La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Sevilla, la magistrada Patricia Fernández, investiga la concesión de unos 50 millones de euros entre préstamos y ayudas a la sociedad Magtel, empresa adjudicataria de la mina de Aznalcóllar cuyo concurso público se pone ahora en duda.
De acuerdo con la documentación aportada a la causa a la que ha tenido acceso Vozpópuli, entre 2009 y febrero de 2015 la empresa de Mario López Magdaleno ha sido una gran beneficiaria de recursos públicos. Pero no sólo de la Junta de Andalucía. En diciembre de 2011 también consiguió subsidios del Gobierno de Zapatero, el cual curiosamente acababa de perder las elecciones y estaba de salida. Y en febrero de 2014 se hizo además con otra tanda de cuantiosas ayudas regadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. A pesar de sus estrechos vínculos con la Junta, parece que la proverbial habilidad de López Magdaleno para atraer el respaldo público no entiende de colores.
En diciembre de 2011, con un pie fuera de la Moncloa, el Gobierno de Zapatero brindó a Magtel un total de 9,2 millones de euros en ayudas para el despliegue de fibra óptica
Con cargo al programa concebido para extender la banda ancha de nueva generación, el Ministerio de Industria encabezado por José Manuel Soria concedió en 2014 un paquete de ayudas por valor de 27,9 millones de euros, de los cuales 24,2 millones se correspondieron con préstamos blandos y 3,6 millones con subsidios directos.
El otro préstamo blando recogido en la documentación se lo concedió la Consejería de Economía de la Junta en 2011 y asciende a los 4 millones de euros. De modo que según la información que obra en manos de Vozpópuli, Magtel ha recibido unos 28 millones de euros en préstamos con condiciones muy favorables, precisamente en un periodo en el que conseguir un crédito se antojaba una tarea harto difícil.
En cambio, el Gobierno de Zapatero se prodigó mucho más con los subsidios. De poco importó que ya hubiese perdido las elecciones y tan sólo se tratase de un Ejecutivo en funciones. En diciembre de 2011, el Ministerio de Industria brindó a Magtel un total de 9,2 millones de euros en ayudas concedidas para el despliegue de la fibra óptica por diversos municipios de Sevilla y Málaga. Los fondos se articularon a través de la secretaría de Estado de Telecomunicaciones a cuenta del Programa Avanza de Nuevas Infraestructuras de Telecomunicaciones.
Dicho esto, la Junta no solo prestó los 4 millones de euros antes mencionados por la vía de la Consejería de Economía. En virtud de los papeles a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ejecutivo sito en el Palacio de San Telmo ha inyectado a Magtel más de 10 millones de euros en subvenciones entre 2009 y 2015. Notoria por su papel en el escándalo de los ERE, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA otorgó a la empresa de López Magdaleno unos 1,8 millones. El Servicio Andaluz de Empleo, otros 2,7 millones. La consejería de Economía, unos 1,1 millones. La Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, unos 700.000 euros. Y otros 700.000 de la Agencia Andaluza del Agua, tal y como se puede comprobar en los cuadros publicados abajo.
En total, López Magdaleno ha sido agraciado con unos 14 millones de euros de la Junta de Andalucía, una cifra que pone de manifiesto sus buenas relaciones con el entorno del Palacio de San Telmo
En total, la sociedad de López Magdaleno fue agraciada con unos 14 millones de euros de la Junta de Andalucía. Y esta facilidad para obtener ayudas pone de manifiesto la relación especial que el grupo Magtel mantiene con el entorno del Palacio de San Telmo. Máxime cuando la Justicia cuestiona el rigor con el que la Junta entregó la mina de Aznalcóllar a Minorbis, una filial de Magtel creada apenas unos días antes del concurso.
Entre otras cosas, el auto de la juez sostiene que no se presentaron las garantías suficientes de solvencia y capacitación técnica, que el compromiso del socio Grupo México no parece claro y que debe explicarse por qué no se suspendió el expediente las dos veces que el competidor Emérita interpuso un recurso. Ni se presentó el seguro obligatorio, ni se detalló el compromiso inversor, ni se presentaron las cuentas anuales, ni la Oficina Consular aportó un informe sobre el Grupo México, señala el auto de la magistrada.
La juez Patricia Fernández ha llamado a declarar a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio Coto, quien a través de un informe jurídico se defiende argumentando que la legislación de minas es especial. También tendrán que declarar todos los presentes en una reunión en la que presuntamente López Magdaleno alegó que tenía la llave del concurso y que para demostrarlo un rato después telefonearía el secretario de la Consejería de Industria, Vicente Fernández. Como así sucedió, si bien la Junta esgrime que estos contactos forman parte de un proceso normal de adjudicación.
