determinar las circunstancias en las que se produjeron los sobrecostes, la identidad de sus presuntos responsables y el importe de los perjuicios que pudieran haber sufrido los caudales públicos. Estos datos son el paso previo para poder ejercitar acciones y exigir su restitución a las arcas públicas.
Si, por añadidura, se advirtiera algún indicio penal en el curso de esta investigación interna del Tribunal de Cuentas, se pondría en manos de la justicia ordinaria. Pero la naturaleza de la documentación que maneja suele generar que este escenario no se produzca. Los datos que obran en poder del Tribunal de Cuentas solo permiten detectar que la Administración no ejerce los controles exigibles, que no justifica los contratos o alzas que abona, pero no puede adentrarse en las marañas que frecuentemente esconden tales mecanismos: el supuesto regalo de dinero público, una parte del cual luego presuntamente devuelven las constructoras con cohechos. Y este campo es el que investiga la Fiscalía Anticorrupción.
Cuando estalló este escándalo ADIF, bajo mandato ya del PP, culpó al PSOE de los sobrecostes. "En 2008, cuando se estaba llevando el AVE a Barcelona… el gobierno de entonces tenía prisa por acabar y quería cumplir los plazos, hubo muchos problemas… se tiró mucho de la obra complementaria y de la obra de emergencia", explicó el responsable de Adif. Pero en 2012, cuando se han producido los cinco contratos bajo sospecha de malversación, ya gobernaba el PP. Ana Pastor, actual titular de Fomento, siempre ha proclamado su voluntad de erradicar toda suerte de tramas o corruptelas que pudieran anidar en su ministerio. Este diario solicitó, sin éxito, la versión de Fomento.
