La Fiscalía Anticorrupción ha apoyado la admisión a trámite de las recusaciones planteadas para evitar que los magistrados de la Audiencia Nacional Enrique López y Concepción Espejel juzguen el caso de los papeles de Bárcenas sobre la supuesta caja B del PP por supuesta afinidad ideológica con ese partido. El fiscal del caso, Antonio Romeral, adopta esta decisión en un escrito en el que reproduce los argumentos que las fiscales Concha Sabadell y Concha Nicolás esgrimien en su día para dar el visto bueno a la admisión a trámite de las recusaciones formuladas contra esos mismos magistrados, para evitar que juzguen también el caso Gürtel.
En su informe, de 26 páginas, Romeral cree que procede la admisión a trámite de las recusaciones, porque, si bien "no aparecen acreditados" el interés personal y directo en la causa de ambos magistrados, "tampoco puede afirmarse que resulten de todo punto irracionales las dudas albergadas por los recusantes", en este caso la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), Observatori Desc, IU y PSOE.
Sobre Enrique López, el fiscal Romeral recuerda que la recusación se basa en el supuesto vínculo de éste juez con el PP por su participación en cursos impartidos en la FAES
Sobre Enrique López, recuerda en este sentido que la recusación se basa en el supuesto vínculo de López con el PP por su participación en cursos impartidos en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), financiada por el partido, y en actos del mismo, así como en la publicación de artículos que consideran elogiosos o afines a su ideología. También por la forma en que se acordaron sus nombramientos como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y como magistrado del Tribunal Constitucional, a propuesta y a instancias del PP, además de "la existencia de una relación de parentesco con una persona vinculada a un imputado en el procedimiento principal del que dimana" esta parte de la causa.
Por ello, estima que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe examinar el cumplimiento de los cánones de apariencia de imparcialidad exigidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos valorando si un observador objetivo tendría razones para dudar de la imparcialidad de Enrique López. Sobre Concepción Espejel, el fiscal recuerda que las acusaciones alegan su afinidad con el PP basándose en el discurso de la secretaria general de este partido, María Dolores de Cospedal, cuando era presidenta de Castilla-La Mancha, con motivo de la imposición a la magistrada de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort.
Cospedal y Trillo se 'libran' de declarar
También, que fue nombrada vocal del CGPJ a instancia del PP. Dicho nombramiento fue aprobado por el Senado con los votos del grupo popular, del que formaba parte Luis Bárcenas, según recuerda el fiscal. Por todo ello accede también a que se admitan las pruebas propuestas por las acusaciones que han instado las recusaciones, excepto que se llame a declarar a Cospedal y al exministro del PP Federico Trillo, así como a los magistrados recusados "por estimarlas inútiles e impertinentes respecto de los hechos que se pretende acreditar"
Una vez presentado el informe del fiscal, la Sala de lo Penal designará a los instructores de cada incidente de recusación para que decidan si deben ser admitidos a trámite. Ese paso se ha completado ya respecto a las recusaciones en el caso Gürtel, que han sido admitidas a trámite por sus respectivos instructores y ahora están pendientes de que otros dos magistrados distintos de la Sala de lo Penal decidan finalmente si hay motivos suficientes para apartar a López y Espejel del juicio por la primera época de la trama (1999-2005).
En el caso Bárcenas, en el que el PP está encausado como responsable civil subsidiario, el fiscal pide cinco años de cárcel para los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro de Lapuerta y 18 meses para el exgerente del partido Cristóbal Páez, así como tres años de prisión para los responsables del estudio de arquitectura Unifica, que reformó la sede del PP de Génova, Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero, para quienes la Fiscalía pide tres años de cárcel.
