El debate político abierto en torno a las palabras de las delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha alcanzado tal dimensión que no faltan las voces que cuestionan su protagonismo en torno a un asunto que crea una profunda incomodidad en el Gobierno. El Ministerio del Interior se apresuró ayer a desmentir que se vaya a abordar ninguna reforma de la legislación que regula el derecho de manifestación en nuestro país, intentado dar por zanjada la polémica, y miran hacia Cifuentes y su cada vez mayor presencia mediática, excesiva, dicen, para una delegada del Gobierno.
Desde el 25-S, y la polémica que rodeó a la actuación policial, no ha dejado de copar titulares, ahora acrecentados por su propuesta de "modular" el derecho de manifestación. Miembros del Gobierno y del PP creen que su situación es insostenible, pero desde la Delegación se defienden afirmando que en ningún momento Cifuentes ha abogado por un cambio constitucional ni de la Ley "sino que se haga un debate en torno a cómo se regula ésto de alguna manera y que se haga con racionalidad". Es la respuesta a peticiones de organizaciones que, como la Cámara de Comercio, han reclamado de la delegada que ponga coto a la ocupación constante del centro de la ciudad, con las consecuencias que tiene para el sector hotelero y de hostelero de la zona, que da trabajo directo e indirecto a miles de madrileños.
La Delegación ha exhibido estos días un llamativo dato que da idea del nivel de conflictividad social que estamos viviendo: en lo que va de año se han desarrollado en Madrid 2.180 manifestaciones y concentraciones, de ellas, 1.730 solo en Madrid-capital, esto es, una medida de 192 al mes, seis al día. Se trata de un espectacular crecmiento del 98 por ciento en comparacion con el año pasado. Además, el coste sólo para las arcas municipales ha sido de casi cuatro millones de euros en seguridad y limpieza, sin contar con los que tiene que correr el Ministerio de Interior.
Cifuentes ha recibido el apoyo del nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González
Así, al desmentido del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz se une la propia negativa del ayuntamiento a que se incorporen modificaciones en la Ley. Eso sí, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha alertado sobre el riesgo que corre el sector turístico de la ciudad "o incluso el efecto que algunos incidentes puedan tener en la confianza de posibles inversores", según recoge un informe del Área de Gobierno de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad presentado en la Junta de Gobierno de la semana pasada.
Sí salieron en defensa de Cifuentes el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el portavoz adjunto del PP en el Grupo Popular, Rafael Hernando. El primero dijo que "tiene razón la delegada del Gobierno en que no se puede estar permanentemente colapsando toda la ciudad porque hay que respetar el derecho a la manifestación pero también el de los demás ciudadanos a moverse y poder circular por la ciudad". El segundo apeló a que hay "caminos a explorar" para intentar frenar el "abuso" en el derecho de manifestación, informa Efe.
