Tras más de diez años de investigación penal, el Juzgado de Instrucción número 3 del Prat de Llobregat ha abierto juicio oral contra los responsables de la quiebra de La Seda de Barcelona. Esta empresa que fue símbolo del crecimiento industrial de Cataluña y por cuyo Consejo de Administración han pasado figuras muy ligadas al entorno de Jordi Pujol, ha estado en el foco de la Justicia por el presunto maquillaje contable entre 2006 y 2009. Los inversores se presentan como víctimas de un "engaño sistemático" al advertir que, ya en 2013, se ocultaban unas pérdidas superiores a los 110 millones de euros.
La magistrada al frente de dicho juzgado, Laia Díaz Collado, envía al banquillo por delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad documental y contra la Hacienda Pública a un total de cuatro personas vinculadas a la gestión de La Seda en el momento de los hechos. Entre ellas se encuentra el auditor de las cuentas abultadas. Además, también abre juicio oral en calidad de responsables civiles subsidiarios a las aseguradoras de La Seda y las sociedades implicadas en supuestas operaciones irregulares con esta mercantil catalana, de acuerdo con la documental aportada a la causa y a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
La magistrada acuerda la imposición de una fianza de 21 millones de euros para los acusados. Engrosan la lista Carlos Gutiérrez Mondedeu (administrador de Provimola); Pablo Gutiérrez Mondedeu (administrador de Nuevo Sol Ibiza); el auditor Gonzalo Villares Losas y el director general de Fibracat, Fernando Carreras. También fue procesado el expresidente de La Seda, Rafael Español, sin embargo el juzgado le ha extinguido la responsabilidad por fallecimiento. El empresario, cercano a Jordi Pujol y Artur Mas, estuvo en el epicentro de las acusaciones por la gestión de la firma catalana hasta su salida en 2009.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía General del Estado han actuado en el marco de esta causa que se aglutinó en un mismo procedimiento hace tres años. Sin embargo, el papel protagonista lo han ejercido los inversores, personados en calidad de acusación particular. Los accionistas denunciaron haber sido víctimas de un engaño por parte de los gestores de esta empresa reconvertida en química. Alegaron que les captaron para que invirtieran sus ahorros incluso aún a sabiendas de que la compañía no estaba lo saneada que aparentaba estar.
Así lo sostiene, la Asociación Unidos por La Seda, cuya defensa ejerce el socio de Cremades, Óscar Arredondo, en representación de cerca de 300 afectados. En su escrito de acusación alude a una serie de operaciones practicadas desde 2006 y que se contabilizaron de forma que los balances terminaron alterados. Además, recuerda que La Seda impulsó seis ampliaciones de capital entre los años 2006 y 2007 gracias a la inversión de los accionistas de esta firma, por cuyo consejo pasaron políticos de la extinta Convergència como Artur Mas o Jordi Vilajoana.
1.000 millones de los minoritarios
Para defender su tesis aluden no solo a las conclusiones del peritaje del juzgado, sino también a las advertencias de la CNMV de 2010 en relación a dos operaciones concretas. La primera de ellas, relativa a la venta de licencias de tecnología, implicó que, en el ejercicio de 2007 se anotaran un beneficio de 100 millones pese a que, de haberlo contabilizado correctamente, el resultado arrojaría unas pérdidas de 85 millones.
Las irregularidades contables, afloradas en 2009, no hacían más que sobrevalorar el precio de la acción de La Seda al enmascarar su desmesurada deuda financiera y arrojar resultados ficticios
También denuncian las operaciones de compraventa de material plástico PET. Según la acusación, las compras no debieron ser registradas como tales en las cuentas de 2006 porque los acuerdos de recompra se firmaron a comienzos de 2007 y las cuentas anuales se formularon un mes después. "Para hacerse una idea de la voraz captación fraudulenta del ahorro a inversores, en el año 2000 la capitalización bursátil de La Seda era de 60 millones de euros, aportando hasta el año 2013 los inversores más de 1.000 millones de euros, resultando que en junio de 2013, apenas superaba los 26 millones", apuntan.
De hecho, recuerdan que la Audiencia Provincial de Barcelona juzgó y condenó las operaciones ficticias de venta de material PET. Aseveran que se anotaron 60 millones a estas transacciones, lo que se reflejó en un beneficio de 5 millones de euros en el ejercicio de 2006. Lejos de esas cifras, La Seda tendría que haber presentado, según aseveran, pérdidas por 60 millones de euros. Los minoristas achacan la estrategia a Rafael Español y también al exdirector general corporativo Aurelio González Isla.
Sociedades implicadas
Ahora bien, sostienen que el auditor de la compañía tuvo una intervención "imprescindible" en estas presuntas ilegalidades en tanto validó las actuaciones sin salvedad alguna. Al respecto implican en esta operación de compraventa de material PET a Provimola, firma del acusado Gutiérrez Mondedeu. Según explican, se estableció que la empresa cumpliría con los pagos por fases. Aunque en un principio cumplió con lo acordado, el segundo pago ya tuvieron que financiarlo, "curiosamente", Español y el también fallecido Aurelio González.
En esta financiación participaron una sociedad del grupo La Seda y la empresa Nuevo Sol Ibiza (del grupo Provimola). "La operación, carente de sentido, es ficticia por cuanto se produce aparentemente una cadena de negocios cuya finalidad radica exclusivamente en mantener un contrato de venta de tecnología cuyo valor eran 100 millones de euros pero donde no existió una verdadera transmisión patrimonial de comprador a vendedor, pues La Seda de Barcelona se financiaba su propia venta y, por lo tanto, se pagaba a sí misma", explica la acusación.
De igual manera denuncian una operativa similar en 2008 sobre la compra de acciones propias. En la misma se vio implicada Fibracat, a la cual se le atribuye un retorno de las acciones suscritas a un precio muy inferior al de la venta, lo que propició importantes pérdidas para esta sociedad catalana que se creó en 1925. Por todo ello, los minoristas concluyen que fueron víctimas de una "secuencia de manipulaciones y ardides contables" que se ocultó al mercado y que les hizo mantener erróneamente sus ahorros en la compañía hasta que en 2013 se declaró en concurso de acreedores.
