La empresa que ha ganado en UTE (unión temporal de empresas) con Grupo On Seguridad el concurso para hacerse cargo de la seguridad de los juzgados de la Comunidad de Madrid, Sasegur SL, tuvo como administrador solidario a Baltasar Santos, el que fuera alcalde de Navalcarnero durante 20 años y apartado del PP en 2015 tras ocultarle a Esperanza Aguirre, entonces presidenta regional del partido, que estaba imputado en varias causas judiciales. Según consta en el historial mercantil de esta firma de vigilancia privada, Santos fue administrador solidario entre junio de 1998 y noviembre del año 2000. Su socio era Jesús Capote Calvo, también exedil del PP y actual apoderado de la entidad que ha conseguido dicha adjudicación del Ejecutivo de Cristina Cifuentes (PP) por 9,4 millones de euros, como informó en exclusiva Vozpópuli.
Ahora mismo, quien figura al frente de Sasegur SL, empresa que se encuentra en el puesto 18º en el ranking eInforma del sector, es un hijo de Capote Calvo, Pedro Jesús Capote Conejos. Pero el exregidor popular, que ya no concurrió como candidato del PP a las últimas elecciones municipales en Navalcarnero, también estuvo vinculado a finales de los noventa a otras sociedades de la familia Capote, como Navalservice SL, Limpiezas Navalcarnero SL y Fincader SL. La revista Interviú publicó el año pasado que algunas de estas firmas que estuvieron administradas por Baltasar Santos hasta el año 2000 fueron después contratistas del Ayuntamiento que él mismo dirigía.
La trayectoria política de Santos y Capote les hizo coincidir como concejales del PP en Navalcarnero, primero en la oposición y luego en el gobierno
La trayectoria política de Baltasar Santos y Jesús Capote les hizo coincidir como concejales del PP en el Ayuntamiento de Navalcarnero. Primero en la oposición, frente al socialista José Luis Adell (hoy de nuevo alcalde), y a partir de 1995, en el gobierno local. Ambos, primero y segundo de la candidatura popular, recibieron en aquella campaña electoral que les llevó al poder el respaldo del entonces diputado por Madrid Rodrigo Rato, quien les dedicó palabras de elogio en el teatro Centro a pocos días de la cita con las urnas. Tras la victoria, Santos se hizo con el bastón de mando y Capote, presidente del PP local, se convirtió en primer teniente de alcalde.
Sin embargo, la relación entre ellos se fue agriando y al comienzo de la siguiente legislatura, todavía en el gobierno, estalló el desencuentro. Santos destituyó a Capote, entonces edil de Urbanismo, y a su concejal de Deportes, Rodolfo Lucas, por votar con el PSOE para impedir la aprobación del presupuesto municipal del año 2000. La prensa de entonces relató que el distanciamiento entre los dos socios venía de la legislatura anterior, del momento de la confección de las listas para las elecciones de 1999. Capote, según los cronistas, pasó de ser el brazo derecho de Santos a ir de número seis en la candidatura y ser relegado a la cartera de Urbanismo.
Del 'caso Cuevas' al 'caso Polideportivo'
Ambos socios terminaron por tirarse los tratos a la cabeza. "Es un presuntuoso y un iluminado, y hay que bajarle del pedestal en el que se ha subido", llegó a decir Capote del primer edil. El exconcejal de Urbanismo abandonó el acta en otoño de 2000 y Santos salió de los negocios que compartía con éste, entre ellos la empresa Sasegur SL. Ahí acabó la relación mercantil entre quienes habían compartido mesa de gobierno en el Ayuntamiento de Navalcarnero y la administración privada de firmas de limpieza y seguridad. El alcalde se mantuvo al mando del Consistorio 15 años más. Su ocaso se produjo en abril de 2015, cuando omitió a Esperanza Aguirre en sus exámenes a candidatos que estaba imputado en el caso Cuevas, el caso Polideportivo y en un procedimiento en la Audiencia Provincial por ignorar informes de la Intervención municipal.
Si bien el Gobierno regional convocó un concurso abierto, la adjudicación se ha realizado en base al criterio precio "únicamente"
Ahora, el Gobierno de Cifuentes ha elegido a la empresa de seguridad que impulsaron Capote y Santos para llevar la vigilancia de 71 sedes judiciales de Madrid. Si bien el procedimiento ha sido mediante concurso abierto, la adjudicación se ha realizado en base al criterio precio "únicamente". Sasegur SL presentó la oferta más ventajosa económica, con una baja de 150.000 euros, frente a la firma que viene prestando este servicio, Alerta y Control SA, cuya baja fue de 10.000 euros. La tercera aspirante cuya solicitud no entró en plazo fue Marsegur SA, filial de Seguridad Integral Canaria, la compañía del indultado Miguel Ángel Ramírez que se caracteriza por el descuelgue del convenio estatal de seguridad.
Según el grupo de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, este contrato es "inviable económicamente", ya que su importe debería ser mayor que el otorgado, que coincide con el del anterior expediente. El diputado de Ciudadanos Enrique Veloso denuncia que el Ejecutivo de Cifuentes "quiera ahora por el mismo precio más vigilantes, más armas y más horas". Otras fuentes consultadas ven aquí fundalmentalmente la necesidad de la empresa por hacerse con el contrato para coger el dinero y llevarlo al banco, a fin de poder aliviar sus obligaciones con el mismo.
